Alias ‘Cholo’ estaba en cumbre de criminales: detalles de operativo que terminó con su baja
Relojes de rastreo satelital escondidos en la carrocería de vehículos particulares, vuelos sigilosos de drones con cámaras térmicas y un estallido sónico provocado por bombarderos estratégicos a diez kilómetros de distancia marcaron la caída del temido imperio paramilitar de la Sierra Nevada.
En la vasta zona rural del departamento del Magdalena, donde la densa vegetación tropical oculta viejas rencillas de sangre y guerra, la cúpula operativa de las autodefensas conquistadoras de la Sierra Nevada acordó una reunión clandestina que pretendía redefinir el mapa del crimen organizado en Colombia.
Los movimientos de los altos mandos eran seguidos milímetro a milímetro desde la base antinarcóticos de la policía en Santa Marta, donde los generales Norberto Mujica y Conos coordinaban un despliegue operativo sin precedentes en la región.
El objetivo prioritario de las autoridades era José Luis Pérez Villanueva, conocido dentro del mundo del hampa como alias Cholo, un temido criminal que quince años atrás inició su sangrienta trayectoria como sicario a las órdenes del Clan del Golfo.
Tras romper lazos con sus antiguos jefes y convertirse en el enemigo más mortífero de esa organización, alias Cholo escaló posiciones hasta consolidarse como el segundo al mando y máximo responsable de las finanzas del grupo paramilitar conocido como Los Pachenca.
La reunión secreta convocó también al máximo jefe de la estructura ilegal, un criminal identificado como alias Pinocho, quien arribó a la vivienda del corregimiento de Huachaca escoltado por diez hombres fuertemente armados y vestidos con prendas tradicionales de la comunidad indígena arhuaca.
Sin embargo, los capos ignoraban que el cerco ya estaba tendido gracias al trabajo encubierto de un informante infiltrado dentro del inmueble y a los sensores satelitales que registraron el trayecto de la caravana desde Santa Marta.
A las dos de la tarde de un convulso lunes, dos aviones Super Tucano de la Fuerza Aeroespacial Colombiana lanzaron un feroz bombardeo sobre un campamento secundario ubicado en la serranía, desencadenando la estampida inmediata de los líderes criminales.
Al intentar escapar de la vivienda, las tropas irregulares chocaron de frente con un contingente estratégico de cuarenta comandos jungla de la Policía Antinarcóticos que rodeaban silenciosamente el perímetro.
Ráfagas de fusil de alto calibre estremecieron la vereda durante casi tres horas de intenso combate directo, obligando a una capitana de la institución policial a realizar maniobras evasivas extremas tras recibir múltiples impactos en la estructura de su helicóptero.
En medio del estruendo y la lluvia de plomo, alias Cholo cayó abatido junto a siete de sus escoltas más cercanos, poniendo fin a una carrera criminal que incluyó su reciente participación como delegado en los diálogos exploratorios de paz con el gobierno del presidente Gustavo Petro.
Dentro de la estructura de madera arrasada por el fuego cruzado, los uniformados decomisaron casi cinco mil cartuchos de munición y un arsenal sofisticado que incluía un fusil de francotirador de altísima precisión, una pieza de artillería pesada que solo poseen pocas fuerzas armadas en el mundo.
Sitiado por el fuego de los comandos, alias Pinocho logró huir malherido de la escena del crimen bajo un disfraz, escoltado por cuarenta combatientes que disparaban a discreción para cubrir su retirada hacia la selva alta.
La muerte de su jefe financiero desató una oleada de violencia instantánea que llevó al presidente Abelardo de la Espriella a patrullar personalmente las calles de Santa Marta en medio de fuertes amenazas de paro armado e incendios de vehículos.
La tensión militar se trasladó de inmediato al Congreso de la República, donde se llevó a cabo un acalorado debate de moción de censura en contra del ministro de Defensa, el general en retiro Jorge Eduardo Mora.
Durante seis horas de duros enfrentamientos verbales con los legisladores, Jorge Eduardo Mora defendió la legitimidad de las incursiones aéreas y las operaciones de ataque en territorios con presencia armada.
“La información disponible ya de manera particular en esta operación en el Guaviare. Hallazgo de inteligencia establecía zona campamentaria del grupo armado residual, verificación que los combatientes estaban con función permanente de combate. Eso estaba verificado y eso nos da la luz para poder atacar. Verificación de la no presencia de personas y bienes protegidos, población civil que no hace parte de esa función permanente de combate”.
Las palabras del ministro desataron una fuerte controversia tras la intervención del representante a la Cámara Franklin Lozano, quien expuso cifras alarmantes sobre el reclutamiento forzado de menores en los últimos años.
Franklin Lozano reveló que en el año dos mil veintidós las estructuras ilegales reclutaron a ochenta y tres niños, una cifra que se disparó vertiginosamente a cuatrocientos diez en dos mil veintitrés, alcanzó los seiscientos ochenta y dos en dos mil veinticuatro y registró cuatrocientos veinte víctimas en dos mil veinticinco.
Según los análisis presentados por Franklin Lozano, los menores de edad representan actualmente el veinte por ciento de los integrantes de los grupos armados al margen de la ley en el territorio colombiano.
Desde la bancada del Pacto Histórico, el congresista Landin Landines cuestionó duramente los fallos de los organismos de inteligencia al no detectar la presencia de niños en las zonas de conflicto antes de autorizar bombardeos masivos.
A la par de las discusiones sobre la seguridad nacional, las comisiones económicas del Congreso concertaron la ponencia del Presupuesto General de la Nación para el año dos mil veintisiete por un monto global de seiscientos treinta y cinco billones de pesos.
La propuesta legislativa contempla recortes severos como el tijeretazo de ciento setenta mil millones de pesos a la Jurisdicción Especial para la Paz, mientras destina incrementos significativos para los sectores de deporte y salud.
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