Ejército FRENÓ PLAN M4CABRO de las disidencias: Abelardo De La Espriella asume decisión
La cruenta ofensiva aérea en Guaviare destapa la cruda realidad de los menores atrapados en el fuego cruzado del conflicto armado
Una implacable arremetida militar desplegada durante los últimos cinco días en el municipio de El Retorno, departamento del Guaviare, encendió las alarmas nacionales tras confirmarse la muerte de diez integrantes del bloque Jorge Suárez Briceño.
La contundente acción armada coordinada por el gobierno del presidente Abelardo de la Espriella cobró la vida de tres menores de edad que permanecían dentro del campamento rebelde.
El ataque aéreo denominado Operación Amón requirió una meticulosa planeación de 15 días antes de ejecutar el bombardeo estratégico sobre las posiciones enemigas.
El comandante de las fuerzas militares confirmó que durante la maniobra bélica las tropas lograron la captura de un presunto combatiente y la recuperación de un menor de edad en plena función continua de combate, a quien se le restablecieron de inmediato sus derechos fundamentales.
El director de Medicina Legal entregó el informe forense oficial tras recibir los diez cuerpos trasladados desde la zona de operaciones por el Ejército Nacional.
Los análisis técnicos de Medicina Legal permitieron la identificación precisa de nueve de los cadáveres, estableciendo que cinco correspondían a hombres adultos, cuatro a mujeres y tres a menores de edad.
El reporte forense detalló que la nómina de menores abatidos está conformada por dos adolescentes de 15 años y un joven de 16 años, clasificando el grupo por género en dos mujeres y un hombre.
El director de Medicina Legal descartó de manera categórica que entre las víctimas mortales se encuentre alias Urías Perdomo, conocido por ser la mano derecha de alias Calarcá.
La institución forense precisó que un décimo cuerpo permanece sin identificar debido a que llegó a la morgue en condición incompleta.
La confirmación de menores abatidos desató una intensa controversia política que llevó al presidente Abelardo de la Espriella a asumir públicamente la defensa irrestricta de las tropas.
“Todo mi respaldo a las operaciones militares que combaten con las armas de la República y conforme a la Constitución y a la ley, a los grupos narcoterroristas”, declaró con contundencia Abelardo de la Espriella.
“Los bandidos que durante décadas han reclutado menores para convertirlos en combatientes o en escudos humanos deben pagar por esos crímenes que violan el derecho humanitario”, enfatizó el jefe de Estado.
En la noche del 30 de agosto, Abelardo de la Espriella anunció una nueva incursión armada bautizada como Operación Azarías, dirigida contra las disidencias de Iván Mordisco en el municipio de Miraflores, departamento del Guaviare.
El balance preliminar de la Operación Azarías dejó ocho integrantes de la estructura criminal muertos en desarrollo de operaciones militares, tres personas capturadas y dos jóvenes recuperados que manifestaron ser menores de edad, cuyas identidades se encuentran en proceso de verificación por parte de las autoridades competentes.
En el sitio del bombardeo las tropas incautaron abundante material de guerra e intendencia, manteniendo la presencia militar en la zona rural de Miraflores.
El despliegue bélico ejecutado en tan solo 24 días de la nueva administración presidencial suma tres bombardeos de gran escala contra estructuras que no sufrían ataques hacia el final del mandato del expresidente Gustavo Petro, periodo en el cual alias Calarcá mantenía absoluta tranquilidad en sus áreas de influencia en Antioquia y Guaviare.
El ministro de Defensa anunció una articulación interinstitucional con diversos ministerios para impulsar modificaciones legislativas que incrementen las sanciones penales y endurezcan la persecución contra las redes de captación criminal.
El Comandante de las Fuerzas Militares presentó el inventario del arsenal decomisado en los campamentos destruidos, el cual incluye 19 fusiles, siete ametralladoras, 15 armas cortas, un mortero, 22 granadas, 174 proveedores, 184 minas antipersonales, 20 granadas para dron y más de 29.000 municiones.
Analistas de la cadena Redmás Noticias como Paula, Mauricio y Hassán debatieron sobre la complejidad jurídica y los dilemas éticos que rodean los bombardeos estatales.
La periodista Paula expuso la vulneración constante de los derechos de los menores y citó el reciente informe de Human Rights Watch.
El documento de Human Rights Watch documentó 410 casos de reclutamiento forzado durante el año 2025, donde el 51% de las víctimas pertenecían a comunidades indígenas.
La entidad registró además 51 reportes adicionales de reclutamiento entre enero y mayo de 2026, concentrados principalmente en los departamentos de Norte de Santander, Cauca y Antioquia, destacando el uso de redes sociales como el nuevo canal de captación ilegal.
El analista Mauricio explicó que el Estatuto de Roma, las Convenciones de Ginebra y el Código Penal Colombiano tipifican el reclutamiento como un delito con responsabilidad penal individual.
Mauricio advirtió que los grupos al margen de la ley utilizan a los menores como ventajas estratégicas y escudos humanos para inhibir el accionar legítimo del Estado.
El observador precisó que la normativa internacional convierte en blanco legítimo al menor que participa activamente en combate frente a las tropas oficiales.
No obstante, Mauricio señaló las delgadas líneas jurídicas que surgen durante un bombardeo masivo, donde resulta complejo determinar si los jóvenes ejecutaban labores de combate o realizaban tareas domésticas en el campamento al momento del impacto.
Por su parte, Hassán enfatizó que la única forma de desarticular organizaciones armadas dotadas de fusiles, minas antipersonales y granadas para drones es mediante operativos militares de alta potencia.
Hassán subrayó la instrumentalización sistemática cometida por las guerrillas al enviar a los adolescentes a la primera línea de fuego para evitar el avance de la fuerza pública.
Los comunicadores recordaron que la muerte de menores en maniobras de alto impacto afectó del mismo modo las administraciones del expresidente Iván Duque y del expresidente Gustavo Petro, evidenciando la persistencia de un flagelo que las instituciones no logran erradicar.
La discusión sobre los principios de proporcionalidad, precaución y distinción constitucional continúa abierta mientras las tropas oficiales mantienen el control territorial en el sur del país.
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