“¡CÓMO LE VAN A CREER!”: Las pruebas destruidas, las mentiras de los acusados y el pacto de impunidad que paraliza a todo el país.
El escándalo judicial y las escandalosas omisiones que buscan instalar la hipótesis del accidente en el caso del niño desaparecido
El juicio oral por la desaparición del menor Loan atraviesa un escenario cargado de severas irregularidades y un descontento generalizado ante el accionar de las autoridades judiciales.
La actuación de la jueza federal a cargo del proceso generó un fuerte repudio tras dictar el sobreseimiento por la figura de trata de personas a los principales imputados en plena etapa de debate.
Diversos analistas y trabajadores del sector judicial señalaron que la magistrada actuó bajo intensas presiones dictadas por sectores con alto poder político.
Sobre la jueza pesan al menos siete denuncias previas ante el Consejo de la Magistratura por la fabricación de causas judiciales con fines personales y hostigamiento.
El 12 de septiembre de 2026, durante el Noveno Encuentro Nacional de la Juventud Judicial, trescientos jóvenes del fuero repudiaron su labor y advirtieron al organismo sobre los intentos de garantizar la impunidad en el expediente.
La magistrada enfrenta una indagatoria y la aplicación del artículo 20 por unanimidad, lo que la sitúa al borde de la remoción o de una severa sanción disciplinaria.
Por su parte, el desempeño de la fiscalía durante las audiencias ha sido calificado como inoperante y desinteresado al no confrontar los testimonios presentados.
Durante las declaraciones de la acusada Laudelina, el fiscal evitó formular preguntas cruciales sobre las marcadas inconsistencias de su relato.
Laudelina afirmó ante el tribunal que al regresar del naranjal observó que la camioneta perteneciente a Carlos Pérez y María Victoria Cailaba aún se encontraba en el lugar, pero que el niño ya había desaparecido.
El Ministerio Público no cuestionó cómo era posible sostener la hipótesis de un arrollamiento vehicular si la camioneta continuaba estacionada en el sitio tras la ausencia del menor.
De igual manera, el acusado Walter Maciel declaró haberse enterado de la teoría del atropellamiento únicamente estando privado de su libertad en la cárcel.
Ninguna de las partes interrogó a Walter Maciel sobre quién le transmitió esa información dentro del penal ni por qué motivo la incorporó a su defensa.
Existen elementos no investigados en el expediente sobre la estrecha relación entre Laudelina y el excomisario Walter Maciel, quienes mantuvieron reuniones a puertas cerradas en la comisaría durante las primeras horas de la búsqueda.
Asimismo, el testimonio del oficial de policía Orlando Ezequiel Cáceres complicó la situación procesal de Walter Maciel.
Orlando Ezequiel Cáceres denunció de manera concreta que el excomisario le ordenó alterar los horarios y los asentamientos de las actas en el libro de guardia de la comisaría durante las horas críticas de la investigación.
Las hojas adulteradas, tachadas o removidas del libro oficial de la dependencia policial no han sido localizadas por el tribunal.
El periodista Enrique Ortiz recordó los episodios de tensión vividos en la localidad de 9 de Julio al inicio del caso.
Enrique Ortiz enfrentó físicamente a Walter Maciel cerca de las 21:00 horas del día de las primeras marchas, cuando el jefe policial le cerró la puerta en la cara a la prensa y dejó atrapado a un camarógrafo en el interior del edificio.
Los pobladores de 9 de Julio reaccionaron con indignación ante el operativo policial inicial debido a antecedentes previos de capturas de menores en la zona.
Se constataron procedimientos irregulares donde Walter Maciel acudió personalmente a tomar fotografías a niños en viviendas particulares y en escuelas de San Roque, una localidad ajena a su jurisdicción.
Durante el despliegue inicial, los efectivos policiales recibieron órdenes estrictas de no rastrillar determinados perímetros y limitar la búsqueda únicamente al entorno cercano.
Laudelina reveló que un hermano de la víctima solicitó expulsar a los periodistas del canal Crónica mediante el uso de la fuerza física.
Enrique Ortiz confirmó la agresión con piedras sufrida por el equipo periodístico en la vivienda de la abuela Catalina, señalando que la madre del menor, María, fue la única integrante del grupo familiar dispuesta a brindar declaraciones a los medios nacionales.
Paralelamente, la querella enfocó sus intervenciones en incidentes ocurridos en el hotel donde permanecieron Camila y Macarena, desviando la atención de los hechos principales.
Existe una causa penal paralela impulsada sin la debida intervención fiscal en la que se acusó a comunicadores, entre ellos Enrique Ortiz, de recibir financiamiento del gobierno de Rusia para provocar conmoción nacional.
Esta hipótesis es promovida en el expediente por el abogado Alejandro Vecchi.
La Procuraduría de Trata y Explotación de Personas (PROTEX) y la Fiscalía Federal de Goya interpusieron pedidos de nulidad absoluta sobre esta investigación paralela y denunciaron las maniobras ante la Cámara.
En el marco de este expediente secundario se ordenaron medidas de prueba que incluyeron intervenciones telefónicas y el levantamiento del secreto bancario y fiscal a múltiples periodistas sin su conocimiento.
Por otro lado, la fiscal del juicio comenzó a brindar entrevistas a medios radiales de amplia audiencia y plataformas de streaming para sugerir públicamente la posibilidad del accidente.
Para las próximas audiencias se espera la continuidad del testimonio de Walter Maciel y las eventuales declaraciones de Carlos Pérez y María Victoria Cailaba.
Los peritajes realizados sobre los teléfonos celulares de Carlos Pérez contienen material clave sobre presuntas conductas de pedofilia que no han sido confrontadas por la fiscalía.
El proceso judicial avanza hacia la absolución de los procesados bajo la figura del accidente vial por falta de pruebas y por la deficiente actuación de la instrucción.
Actualmente, el paradero del menor continúa siendo desconocido.
Fuente: Radio Gráfica FM 89.3
