Reactivan órdenes de captura contra los criminales más tenebrosos de Colombia entre ellos ‘Calarcá’
La Asamblea Nacional de Nicaragua selló de forma unánime la reforma constitucional dictada por Daniel Ortega y Rosario Murillo, consagrando un viraje absoluto en el mapa político centroamericano.
La modificación del texto fundamental extendió el período presidencial de seis a siete años y prohibió la participación de los líderes opositores en los comicios tras catalogarlos como traidores a la patria.
El presidente del parlamento, Gustavo Porras, argumentó la necesidad de disponer de mayor tiempo operativo para ejecutar obras públicas, presentando la exclusión de la oposición como un mecanismo para garantizar la estabilidad estatal.
Voces en el exilio denunciaron que la enmienda liquida el sufragio libre para forzar una sucesión dinástica familiar ante la avanzada edad del mandatario Daniel Ortega, quien cuenta con 80 años de edad.
El Departamento de Estado de los Estados Unidos solicitó el aislamiento internacional inmediato de la dictadura de Daniel Ortega y Rosario Murillo, instando a suspender las relaciones comerciales habituales y retirar los beneficios económicos al régimen.
La Organización de los Estados Americanos, bajo la dirección del secretario general Albert Ramdin, convocó a una reunión de emergencia de cancilleres para el próximo 17 de septiembre con el respaldo de 29 países, mientras Brasil votó en contra y México se abstuvo.
La represión estatal provocó la huida de 840.000 nicaragüenses hacia el exilio desde abril de 2018, cifra que representa el 11,8% de la población total de Nicaragua, dejando un saldo de 355 muertos constatados por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos.
Estados Unidos alberga a 560.000 exiliados nicaragüenses, seguido por Costa Rica con 240.000 solicitudes de refugio y España con 62.700 ciudadanos acogidos.
En territorio colombiano, el presidente Abelardo de la Espriella comandó la Operación Azarías en la localidad de Miraflores, departamento del Guaviare, donde las fuerzas militares abatieron a alias Tigre o Pintado, cabecilla del Frente Carolina Ramírez de las disidencias de Iván Mordisco.
La incursión militar en el Guaviare dejó un saldo de 23 criminales neutralizados, seis capturados entre los que figura alias Víctor, y la recuperación de un menor de edad entregado al Instituto Colombiano de Bienestar Familiar.
El Ejército incautó un arsenal compuesto por 28 fusiles, cuatro ametralladoras, tres pistolas, granadas, explosivos, cordón detonante y material de campaña pertenicientes a las estructuras de Iván Mordisco.
Investigaciones de inteligencia militar revelaron que las armas M16 decomisadas a la estructura de alias Calarcá fueron enviadas por partes desde Texas y Florida dentro de encomiendas con electrodomésticos para evadir los escáneres del aeropuerto de Bogotá, antes de su distribución a los departamentos de Meta, Guaviare, Vaupés y Guainía.
Los fusiles AK-47 rusos hallados en los operativos permanecían ocultos en caletas de La Macarena bajo el control directo de Iván Mordisco.
Los bombardeos militares en la zona sumaron la incautación total de 11 ametralladoras, 45 fusiles, 17 pistolas y un cañón de mortero, provocando el despliegue de 1.000 hombres al mando de alias Calarcá hacia el estado Amazonas en Venezuela para evadir la ofensiva.
Documentos reservados de inteligencia internacional expusieron un plan de 18 páginas diseñado por la extrema izquierda radical para desestabilizar el gobierno de Abelardo de la Espriella.
La estrategia contempla la infiltración de actores encapuchados, ataques a la infraestructura, enfrentamientos armados, difusión de videos descontextualizados, bloqueos de vías y maniobras preelectorales para alterar la transición del poder.
En la zona rural de Cúcuta, las tropas del Ejército frustraron un atentado con carrobomba atribuido al ELN tras neutralizar un vehículo cargado con explosivos en la inspección de Aguaclara, obligando a los atacantes a huir en una motocicleta.
A petición del Ejecutivo, la fiscal general Luz Adriana Camargo reactivó 59 órdenes de captura congeladas por la administración de Gustavo Petro, afectando directamente a 27 integrantes de la facción de alias Calarcá.
La medida judicial levantó los beneficios penales que amparaban a alias Andrey, alias John Mechas, Javier Alonso Veloza García, Walter Mendoza y alias Araña, activando de inmediato el trámite de extradición de este último hacia Estados Unidos.
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