CASO AGOSTINA VEGA su padre presentó un proyecto de Ley
Detrás de la puerta de un recinto oficial se esconden datos escalofriantes sobre una conspiración criminal que sacude a toda una provincia
El periodista Freddy transmite desde la legislatura unicameral de Córdoba, donde Gabriel, padre de Agostina, junto a su abogada, la doctora Fernanda Alanís, aguardan la recepción de un proyecto de ley formulado tras tres meses de angustia por el crimen de la menor.
La iniciativa legislativa surge a partir de las extensas guardias nocturnas que Gabriel realizó en las cercanías de las calles Campillo y Fragueiro, dentro de un automóvil para evitar cualquier movimiento sospechoso y custodiar las pruebas tras la detención del acusado.
El proyecto de norma busca consagrar un protocolo de actuación ante las denuncias por desaparición de niños, niñas y adolescentes.
En la iniciativa se establece la obligación de activar de inmediato los mecanismos de búsqueda sin dilación alguna, según el artículo 25 expuesto en el documento que consta de 17 capítulos.
En el artículo 26 se impone la preservación temprana de información y evidencia, demandando acciones urgentes para prevenir la pérdida, alteración o destrucción de elementos potencialmente relevantes en la causa.
Dentro del esquema se contempla la detención preventiva inmediata de los sospechosos imputados o procesados para impedir que dispongan de tiempo para ocultar rastros de los hechos.
El texto plantea la creación de una línea telefónica con atención las 24 horas del día, los 7 días de la semana, denominada Línea Agostina.
Se sumará la habilitación de canales en WhatsApp y plataformas web para permitir que los propios menores de edad soliciten auxilio directamente sin depender de la intervención de un adulto.
Detrás de la plataforma se articulará la asistencia de trabajadores sociales, psicólogos y personal policial.
El proyecto añade la implementación del Programa Agostina en el sistema educativo, mediante cursos y capacitaciones dirigidos a los docentes sobre situaciones de vulnerabilidad.
También se abarcan las instituciones deportivas, los CPC, los centros vecinales y los medios de comunicación.
En Córdoba existe un déficit en la provisión de gabinetes psicológicos escolares desde hace aproximadamente 20 años.
Gabriel acude a la legislatura unicameral sin haber mantenido contactos previos con legisladores ni bloques parlamentarios, mientras la doctora Fernanda Alanís entabla conversaciones informales con distintas bancadas para buscar respaldo.
Desde el estudio, Néstor y Gabriela Vaca indagan sobre la viabilidad de la propuesta y la situación procesal del imputado.
El expediente penal suma tensión ante la inminente declaración de Barrelier, imputado por el femicidio de la menor.
El detenido reemplazó a su defensa técnica e incorporó al doctor Carlos Argüello como su nuevo abogado patrocinante.
Existe la posibilidad de que el imputado formule una confesión y aporte datos que involucren a más personas en la estructura delictiva.
La querella sostiene que faltan tres personas por ser implicadas en el caso: la madre del sospechoso, la hermana y un amigo que fue citado a declarar la semana pasada.
La audiencia testimonial previa del amigo del imputado fue suspendida y se aguarda un nuevo llamado al considerar que existen elementos suficientes para su imputación.
La abogada Fernanda Alanís solicitó la ampliación de la imputación contra Palmero, otro de los sospechosos en la investigación.
Se evalúa si la intención de Barrelier es desvincular a su entorno cercano y a Palmero, o bien emitir un mensaje de coacción dirigido a sectores de mayor jerarquía.
Las personas señaladas habrían ofrecido resguardo, compañía y ayuda al imputado para luego denegárselos durante el desarrollo de las etapas del crimen.
La querella califica el accionar de Barrelier como un mensaje de tinte político e intimidatorio articulado tras amenazar con declarar sin asumir la responsabilidad en soledad.
El detenido registra reiteradas contradicciones en sus intervenciones procesales previas, habiendo negado su participación a pesar de que las pruebas materiales demuestran que el hecho se desplegó de forma secuencial con su presencia.
La audiencia fijada para la declaración del acusado debió suspenderse con anterioridad debido a su estado de salud mental, originado por un cuadro de abstinencia tratado mediante medicación.
Durante el traslado de Barrelier a la cárcel de Cruz del Eje, el abogado Carlos Argüello no logró tomar contacto directo con el imputado por causa del tratamiento médico administrado.
La fiscalía a cargo del doctor Garzón limita la participación de la querella en las actuaciones procesales.
La doctora Fernanda Alanís y la familia de la víctima se anotician de las citaciones y diligencias judiciales con posterioridad a su concreción o al momento de su ejecución.
Las partes no disponen de una fecha confirmada para la citación a indagatoria del acusado.
El trámite del proyecto de ley contempla su ingreso formal por mesa de entradas de la legislatura provincial, la asignación a la comisión de debate correspondiente y su posterior discusión en el recinto parlamentario para su eventual sanción.
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