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Escándalo por las extorsiones y el acoso que empujan al suicidio a víctimas de préstamos usurarios en la Argentina
Un drama oculto de endeudamiento desesperado sale a la luz pública tras revelarse las tácticas extremas de empresas de cobranza y redes criminales.
En una desgarradora audiencia pública llevada a cabo en la Legislatura Porteña, el dirigente Leandro Santoro escuchó durante más de tres horas los testimonios de personas destruidas por el sistema financiero.
El caso más conmovedor presentado en la jornada es el de Erika, quien relató la trágica decisión de su hermana de quitarse la vida tras recibir un mensaje extorsivo.
La madre de la víctima había recibido una notificación de una supuesta agencia de cobranzas amenazando con embargar todos sus bienes y se la reenvió a su hija.
Apenas una hora después de haber leído el mensaje intimidatorio, la joven tomó la drástica decisión de suicidarse ante la imposibilidad de afrontar la deuda.
El legislador Leandro Santoro denuncia que estas empresas trabajan bajo la premisa sistemática de quebrar emocionalmente a la gente frágil para obligarla a pagar.
Durante la misma sesión, se escuchó el desgarrador testimonio de una madre endeudada que confesó identificarse con la joven fallecida y admitió tener pensamientos oscuros por la asfixia económica.
La presión sobre la clase media se intensificó exponencialmente desde el año 2024 debido a la crisis de ingresos y al ajuste de los créditos por tasa UBA.
El periodista Nico presentó en pantalla un audio aterrador donde un prestamista barrial exige la entrega inmediata de televisores, heladeras, celulares o bicicletas.
A propósito de este fenómeno, Abel Reynoso, exdirector de la DEA en la Argentina, señala que la principal fuente de financiamiento para estos préstamos informales proviene directamente del narcotráfico.
El especialista Abel Reynoso detalla la presencia de grupos infiltrados de origen colombiano asentados en los barrios desde hace más de dos décadas utilizando fondos del crimen organizado.
El cronista Nico aclara que también operan bandas de origen venezolano y pequeños delincuentes locales vinculados al microtráfico que aprietan a los vecinos con armas de fuego.
Sobre este punto, el analista Ernesto recuerda que muchos ciudadanos venezolanos ingresaron al país sin antecedentes penales verificados por una flexibilización normativa dispuesta en su momento por Mauricio Macri.
En la audiencia, una vecina relató haber tomado un crédito inicial de setecientos mil pesos para pagar el alquiler y terminar siendo amenazada con un arma en la cintura al no poder abonar cuotas semanales del doble del valor.
El abogado César califica de ineficaz la respuesta de la justicia penal y denuncia la ausencia total de un Estado que controle las presuntas financieras informales.
Los antecedentes judiciales de esta modalidad violenta se remontan al año 2011 con la llegada de los créditos diarios conocidos como “Gota a Gota”.
Actualmente, las extorsiones se digitalizaron mediante aplicaciones móviles como Moni 24, descargables directamente desde las tiendas oficiales sin regulación estatal.
Al instalar la aplicación, la plataforma exige acceso total al álbum de fotos y al estado del teléfono móvil con la excusa de evaluar el riesgo crediticio del usuario.
El dirigente Leandro Santoro explica que este acceso es utilizado para robar información privada, fotos personales y realizar campañas masivas de descrédito y humillación pública ante familiares y empleadores.
Adicionalmente, las agencias emplean agentes de inteligencia artificial para enviar mensajes amenazantes a cualquier hora mediante WhatsApp.
Una de las capturas exhibidas contenía insultos racistas y violencia explícita dirigidos a las víctimas para exigir transferencias en un plazo límite de veinte minutos.
Frente a la gravedad de los hechos, Leandro Santoro exige una reforma legislativa urgente y pide expresamente a la población no pagar a estos extorsionadores que se hacen pasar por la justicia.
Fuente: Revolución Popular Noticias
