¡ESCÁNDALO TOTAL EN EL JUICIO DEL CASO LOAN! Denuncian al periodista Ale Pueblas y la defensa pide echar al juez por parcialidad.
El terremoto judicial que sacude al fuero federal en Corrientes tras las denuncias de hostigamiento contra el magistrado y la explosiva acusación por la difusión de imágenes prohibidas.
El juicio por la desaparición del menor Loan Peña ha ingresado en un terreno de tensión institucional absoluta tras desencadenarse una serie de recursos de recusación, altercados entre las partes y denuncias formales que amenazan con paralizar las audiencias.
La defensa del imputado Bernardino Antonio Benítez, ejercida por el abogado Enzo de Itela, presentó un pedido de recusación formal contra el juez que preside el tribunal, alegando una pérdida total de imparcialidad.
En su escrito, el letrado sostuvo que el accionar del magistrado compromete el derecho de defensa en juicio debido a interrupciones constantes, llamados de atención infundados, restricciones arbitrarias durante los interrogatorios y una marcada disparidad en la resolución de objeciones formuladas por la fiscalía en comparación con las defensas.
El escrito defensivo argumentó la existencia de gritos, episodios de hostigamiento e instó a que no se demore el proceso aduciendo la presión social, lo que generó un temor fundado de que el juez tenga una posición tomada de forma anticipada respecto de la responsabilidad penal de Bernardino Antonio Benítez.
La gota que colmó el vaso ocurrió durante la ampliación de la declaración indagatoria del acusado Nicolás Gabriel Soria.
Tras prestar su descargo, Nicolás Gabriel Soria manifestó su voluntad de responder únicamente a las preguntas formuladas por su propio abogado defensor, el doctor Marcelo Ponce.
El presidente del tribunal negó tajantemente esa posibilidad en primera instancia, afirmando que tal derecho no existía en el ordenamiento procesal.
Sin embargo, tras la interposición de un recurso de revocatoria y la realización de un cuarto intermedio, la totalidad de los jueces integrantes del cuerpo colegiado revocó la decisión unipersonal del presidente y autorizó a Nicolás Gabriel Soria a responder exclusivamente a su defensa.
El abogado Enzo de Itela exigió el resguardo y análisis minucioso de la totalidad de los registros audiovisuales de las audiencias para fundamentar el apartamiento del magistrado.
Por su parte, el abogado Rodolfo Baqué rechazó la existencia de parcialidad y se distanció del planteo planteado por la defensa de Bernardino Antonio Benítez.
En forma paralela a los planteos de recusación, la asesora de menores Rosana Leonor Marini formuló una denuncia pública e institucional en plena audiencia contra el periodista Alejandro Pueblas.
La representante de los menores J, M e Yn expuso que el comunicador difundió imágenes del expediente a través de una transmisión en vivo por su canal de streaming personal.
Estas fotografías mostraban a niños vinculados al caso durante la jornada del almuerzo en la vivienda de la abuela Catalina, previo a la caminata hacia el Naranjal.
La asesora Rosana Leonor Marini recordó la vigencia estricta de una medida cautelar dictada el 26 de julio de 2024 que prohíbe a todos los medios de comunicación locales y nacionales exhibir datos, nombres o imágenes de los menores involucrados en la causa, con la única excepción de la víctima Loan Peña.
La denuncia contra Alejandro Pueblas fue respaldada por capturas de pantalla remitidas directamente por los familiares del niño desaparecido.
Estas capturas evidencian que el material fue emitido bajo títulos sensacionalistas mientras el expediente incorporaba nuevos elementos de prueba aportados originalmente por Nicolás Gabriel Soria.
A pesar de que las defensas de los acusados alegaron que las imágenes exhibían a los menores de espaldas o con los rostros cubiertos mediante emojis, la representación complementaria ratificó la ilegalidad del acto.
