¡GOLPE DE TEATRO JUDICIAL! Frenan el contrato de pasaportes con Portugal y se destapa la trama secreta de los algoritmos electorales
La escandalosa maniobra judicial y los pactos secretos que encendieron la guerra total por el control de los pasaportes en Colombia
Una verdadera tormenta política y jurídica sacudió al país tras conocerse la contundente decisión del Tribunal Administrativo de Cundinamarca de frenar de manera cautelar el nuevo esquema de pasaportes implementado por el gobierno de Gustavo Petro.
El fallo judicial ordenó la suspensión provisional del convenio interadministrativo celebrado entre la Cancillería de Colombia, el Fondo Rotatorio del Ministerio de Relaciones Exteriores y la Imprenta Nacional de Colombia junto a la entidad pública internacional Casa de la Moneda de Portugal.
La providencia otorgó un plazo perentorio de 20 días hábiles para que las entidades involucradas entreguen un informe conjunto detallado sobre las fases en marcha, compromisos, cronogramas, ubicación de centros de producción e identificación de contratistas o subcontratistas.
La medida cautelar dictada dentro de una acción popular no supone la nulidad definitiva de los convenios ni la interrupción del servicio para los ciudadanos que requieren viajar al exterior.
La decisión judicial desató la inmediata y feroz reacción del expresidente Gustavo Petro, quien denunció públicamente que el fallo constituye un triunfo parcial de los hermanos Bautista, propietarios de la firma Thomas Greg & Sons.
Gustavo Petro afirmó que el trasfondo real de la suspensión busca pagar un favor político y consolidar un fraude electoral en favor del gobierno del presidente Abelardo de la Espriella.
El exmandatario recordó sus alertas emitidas desde marzo y abril de 2026, sosteniendo que existieron reportes de inteligencia sobre conversaciones entre los hermanos Bautista y Abelardo de la Espriella para intercambiar la devolución del multimillonario negocio de los pasaportes a cambio de algoritmos que aseguraran la presidencia.
Gustavo Petro cuestionó con dureza que los hermanos Bautista no hayan devuelto las claves del sistema, alertando que la entrega de la base de datos ciudadana amenaza la soberanía nacional.
El líder político advirtió que la información de los colombianos terminaría integrada en los softwares de vigilancia de la empresa Palantir, vinculada al inversionista Peter Thiel, relacionando dicha tecnología con políticas de control migratorio.
Frente a la gravedad de los hechos, Gustavo Petro solicitó formalmente a su bancada legislativa iniciar un debate de control político urgente e instó al procurador general a revisar los alcances del denominado tecnofascismo.
Gustavo Petro hizo un llamado directo a las fuerzas jurídicas y sociales de Colombia y Portugal para defender el contrato firmado con la Casa de la Moneda de Portugal, entidad que ya entregó medio millón de libretas.
En medio de la controversia mediática, el abogado Nicolás Dupont Bernal, gestor de la acción judicial desde la Fundación DeJuSticia, concedió una entrevista al periodista Juan Carlos Mateus en Caracol Radio.
Durante el diálogo periodístico conducido por Juan Carlos Mateus y Nicolás, el jurista Nicolás Dupont Bernal defendió la legalidad de la medida cautelar argumentando un grave riesgo para el patrimonio público, la moralidad administrativa y la sostenibilidad financiera de la Imprenta Nacional de Colombia.
Nicolás Dupont Bernal sostuvo que la Imprenta Nacional de Colombia no cuenta con la capacidad técnica autónoma para asumir el modelo hacia el año 2031, calificando el esquema saliente como ilegal e insostenible.
Ante las reiteradas preguntas de la mesa de trabajo sobre si representaba a la empresa Thomas Greg & Sons, Nicolás Dupont Bernal negó rotundamente cualquier vínculo comercial, asegurando actuar de forma independiente como actor popular en favor de los ciudadanos.
Sin embargo, sectores afines al exgobierno tildaron la acción de Nicolás Dupont Bernal como una estratagema coordinada para favorecer los intereses de Thomas Greg & Sons y del presidente Abelardo de la Espriella.
Las autoridades judiciales avanzan en la revisión de los documentos mientras se vence el plazo otorgado a la Cancillería para sustentar la continuidad del contrato internacional.
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