Fiscalía reactivó órdenes de captura contra alias ‘Calarcá’ y otros cabecillas | La Luciérnaga
Un giro judicial y político de proporciones históricas acaba de sacudir los cimientos de la seguridad en Colombia al clausurar el controvertido capítulo de la inmunidad penal otorgada a los principales líderes de las disidencias armadas.
La fiscal general de la Nación, Luz Adriana Camargo, firmó de manera oficial la Resolución 00263 que reactiva de inmediato 27 órdenes de captura contra los máximos cabecillas del crimen organizado en el país.
El documento oficial sepulta definitivamente el marco de suspensión de acciones penales dictado durante las negociaciones de la denominada paz total bajo el mandato del expresidente Gustavo Petro.
Entre los líderes criminales afectados por la medida cautelar y judicial figuran Alexander Díaz Mendoza, conocido en la clandestinidad como alias Calarcá, junto a alias Andrey Avendaño, alias John Mechas, alias Walter Mendoza, alias Leopoldo y alias Araña.
El presidente Abelardo de la Espriella confirmó que alias Araña será extraditado de forma expedita hacia los Estados Unidos, marcando el fin de los beneficios otorgados a los voceros de los grupos irregulares.
La determinación de la Fiscalía General de la Nación responde a la acumulación sistemática de violaciones a los derechos humanos, crímenes de guerra y graves infracciones contra la población civil perpetrados durante el desarrollo de las mesas de diálogo.
Las investigaciones del ente de control constataron que alias Calarcá y sus estructuras continuaron con la ejecución de extorsiones masivas, ataques con material explosivo, homicidios selectivos, siembra de minas antipersona, secuestros y confinamientos forzados de comunidades enteras.
Alias Calarcá, quien abandonó la facción de alias Iván Mordisco para encabezar las conversaciones con el gobierno saliente, vulneró de manera reiterada el compromiso de cesar el reclutamiento de menores de edad.
Las cifras oficiales revelan una expansión territorial sin precedentes del grupo armado al mando de alias Calarcá, que pasó de tener presencia en 124 municipios durante el año 2019 a dominar 372 municipios en el año 2026.
La facción disidente comanda actualmente un ejército criminal superior a los 2.000 hombres armados con presencia permanente en los departamentos de Bolívar, Norte de Santander, Antioquia, Cundinamarca, Meta, Huila, Putumayo y Caquetá.
Frente a la gravedad de las acciones delictivas, la Fiscalía General de la Nación solicitó formalmente a un juez de la ciudad de Villavicencio la imposición de una medida de aseguramiento en centro carcelario contra alias Calarcá en calidad de persona ausente.
Esta decisión del ente perseguidor del delito se materializa tras las reiteradas e infructuosas advertencias enviadas por la fiscal general al excomisionado de paz Otty Patiño, en las que se exigía el cese de los beneficios penales debido a los constantes crímenes cometidos por la organización armada.
La suspensión de las órdenes de captura no obedeció en su momento a una decisión arbitraria de la Fiscalía, sino a las directrices emitidas por la Oficina del Alto Comisionado para la Paz bajo la amparo legal dispuesto por el gobierno de Gustavo Petro.
La última ubicación registrada de alias Calarcá corresponde a una reunión clandestina celebrada en una vivienda de la zona rural del departamento del Caquetá, antes de que el cabecilla notificara al Ejecutivo que no volvería a presentarse físicamente en las mesas de negociación.
El presidente Abelardo de la Espriella avanzó en el cumplimiento de su programa de gobierno al decretar el fin absoluto de la política de paz total y prohibir legalmente cualquier tipo de negociación con estructuras armadas al margen de la ley.
El jefe de Estado sostuvo reuniones con la fiscal general Luz Adriana Camargo para acelerar los trámites de extradición de los delincuentes requeridos por cortes internacionales y solicitó la colaboración directa del gobierno de los Estados Unidos para capturar o dar de baja a los líderes narcotraficantes.
Las Fuerzas Militares y la Policía Nacional recibieron la orden ejecutiva de desplegar toda la capacidad operativa para perseguir y capturar a los cabecillas que utilizaron las negociaciones de paz para fortalecer sus redes delictivas.
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