SENADORES CON DATOS DEL VOTÓ FUSIL DESESPERAN A IVAN CEPEDA
Un enfrentamiento verbal de altísima tensión sacudió las comisiones del Congreso de la República de Colombia ante la mirada atenta de la delegación de la Misión de Observación Electoral de la Unión Europea.
La sesión, convocada para analizar las garantías del reciente proceso electoral, se transformó en un estrado de acusaciones directas contra el senador Iván Cepeda, cuestionado severamente por su negativa a aceptar los resultados que consagraron a Abelardo de la Espriella como presidente del país.
El choque inició con la intervención del senador JP Hernández, quien encaró a Iván Cepeda exhibiendo las cifras oficiales del preconteo y del escrutinio general.
JP Hernández remarcó que el proceso, custodiado por 9.000 jueces y notarios en 3.000 comisiones escrutadoras desplegadas por todo el territorio nacional, arrojó una coincidencia técnica absoluta del 99,99% entre los conteos iniciales y finales.
El congresista sostuvo que la campaña de Iván Cepeda contó con una mayor cantidad de testigos electorales en las mesas de votación en comparación con la campaña de Abelardo de la Espriella, garantizando el acceso pleno a las fotografías de los formularios E-14 y el acompañamiento permanente de las reclamaciones.
Para sustentar la falta de consistencia en las denuncias de la oposición, JP Hernández leyó los reportes internacionales expedidos por la Misión de Observación Electoral, la Organización de los Estados Americanos y la Unión Europea, organismo que desplegó 141 observadores de 24 naciones en el país, además de los 2.600 jurados territoriales desplegados en 445 municipios.
El senador subrayó que ningún embajador o cónsul del gobierno saliente reportó anomalías en las urnas ubicadas en el exterior.
Durante su exposición, JP Hernández increpó directamente al excandidato presidencial sobre situaciones atípicas registradas en puestos de votación del Pacífico nariñense, el sur del Chocó y el Valle del Cauca, donde la totalidad de los sufragios de varias mesas se concentraron exclusivamente en favor de Iván Cepeda.
“Acepten la derrota así como aceptaron la curul de oposición”, exigió JP Hernández desde su estrado, argumentando que el país exige atención urgente sobre la crisis de seguridad recibida por el mandatario Abelardo de la Espriella.
Las cifras presentadas por los legisladores oficialistas expusieron el deterioro de las condiciones del país, destacando un aumento de las áreas sembradas de coca, las cuales alcanzaron casi 300.000 hectáreas con una producción potencial de 3.000 toneladas para 2025, así como la expansión de las estructuras guerrilleras, que pasaron de 15.000 a 30.000 combatientes activos producto de las concesiones otorgadas por la política de paz total.
Asimismo, se expuso el colapso del sistema sanitario con un incremento superior al 75% en las quejas ciudadanas, un alza del 119% en la solicitud de especialistas no atendidas y un incremento del 34% en el trámite de acciones de tutela por medicamentos entre los años 2024 y 2025.
Frente a la lluvia de cuestionamientos, Iván Cepeda tomó la palabra para defender la postura de la oposición, recordando que el 24 de junio ofreció una rueda de prensa pública reconociendo que, si bien no se halló un patrón de fraude masivo, la democracia faculta la interposición de demandas ante la justicia.
Iván Cepeda centró sus reclamos en la vulneración de la seguridad digital de las elecciones, denunciando de manera enfática que los datos informáticos procesados por la Registraduría carecieron del mecanismo de protección conocido como candado hash.
En respuesta al supuesto fenómeno del voto fusil o coerción armada a favor del Pacto Histórico, Iván Cepeda calificó dicha tesis como una “ficción malintencionada” que pone en riesgo la vida de las comunidades rurales.
Para demostrar su punto, Iván Cepeda citó las mediciones de la Misión de Observación Electoral que registran una participación histórica del 64,39% del campesinado en las urnas para las elecciones de 2026, frente al 52,33% registrado en 2018.
Añadió que en los municipios con control hegemónico del Ejército de Liberación Nacional, la candidatura de Abelardo de la Espriella obtuvo victorias contundentes alcanzando un promedio del 80% de la votación total, cuestionando si dicho resultado insinuaba un voto fusil en favor de la extrema derecha.
El debate subió de tono cuando los senadores de la bancada de gobierno proyectaron un fragmento audiovisual donde el diplomático Roy Barreras ofreció declaraciones sobre la realidad electoral en los territorios marginados.
En la grabación, Roy Barreras confirmó que cabecillas armados como alias Calarcá, la señora Érika y alias Araña obligan a las poblaciones a votar bajo amenaza en regiones como Caquetá o Leguízamo, e incautan cédulas en municipios como López de Micay para sufragar a conveniencia antes de devolver la documentación con los certificados de votación.
Senadores del oficialismo cuestionaron además que Iván Cepeda citara parcialmente el informe de la Misión de Observación Electoral, omitiendo los apartados donde la entidad denunció la indebida injerencia política del expresidente Gustavo Petro, quien continuó haciendo campaña abiertamente, promocionando obras de gobierno y utilizando el canal institucional y la pauta oficial para favorecer a Iván Cepeda y al Pacto Histórico en detrimento de la oposición.
La discusión sumó denuncias sobre el denominado tarimazo de Medellín en junio de 2025, cuando el mandatario Gustavo Petro compartió escenario con 23 cabecillas de bandas criminales del Valle de Aburrá en el marco de la paz urbana, proceso que derivó en la suspensión temporal de órdenes de captura de peligrosos delincuentes como alias Carlos Pesebre.
Los congresistas cuestionaron que, mientras se abrieron mesas de diálogo con estructuras como las Autodefensas Conquistadoras de la Sierra Nevada, el Estado Mayor del Bloque Magdalena Medio y los Comandos de la Frontera, estos grupos ejercieron coerción directa sobre las comunidades para incidir en los comicios.
Igualmente se reseñaron los índices de violencia del periodo saliente, los cuales alcanzaron 1.398 actos de terrorismo y 14.038 homicidios registrados en 2025, las métricas más elevadas en Colombia desde el año 2003.
Por su parte, Iván Cepeda exigió que se abra un debate riguroso sobre la injerencia extranjera promovida por el presidente estadounidense Donald Trump, el secretario de Estado Marco Rubio y sectores del Partido Republicano en la Florida a favor de la candidatura de Abelardo de la Espriella.
El excandidato opositor concluyó que la sola existencia de denuncias por presiones electorales en territorios golpeados por la violencia justifica plenamente las acciones judiciales instauradas para la verificación de los resultados.
Las bancadas parlamentarias acordaron dar continuidad a este juzgamiento político en la plenaria del Senado con el fin de examinar los estudios del Instituto de Ciencia Política y determinar las responsabilidades por la coacción de grupos armados en las urnas.
Fuente: Realidad politica
