CASO LICE0 NAVAL: NUEVAS REVEL4CIONES QUE REMECEN LA INV3STIG4CIÓN
Una siniestra complicidad institucional al descubierto tras el salvaje ataque dentro de un autobús escolar

La investigación sobre el aberrante caso de abuso sexual perpetrado contra un estudiante dentro de un vehículo de transporte del Liceo Naval Almirante Guise suma nuevos y escalofriantes elementos que comprometen a la cúpula de la institución y a los adultos responsables del cuidado de los menores.
Tras consumar el repudiable acto dentro de la unidad vehicular, los agresores y sus cómplices pactaron mantener el hecho bajo un estricto pacto de silencio de camino al establecimiento educativo.
Poco después de finalizar las clases, los implicados, todos estudiantes de quinto año de secundaria, se dirigieron a un establecimiento de comida china en la avenida San Luis, a diez cuadras del recinto escolar.
Mientras esperaban la comida, los adolescentes realizaron ademanes y gestos explícitos alusivos al ataque, riendo y compartiendo en la mesa sin mostrar el más mínimo remordimiento.
Durante la agresión dentro del vehículo estuvo presente un palo de escoba que los agresores utilizaron para infligir la violencia física y sexual contra la víctima, un acto brutal que según las declaraciones fue premeditado y motivado por ataques sistemáticos previos vinculados al color de piel del menor.
Un compañero de aula de la víctima, de 15 años de edad y estudiante de cuarto año de secundaria, presenció los hechos, se horrorizó ante la brutalidad del ataque y aconsejó a la víctima acudir de inmediato a un médico, convirtiéndose en la única persona que le brindó auxilio.
Sin embargo, este menor no fue incluido inicialmente en las investigaciones oficiales de las autoridades.
En contraste con la actitud del estudiante de 15 años, el personal adulto encargado de la supervisión, entre los que figuran el entrenador Rafael Ludeña Valdivia y el profesor Víctor Muñoz Guerra, ignoraron la denigrante acción y omitieron su deber de protección para garantizar la integridad de los alumnos.
En las declaraciones vertidas durante las diligencias, uno de los implicados confesó haber ayudado a la víctima a retirarse el objeto punzante incrustado en su cuerpo, movido por la piedad que le causaron los gritos desesperados de dolor.
Al enterarse de la gravedad de lo sucedido, el padre de la víctima intentó comunicarse con el capitán de navío Pedro Iriarte, integrante de la directiva de padres de familia de la promoción, pero al no obtener respuesta acudió junto a su esposa a formalizar la denuncia ante la comisaría del distrito de San Borja.
A la sede policial arribó posteriormente el hijo del capitán de corbeta Julio Aguilar Vera, un oficial de la Marina de Guerra que registra un historial de intervenciones policiales por conducir ebrio y sin licencia mientras mantenía relaciones sexuales en la vía pública, además de una denuncia formal por violencia psicológica incoada en mayo de 2022 por la madre de su hijo tras amenazarla con no pagar la pensión alimenticia.
El ámbito legal para procesar el caso se circunscribe a la jurisdicción de los juzgados de familia por tratarse de menores de edad, teniendo como pieza clave las declaraciones rendidas en la Cámara Gesell para determinar las responsabilidades penales e infracciones correspondientes.
Estadísticas oficiales del Ministerio de Educación revelan que tan solo en el año 2025, bajo la jurisdicción de la UGEL 07 a la que pertenece el Liceo Naval, se registraron 1266 casos de violencia escolar.
El desglose de estas cifras oficiales contabiliza 604 denuncias por violencia psicológica, 538 por violencia física y 124 por violencia sexual.
Dentro del rubro de violencia sexual se computan 12 casos por hostigamiento sexual, seis por violencia con fines sexuales a través de medios tecnológicos, cinco por acoso sexual y tres agresiones sexuales consumadas.
La impunidad y el deterioro de la disciplina en el Liceo Naval Almirante Guise obedecen a un patrón recurrente donde altos mandos de la Marina de Guerra acuden al colegio a amedrentar a los docentes cuando sus hijos son sancionados o reprobados, condicionando el principio de autoridad.
El caso desató además el debate público sobre la restitución de la medida de expulsión para alumnos agresores reincidentes, postura respaldada por el premier Galarreta, quien cuestionó la pérdida de sanciones disciplinarias en el sistema educativo nacional.
Las autoridades judiciales avanzan en la toma de testimonios para definir el traslado de los involucrados a centros de reclusión de menores como Maranga, mientras la opinión pública exige sanciones severas contra los cómplices adultos de la institución.
Fuente: EJE