¡ALERTAN POR MANIOBRA JUDICIAL PARA CERRAR LA CAUSA DE AGOSTINA VEGA! Revelan que el fiscal apuró el juicio para dejar impunes a tres cómplices clave
El entramado de impunidad judicial que pretende sepultar la verdad tras el salvaje crimen de Agostina Vega
El fiscal Raúl Garzón firmó la elevación a juicio por el femicidio de Agostina Vega en la provincia de Córdoba, enviando a la pauta del tribunal a Claudio Barrelier como autor material de un homicidio triplemente calificado por alevosía, ensañamiento y violencia de género.
Junto al acusado principal figuran como imputados por encubrimiento agravado Soledad Andriani, Marianela Palmero, Osvaldo Faceta, Matías Córdoba y Eugenia Azcarruz, estos dos últimos residentes de la casa donde se ejecutó el crimen.
La velocidad impuesta por el fiscal Raúl Garzón para cerrar la investigación desató la indignación de la familia de la víctima, debido a la existencia de personas clave que fueron mencionadas en el expediente y que la justicia omitió investigar de manera intencional.
El abogado Gino Torriani, representante legal de Gabriel Vega, padre de la menor asesinada, denunció formalmente que la decisión judicial representa un cierre prematuro para evitar que la causa se profundice y alcance a otros responsables directos.
Existen tres personas con una participación sustancial en los hechos que permanecen en total impunidad sin que la justicia haya resuelto su situación procesal antes de clausurar la etapa de instrucción.
La noche del 30 de mayo, la adolescente de 14 años fue secuestrada, abusada sexualmente, asesinada y descuartizada, para luego sufrir el descarte de su cuerpo en la vía pública.
Las pericias forenses confirmaron que el cuerpo de Agostina Vega permaneció entre 36 y 50 minutos oculto dentro de un freezer ubicado en el fondo de la vivienda antes de ser trasladado.
El abogado de Melisa, la madre de la menor, el doctor Nashi, confirmó que el sospechoso Claudio Barrelier contaba con un perfil criminal violento que le permitió engañar a la víctima, secuestrarla y ejecutar la masacre.
La investigación judicial omitió profundizar en una deuda que compartían Melisa y el asesino Claudio Barrelier, un vínculo económico que facilitó el acceso directo del criminal a la intimidad de la adolescente.
Ante las graves fallas del sistema y el cierre apresurado del expediente, Gabriel Vega, junto a Fernanda y Dolores, elaboraron el proyecto de la Ley Agostina Vega para su tratamiento en la Legislatura de Córdoba.
El proyecto de ley provincial busca consagrar el derecho inalienable de niños, niñas y adolescentes a ser escuchados de forma directa y sin la intermediación de sus tutores o representantes legales.
La necesidad de esta norma responde a que la mayoría de las situaciones de violencia, abusos y vulneración de derechos son cometidas por los propios familiares y tutores a cargo del cuidado de los menores.
La iniciativa impulsada por Gabriel Vega exige la restitución obligatoria de los gabinetes multidisciplinarios en los colegios de Córdoba, integrados por psicólogos, psicopedagogos y trabajadores sociales, los cuales fueron eliminados del sistema educativo hace más de 30 o 40 años.
La Ley Agostina Vega establece además la celeridad absoluta e inmediata ante denuncias de paradero por la desaparición de un menor, eliminando la falsa creencia de tener que esperar un plazo de 24 o 48 horas para iniciar la búsqueda oficial.
La vicegobernadora de Córdoba y legisladores de la oposición pertenecientes a la Unión Cívica Radical y al PRO recibieron a Gabriel Vega y a su abogado Gino Torriani para analizar el texto que busca prevenir casos de grooming, bullying, autolesiones y consumo problemático.
La presentación del proyecto se realizó de forma urgente ante el Poder Legislativo para lograr su aprobación e inclusión en el presupuesto provincial que se vota en el mes de noviembre.
Mientras el abogado Gino Torriani coordina una marcha masiva a las puertas de los tribunales para frenar la elevación a juicio impulsada por el fiscal Raúl Garzón, el debate sobre la responsabilidad del Estado se extendió al Poder Judicial nacional.
La jueza de Quilmes, la doctora Julia Márquez, advirtió sobre las falencias en la aplicación de las leyes penales y la falta de infraestructura ante la baja de la edad de imputabilidad.
La magistrada Julia Márquez sostuvo que las leyes penales suelen actuar de forma tardía, revictimizando a las familias golpeadas por hechos atroces como los sufridos por la pequeña Agostina Vega.
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