“ME TENGO QUE ESCAPAR”: EL AUDIO QUE BOCA LA VERDAD Y PONE EN JAQUE A LA JUSTICIA EN EL FEMICIDIO DE AGOSTINA VEGA
Sin rastros, sin respuestas y bajo la sombra de un pacto de silencio: la verdad que acorrala al entorno de Claudio Barrelier

El clamor por la niña Agostina Vega no se detiene y la investigación judicial por su femicidio atraviesa un punto de quiebre absoluto.
A más de cuatro meses del crimen, una masiva marcha frente a la Legislatura de Córdoba expuso la profunda fractura entre los familiares de la víctima y el accionar de la Justicia.
El epicentro de los reclamos apunta directamente a la figura de Claudio Barrelier, señalado como el principal detenido y responsable del hecho.
Sin embargo, tanto el padre de la menor, Gabriel Vega, como su abogada querellante, Fernanda Alaniz, afirman que la investigación ofrece una verdad a medias.
La familia de Agostina Vega sostiene de forma categórica que existen al menos tres o cuatro personas más involucradas en el crimen que continúan caminando por la calle con total impunidad.
Durante la movilización, Gabriel Vega exigió que caigan todos los responsables y apuntó contra el entorno cercano de Claudio Barrelier.
Para la querella, la esposa del imputado, Marianela Palmero, no debe ser calificada como una simple encubridora, sino como participante activa del hecho.
Fernanda Alaniz remarcó que Marianela Palmero estuvo dentro de la vivienda durante el desarrollo de los acontecimientos y habitó los sectores críticos del inmueble.
La letrada argumentó que Marianela Palmero residía en esa casa desde hacía trece años y que resulta imposible que no advirtiera la presencia de la niña en el mismo lugar donde consumía agua.
Por esta razón, la querella solicitó de manera formal el cambio de calificación legal para Marianela Palmero y exigió la pena de prisión perpetua para ella.
Las críticas de la abogada querellante también alcanzaron al funcionamiento del sistema judicial de la provincia de Córdoba.
Fernanda Alaniz responsabilizó directamente al fiscal Iván Rodríguez por haber otorgado la libertad a Claudio Barrelier en el marco de una causa previa iniciada en 2025.
En aquel expediente, Claudio Barrelier había sido investigado por privación ilegítima de la libertad e intento de violación en perjuicio de una joven llamada Milagros.
Según la postura de la querella, si el fiscal hubiera actuado con firmeza en aquel antecedente, el femicidio de Agostina Vega se habría evitado.
Asimismo, se denunciaron graves irregularidades en el resguardo de la escena del crimen durante los primeros tres días de la investigación.
Fernanda Alaniz afirmó que la vivienda permaneció liberada, permitiendo que personas identificadas como Viviana Brizuela, Angélica Barrelier y Mario Muñoz entraran y salieran del lugar sin ningún tipo de restricción.
Esta circulación ocurrió en un espacio donde posteriormente se hallaron restos biológicos pertenecientes a Agostina Vega.
Las actuaciones del fiscal Iván Rodríguez y del fiscal Raúl Garzón terminaron bajo el escrutinio de la Legislatura.
Legisladores de diversos bloques presentaron pedidos formales de enjuiciamiento contra ambos funcionarios para determinar si existieron negligencias en el ejercicio de sus funciones.
En el caso de Raúl Garzón, los cuestionamientos responden a presuntas demoras en la recepción de la denuncia inicial, el retraso en la activación del Alerta Sofía y la falta de celeridad para ordenar allanamientos.
Por su parte, la defensa de otro de los imputados, Osvaldo Faseta, intenta desvincularlo por completo del ataque contra la menor.
El abogado defensor, de apellido Medina Allen, sostuvo que Osvaldo Faseta desconocía los hechos atribuidos a Claudio Barrelier.
Según la versión de la defensa, Osvaldo Faseta mantuvo una conversación presencial de una hora y media con su letrado en el penal, donde admitió saber de la existencia de una deuda económica vinculada a la madre de la víctima, aunque afirmó ignorar su origen.
El abogado defensor indicó que la llamada telefónica realizada entre Osvaldo Faseta y Claudio Barrelier aquella mañana tuvo como único fin coordinar acciones relativas a la denuncia y la búsqueda de la menor.
Incluso se afirmó que Osvaldo Faseta acompañó a la madre de Agostina Vega hasta la comisaría para averiguar el procedimiento adecuado para radicar la exposición policial.
A pesar de estos argumentos, la querella exige que las afirmaciones de las defensas se contrapongan con la totalidad de las pruebas recolectadas en el expediente.
Uno de los elementos materiales más reveladores dentro de la causa lo constituye un archivo de audio grabado por la propia Agostina Vega desde el interior de un remis.
En la grabación se escucha a la niña decir: “No sé porque tengo que ir con mi con el novio de mi mamá para hacer una sorpresa de mi mamá. Me tengo que escapar”.
Los peritos y analistas del caso sostienen que este mensaje evidencia que Claudio Barrelier actuó con premeditación, a traición y al acecho.
El imputado fragmentó la información que entregaba a la madre para generar un entorno de falsa confianza y manipular la situación a su favor.
El rastreo técnico de las antenas de telefonía celular confirmó que el dispositivo móvil de Agostina Vega permaneció exactamente tres horas dentro de la vivienda de Claudio Barrelier.
La señal fijó la llegada de la menor a la propiedad entre las 10:35 y las 10:45 de la mañana, momento en que quedó registrada la apertura de la puerta de un garaje acondicionado.
Ese lapso de tres horas determina la franja temporal en la que la fiscalía presume que se consumó el femicidio.
Durante las etapas iniciales de la causa, los investigadores notificaron a la madre de la menor, Melisa Heredia, sobre el cambio en el objeto de la investigación, pasando de la hipótesis de búsqueda con vida a la localización del cuerpo.
La tensión acumulada durante las jornadas de rastrillaje provocó momentos de profunda angustia en la familia.
Durante una de las movilizaciones, la madre de la víctima, Melisa Heredia, sufrió una descompensación física que requirió la asistencia de sus padres, Elizabeth y Miguel.
En esa ocasión, el abuelo de la niña, Miguel, exigió la intervención de un gabinete psicológico y reclamó que las autoridades intensifiquen los operativos en todo el territorio provincial.
La marcha contó además con la presencia de familiares de otras víctimas de hechos violentos, entre ellos la madre de Soledad Laciar (mamá de Valentino Blas Correas), los padres de Catalina Gutiérrez, el padre de Natalia Melman, Gustavo Melman, y los progenitores de una víctima identificada como Liam.
Mientras la causa se encamina hacia la elevación a juicio, la querella insiste en que el cierre de la instrucción resulta prematuro si no se incluye a la totalidad de las personas imputadas.
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