DECLARÓ EL OFICIAL DE PREFECTURA ALFONZO EN EL JUICIO DE LOAN

Secretos tras los banners, custodia de menor vulnerada y la siniestra sombra de un falso agente de la Interpol en Corrientes

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Un operativo de vigilancia que debía garantizar la máxima seguridad en torno a una investigación crítica terminó transformándose en el escenario de un verdadero escándalo institucional.

En el centro de la controversia se encuentra el despliegue realizado en un hotel de la localidad de Nueve de Julio, en la provincia de Corrientes, un edificio de grandes ventanales que fue cubierto de manera improvisada con manteles y banners para ocultar lo que ocurría en su interior.

El testigo Alfonso, un efectivo de la Prefectura Naval Argentina que prestaba servicios en Goya, prestó declaración judicial y reveló los detalles de las maniobras de custodia que se llevaron a cabo durante el mes de julio de dos mil veinticuatro.

Según sus palabras, fue convocado de urgencia para cumplir un recargo de servicio el domingo siete de julio, extendiéndose su guardia por veinticuatro horas continuas, desde las siete de la mañana de ese día hasta las siete de la mañana del lunes ocho de julio.

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La orden impartida a Alfonso y a sus compañeros de fuerza era clara y sumamente específica: mantener una custodia perimetral estricta y vigilar que nadie registrara imágenes desde el exterior.

El objetivo explícito manifestado por sus superiores era resguardar la integridad de los menores de edad que permanecían alojados dentro de la propiedad.

Sin embargo, nadie le explicó a la tropa las razones por las cuales esos niños se encontraban en ese lugar ni bajo qué marco legal o institucional se desarrollaba la permanencia.

El edificio no contaba con recepcionista, personal de atención ni cartelería identificatoria visible, manteniendo la totalidad de sus accesos cerrados con la única excepción de un portón lateral destinado al ingreso de vehículos.

A pesar del bloqueo visual instalado en la fachada con banners y manteles, los efectivos apostados en el perímetro lograban observar hacia el interior a través de las hendiduras y los espacios que quedaban entre las estructuras metálicas.

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Dentro del recinto se encontraban alojadas Camila y Macarena, acompañadas por dos niños pequeños.

La rutina de los menores transcurría de manera insólita en el patio trasero del establecimiento, donde jugaban a la pelota bajo la constante supervisión de una mujer de cabello rubio cuya identidad nunca fue establecida por las autoridades de la guardia.

En la planta baja del hotel también se lograba divisar una zona acondicionada con juegos infantiles por donde los niños circulaban frecuentemente.

Aproximadamente a las once de la mañana de esa misma jornada de domingo, la calma del procedimiento se quebró cuando un hombre salió al exterior del hotel con el único propósito de fumar.

El sujeto se aproximó directamente a la posición de la guardia integrada por Alfonso y su compañero para entablar una conversación casual.

Tras preguntar por la ubicación de un kiosco cercano y comentar sobre el estado del tiempo, el individuo se presentó ante los uniformados bajo el apodo de el tucumano, asegurando ser médico forense de la zona, aunque se abstuvo de precisar qué función específica cumplía dentro de la propiedad.

La presencia de figuras sumamente extrañas no se limitó a ese encuentro casual.

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En las dependencias del establecimiento también se advirtió la circulación de un hombre con barba, la mujer rubia antes mencionada y otras personas que permanecían en los ambientes privados del hotel sin que se les exigiera una identificación formal.

Adicionalmente, el personal de Prefectura recibió novedades operativas que alertaban sobre la supuesta presencia de un individuo que decía pertenecer a la organización internacional Interpol.

Pese al estricto mandato de evitar que se tomaran registros audiovisuales del lugar para preservar la privacidad de las personas custodiadas, la restricción se vulneró por completo hacia el mediodía.

En el patio trasero del edificio, la joven Camila brindó una entrevista televisiva a la señal de noticias Crónica.

El equipo periodístico logró ingresar y posicionar sus micrófonos sin que el personal de seguridad apostado en el frente supiera quién había otorgado la autorización correspondiente para semejante exposición mediática.

Días más tarde, el nueve de julio, la situación escaló nuevamente cuando las autoridades judiciales ordenaron una medida de constatación en el inmueble.

Alfonso fue convocado nuevamente de recargo a través de un mensaje de la aplicación WhatsApp enviado por la jefatura de servicio, integrándose a la comisión en calidad de custodia armando con escopeta.

Antes de desplegarse en el terreno, los efectivos mantuvieron una reunión de planificación en la oficina de sumarios de la Prefectura.

Debido a que Alfonso había cumplido la guardia previa y conservaba el contacto telefónico del propietario del inmueble —quien les había cedido temporalmente una vivienda contigua para el descanso de la tropa—, sus superiores le solicitaron que se comunicara con él.

El objetivo de la llamada era gestionar la autorización del dueño del lugar para que la comitiva judicial y policial pudiera ingresar a realizar la diligencia.

El propietario accedió a presentarse a la brevedad y la comitiva se trasladó al sitio a bordo de un vehículo no identificado del área de inteligencia.

Al arribar al hotel, un masivo despliegue periodístico de entre quince y veinte personas, incluyendo móviles de cadenas nacionales como TN y Crónica, aguardaba en las inmediaciones.

En ese contexto de alta tensión se hizo presente Nicolás Soria, un individuo señalado por la justicia por desplegar presuntas acciones de violencia e intimidación contra el personal de la Prefectura Naval Argentina.

Nicolás Soria, a quien también se lo vincula con el alias de el estadounidense, habría intentado atentar contra la autoridad de los efectivos intervinientes mediante engaños, afirmando poseer contactos con organismos internacionales como la DEA e Interpol.

Las investigaciones judiciales abiertas en la sede de Goya apuntan a determinar las maniobras de un grupo de personas asociadas a la denominada Fundación Dupuy.

La hipótesis principal de la fiscalía señala que estas personas habrían llevado a cabo diferentes acciones tendientes a obstaculizar, obstruir y dilatar el accionar de la justicia en la búsqueda y esclarecimiento de la desaparición de un menor de edad ocurrida el trece de junio de dos mil veinticuatro.

Mediante ardides, falsas influencias y la simulación de títulos profesionales, los sospechosos habrían inducido a error a particulares y a funcionarios públicos.

Se investiga además la captación de fondos económicos producto de estas maniobras de engaño, dirigidas a personas del entorno del niño desaparecido que revestían la condición de eventuales víctimas en la causa principal.

Durante las extensas jornadas de interrogatorios judiciales, los defensores indagaron sobre el trato brindado por la abogada Cutaya y por un hombre de apellido Retamoso, quienes fueron vistos en las inmediaciones del hotel conversando con el personal de las fuerzas de seguridad.

Las actuaciones buscan reconstruir segundo a segundo la trama de complicidades, falsas identidades y encubrimientos que rodearon la custodia paralela en Nueve de Julio.

La causa continúa su avance para desenmascarar a los verdaderos responsables de haber montado una estructura clandestina a espaldas de la ley.

Fuente: UN CORRENTINO LIBERAL

Disclaimer: This story is fictional and created for entertainment purposes only. Any names, characters, places, or events are fictitious or used fictitiously. No real person or organization is intended to be portrayed.

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