¡ALERTA MUNDIAL: EL CONSEJO DE ESTADO ACORROLA A ABELARDE DE LA ESPRIELLA Y EVALÚA SUSPENDER SU PRESIDENCIA POR UN FRAUDE DIGITAL MASIVO! 💥 La demanda que sacude los cimientos de la democracia colombiana entra en su fase más crítica y explosiva…
El jaque judicial y el rastreo digital que amenazan con anular la elección presidencial en el Consejo de Estado
La legitimidad de la jefatura de Estado tambalea tras la admisión de una demanda sin precedentes en la Sección Quinta de la Sala de lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado.
El recurso judicial fue radicado a principios de agosto por el analista Damián Garcés, conocido públicamente como Aquelarre 118, en conjunto con el colectivo de abogados y testigos digitales integrado por Jaime Casadiego León, William Roy Villanueva Meléndez, Alexander Montaña Narváez, Sixto Acuña Acevedo y Luis Alfredo Onofre Valencia.
El pilar de la acción de nulidad electoral apunta de manera directa contra la Resolución E-3181 de 2026 expedida por el Consejo Nacional Electoral, documento que certificó la elección de Abelardo de la Espriella como presidente de la República y de José Manuel Restrepo en la vicepresidencia.
El magistrado ponente Omar Joaquín Barreto Suárez emitió un auto con fecha del 3 de septiembre de 2026 para iniciar formalmente el trámite de la medida cautelar de suspensión provisional de los efectos de dicho acto administrativo.
La decisión del magistrado Omar Joaquín Barreto Suárez ordenó correr traslado por un término común de cinco días hábiles a los demandados Abelardo de la Espriella y José Manuel Restrepo, así como al presidente del Consejo Nacional Electoral, a la Registraduría Nacional del Estado Civil y al Ministerio Público.
Durante este periodo fijado por el alto tribunal, las partes notificadas deben exponer las consideraciones pertinentes para defender la validez jurídica de la credencial presidencial ante la solicitud de cesar temporalmente las facultades del Poder Ejecutivo.
La fundamentación técnica presentada por Damián Garcés y su equipo trasciende las anomalías tradicionales detectadas en los formularios E14 físicos, enfocándose en la vulneración cibernética de las plataformas institucionales de la Registraduría Nacional del Estado Civil.
Los demandantes aportaron peritajes digitales que documentan la remoción intencional de la seguridad del sistema electoral mediante la desactivación de los claveros y la eliminación del candado de seguridad hash.
El expediente incorpora el testimonio documentado por la ciudadana Andrea Zavala durante las votaciones en California, donde se detectó que los formularios E14 escaneados y subidos originalmente a la red oficial desaparecieron temporalmente, dejando la plataforma en blanco antes de reaparecer días después mediante una estructura digital paralela y vulnerable.
El jurista William Roy Villanueva Meléndez expuso detalladamente estos elementos probatorios en el canal institucional del Estado en compañía del expresidente Gustavo Petro.
El exmandatario Gustavo Petro había advertido con anterioridad sobre las presuntas maniobras tecnológicas y contractuales vinculadas a la firma Thomas Greg and Sons para intervenir en la transmisión de los datos electorales.
La estrategia tecnológica descrita en la demanda señala la implementación en el territorio nacional de la denominada estrategia Isaías, un modelo de manipulación de software e infraestructura digital atribuido a convenios e influencia de Israel en la región.
Esta herramienta cibernética se vincula con antecedentes de espionaje como las operaciones Pegasus y Júpiter, salpicando mediáticamente a figuras del periodismo como Vicky Dávila.
El impacto de este despliegue informático proyecta la participación de operadores de la Registraduría Nacional del Estado Civil, como Hernán Penagos, en la supervisión de próximos comicios en Brasil, alertando a la comunidad internacional sobre la exportación del software a otros gobiernos del continente.
El colectivo de testigos digitales ratificó que la acción judicial busca la nulidad absoluta de los comicios para convocar a nuevas elecciones presidenciales, sosteniendo que la comprobación de la ilegitimidad destruye la validez legal del mandato ejercido desde la Casa de Nariño y la sede alterna en Barranquilla.
Fuente: LibreMente Política