Las controversias se profundizaron con la divulgación de las posturas periodísticas sostenidas por Alejandro Pueblas, quien argumentó públicamente la existencia de una red de complicidad política y policial en la zona.
El periodista sostuvo la hipótesis de que la reunión familiar en la casa de la abuela Catalina tenía como fin entregar a uno de los menores presentes a cambio de dinero y que la llegada inesperada de Loan Peña alteró la logística debido a su menor edad.
Estas afirmaciones provocaron duros enfrentamientos verbales entre el comunicador y los familiares del menor, incluyendo a su hermano Mariano Peña, quien le envió una carta para desmentir categóricamente sus acusaciones.
El clima de volatilidad dentro del recinto judicial se trasladó también a las exposiciones de la defensa de Alan Cañete.
Su letrado atacó verbalmente al fiscal Carlos Schaffer, acusándolo de mentir a los medios de comunicación en las conferencias de prensa y de carecer de una teoría del caso sustentable.
En la misma intervención, el abogado tildó a Nicolás Gabriel Soria de ser un investigador con “delirios místicos” que operaba de forma autónoma.
A su vez, cuestionó los avances atribuidos a la Fundación Dupuy a la espera del testimonio de Ramón Dupuy.
Durante la ronda de declaraciones testimoniales, el efectivo policial de apellido Cáceres fue interrogado de forma exhaustiva por el abogado Richard Iván Vallejos, representante técnico del imputado Walter Adrián Maciel.
El testigo aclaró las severas inconsistencias sobre su comparecencia inicial ante la justicia ocurrida el 6 de julio de 2024.
Aunque el acta confeccionada por la jueza federal Cristina Pozzer Penzo y la secretaria Rica Mabel Denis Taracho señalaba que el policía se presentó de manera espontánea a declarar, Cáceres confirmó que fue trasladado obligatoriamente por efectivos de la Policía Federal Argentina.
El testigo relató que, en una primera instancia, le interrumpieron la declaración en la sede policial y le confeccionaron una cédula de citación obligatoria para que se presentara a primera hora del día siguiente en la sede del Juzgado Federal de Goya.
Asimismo, Cáceres brindó precisiones sobre el operativo desplegado el 13 de junio de 2024 tras la alerta por la desaparición del menor.
Detalló que la búsqueda con linternas de la comisaría se inició de inmediato y negó haber presenciado que el comisario Walter Adrián Maciel solicitara prendas de vestir del niño a los familiares durante su turno.
El oficial negó además haber visto a los imputados Daniel Óscar Ramírez, Mónica del Carmen Millapi o Bernardino Antonio Benítez en el lugar de las búsquedas en el campo durante las primeras horas de los rastreos.
Con respecto al vínculo institucional del comisario Walter Adrián Maciel con los detenidos Carlos Guido Pérez y María Victoria Caillaba, el testigo confirmó que únicamente los veía interactuar de forma social y formal durante la realización de los actos patrios de la localidad.
Frente a las preguntas sobre presuntas irregularidades cometidas en la comisaría, la intervención de la fiscalía y los abogados defensores evitó que el testigo respondiera interrogantes que pudieran resultar autoincriminatorios.
Por otro lado, la jueza federal Cristina Pozzer Penzo compareció ante el Consejo de la Magistratura para presentar un escrito de más de mil fojas y brindar una exposición oral de tres horas en el marco del expediente que evalúa su desempeño.
A la audiencia asistieron únicamente tres de los doce integrantes que componen el cuerpo del Jurado de Enjuiciamiento.
El proceso oral y público se reanudará en la sede judicial con la citación de cuatro nuevos testigos llamados a declarar ante las partes.
A la sala comparecerán los jueces Fermín Ceroleni, Enrique Bosch, Eduardo del Forte y Simón Braco.
Participarán también los fiscales Carlos Schaffer y Tamara Aimara Porcel, la querellante María Belén Russo Coronara y los abogados defensores Agustina Furlán, Ernesto Tito González, Marcelo Hanson y Leandro Monti.
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