¡EL MONTAJE DEL AÑO AL DESCUBIERTO! Inventan un atentado a bala contra el helicóptero presidencial para ocultar la grave crisis de seguridad nacional
El montaje mediático diseñado para victimizar a la figura presidencial colapsó tras la difusión masiva de un falso atentado en la frontera con Venezuela.
En la noche del primero de septiembre de 2026, plataformas digitales, medios de extrema derecha y redes de cuentas automatizadas coordinaron la divulgación de un supuesto ataque armado contra el helicóptero que transportaba al presidente Abelardo de la Espriella en Cúcuta.
La narrativa oficialista sostuvo que la aeronave fue impactada por ráfagas de fusil disparadas por integrantes del Ejército de Liberación Nacional durante su desplazamiento hacia la Brigada 30 del Ejército Nacional, obligando a modificar la agenda para efectuar un traslado terrestre urgente.
El generador de contenido de extrema derecha Eduardo Menoni difundió el material audiovisual que aseguraba la existencia de una investigación en curso por el intento de derribo del helicóptero presidencial tras su arribo al Aeropuerto Internacional Camilo Daza.
El reporte manipulado vinculó el incidente con la alerta máxima generada en el departamento de Norte de Santander y con el ataque previo contra la estación de policía del municipio de Los Patios, que dejó un saldo de un civil muerto y varios heridos.
La maniobra informativa fue desmontada públicamente cuando Miller Soto confirmó que Abelardo de la Espriella no abandonó la capital nortesantandereana por motivos de seguridad, sino que se retiró de la zona tras cumplir los compromisos agendados para dirigirse a otros eventos programados.
La rectificación obligó a los promotores de la versión del atentado a eliminar las publicaciones de sus perfiles en la red social X, dejando en evidencia un intento de manipulación mediática para victimizar al jefe de Estado.
Durante su permanencia en Cúcuta, Abelardo de la Espriella acusó directamente al gobernador departamental y a varios alcaldes locales de sostener alianzas operativas con estructuras delictivas del Ejército de Liberación Nacional.
Las declaraciones del mandatario nacional se produjeron tras el reporte de las tropas del Ejército Nacional en el corregimiento de Agua Clara, donde se aseguró un vehículo hurtado que dio positivo para carga explosiva tras la huida de sus ocupantes en una motocicleta.
Pese a los anuncios de neutralización de acciones armadas en el área rural de Cúcuta, el 2 de septiembre de 2026 se registró un nuevo ataque con explosivos contra la subestación de policía en la localidad de El Burro, ubicada en el municipio de Pailitas, al sur del departamento del Cesar.
El despliegue comunicacional en torno a la figura presidencial responde a las coordinaciones desarrolladas entre la campaña oficialista y asesores internacionales como Agustín Laje, Javier Negre y Fernando Cerimedo, cuya esposa, Nadia Beller, confirmó la realización de encuentros estratégicos previa verificación del periodista Ricardo González Duque.
En el ámbito regional, el periodista Manolesco documentó que el Ejército de Liberación Nacional mantiene presencia constante a diez minutos del casco urbano de Cúcuta sobre la vía hacia San Faustino, evidenciando la capacidad de la organización armada para ejecutar operaciones en la zona fronteriza.
Paralelamente, la política de seguridad nacional enfrenta un giro estructural tras las evaluaciones presentadas por el senador del Partido Alianza Verde, Ariel Ávila, en diálogo con Julio Sánchez Cristo.
Ariel Ávila señaló el cierre del modelo de negociación de la Paz Total implementado durante la administración de Gustavo Petro con el Ejército de Liberación Nacional, las disidencias comandadas por Calarcá y la Segunda Marquetalia, exceptuando dinámicas puntuales como las de Comuneros del Sur en Nariño y el Comando de Fronteras en Putumayo.
El congresista anticipó que entre septiembre y finales de octubre el gobierno de Abelardo de la Espriella presentará la renovación de la Ley de Orden Público, marco legal vigente desde 1997, acompañado del proyecto del Estatuto Antiterrorista para tipificar a toda organización criminal como estructura terrorista e imponer un esquema de sometimiento colectivo por vía judicial.
Por su parte, el representante Triana celebró la finalización de las concesiones otorgadas a los grupos armados, argumentando que entre el año 2022 y junio del año en curso el número de hombres en armas pasó de 15,000 a 28,000, mientras que el control territorial se expandió de 253 a 809 municipios.
Triana sostuvo que el ejecutivo debe concentrarse en la recuperación del control estatal mediante la confrontación armada antes de tramitar cualquier marco de sometimiento ante el Congreso de la República.
La ruptura de los diálogos de paz y la implementación de medidas restrictivas de orden público consolidan un escenario de escalada del conflicto en los territorios más vulnerables del país.
Fuente: LibreMente Política
