¡Escándalo sin precedentes en el poder! Secretos de cárcel, chuzadas ilegales y la caída definitiva de la mujer más poderosa del gobierno
Caída en desgracia de una poderosa exfuncionaria y extradiciones masivas sacuden la política en Colombia
En las oficinas judiciales y los pasillos de poder en Bogotá se confirmó el colapso definitivo de la negociación que buscaba salvar a Laura Sarabia, una de las figuras más poderosas y del círculo más íntimo del expresidente Gustavo Petro.
El intento de acuerdo mediante justicia restaurativa que incluía una reparación económica y la aceptación de responsabilidad frente a Marelvis Meza, la niñera sometida ilegalmente a un polígrafo por la pérdida de un dinero en el apartamento de la exfuncionaria, se cayó por completo.
La Fiscalía General de la Nación cuenta con todos los elementos para presentar una imputación formal de cargos contra Laura Sarabia por abuso de función pública, peculado por uso y constreñimiento ilegal.
Dos de estos delitos conllevan penas de cárcel de entre seis y ocho años según el Código Penal.
La decisión del ente investigador se aceleró tras la negociación judicial de un policía implicado en las chuzadas ilegales, el uniformado Mojica, quien tramitó órdenes falsas para interceptar el teléfono de Marelvis Meza.
En la lista de delaciones entregada por el uniformado, el primer nombre que figuró fue el de Laura Sarabia.
La exfuncionaria reaccionó mediante una publicación en la red social X afirmando su disposición a colaborar y someterse a las decisiones de la justicia.
Paralelamente, el gobierno de Abelardo de la Espriella firmó la extradición a Estados Unidos de cinco cabecillas criminales que actuaron como voceros, negociadores y gestores de paz durante el mandato de Gustavo Petro.
Los extraditados son Willington Henao Gutiérrez, alias Mocho Olmedo; Carmen Evelio Castillo, alias Muñeca; Giovanny Andrés Rojas, alias Araña; Gabriel Yépez Mejía, alias HH; y Fredy Castillo Castillo, alias Pinocho.
De este grupo, Mocho Olmedo, Muñeca y Araña permanecen detenidos, mientras que los otros dos se encuentran en libertad.
Las investigaciones periodísticas dirigidas por Ricardo Calderón, jefe de la unidad investigativa de Noticias Caracol, junto a los periodistas Catalina Vargas, Juan Roberto Vargas y Juan David Laverde, expusieron las irregularidades que cometieron estos hombres mientras gozaban de beneficios estatales.
Uno de los escándalos más graves salpicó a Mocho Olmedo, exintegrante del Frente 33 de las FARC.
Tras entregarse al Ejército, en lugar de permanecer recluido en una cárcel a la espera de su extradición, permaneció oculto durante 55 días en un apartahotel del barrio Chapinero en Bogotá, bajo la custodia y protección de la Dirección Nacional de Inteligencia (DNI) sin justificación legal.
La Corte Suprema de Justicia descubrió la anomalía al intentar notificarle la orden de extradición y constatar que la Fiscalía no tenía la custodia del detenido.
Solamente tras la revelación pública del caso, el procesado fue trasladado a la cárcel La Picota.
Durante los cuatro años de la política de paz total, los grupos armados al margen de la ley incrementaron su pie de fuerza en un 90%.
En el año 2022, las organizaciones criminales sumaban cerca de 15.000 hombres en armas, cifra que se disparó a casi 28.000 combatientes al finalizar el gobierno de Gustavo Petro, en paralelo con el aumento de masacres, extorsiones y reclutamiento de menores.
Otro de los extraditados de alto perfil es Giovanny Andrés Rojas, alias Araña, líder de los Comandos de la Frontera y señalado por el asesinato sistemático de líderes sociales.
Alias Araña fue capturado por agentes del CTI en febrero del año 2025 en un hotel de Bogotá, justo al término de la rueda de prensa que cerraba el tercer ciclo de negociaciones con el Ejecutivo.
La detención provocó un choque institucional entre el entonces comisionado de paz Oti Patiño, quien calificó el operativo como un entrampamiento, y la entonces ministra de Justicia Ángela María Buitrago, quien renunció a su cargo tras el incidente.
Documentos de la justicia de Estados Unidos revelan que entre enero de 2017 y febrero de 2025, alias Araña lideró operaciones de narcotráfico a gran escala, incluyendo el envío de embarcaciones con cargamentos de entre 700 y 800 kilogramos de cocaína interceptados en coordinación con autoridades mexicanas en marzo de 2024.
Estando privados de la libertad en Colombia, alias Araña, Mocho Olmedo, HH y Muñeca manifestaron su intención de declarar ante las autoridades sobre los ofrecimientos y promesas que recibieron por parte del gobierno de Gustavo Petro para mantenerse en las mesas de negociación.
La Fiscalía colombiana omitió tomar estas declaraciones.
Toda la información será entregada directamente al Departamento de Justicia de los Estados Unidos.
El panorama salpica de igual manera los antecedentes de la campaña presidencial de 2022.
La extradición del narcotraficante alias Pipe Tuluá ratificó los compromisos del denominado pacto de La Picota.
En aquel momento, el excomisionado de paz Danilo Rueda y Juan Fernando Petro, hermano del expresidente, ingresaron al centro penitenciario para realizar ofrecimientos directos a los extraditables.
El propio Juan Fernando Petro admitió posteriormente que mediante esas visitas a los penales consiguieron un millón de votos para la campaña.
En Washington, los altos mandos del Departamento de Justicia mantienen una postura crítica frente al desempeño de la fiscal general Luz Adriana Camargo.
Las autoridades estadounidenses señalan a la Fiscalía de actuar como un apéndice de la oficina del comisionado de paz, al otorgar constantes concesiones y suspender órdenes de captura que facilitaron el envío de miles de toneladas de cocaína hacia territorio norteamericano.
Fuente: Crisis y Poder
