¡SE LES ACABÓ LA FIESTA! El video grabado desde la prisión que al descubierto la red de extorsión de 1.000 millones de pesos.
El perturbador mecanismo de llamadas desde la cárcel con el que se sometió a todo un sector comercial.
El poder del crimen organizado ha demostrado romper los límites de las rejas penitenciarias.
El señalado cabecilla de Los Costeños, conocido como Negro Over, fue judicializado nuevamente por su participación directa en una red de extorsiones que sometió de manera sistemática a tenderos, comerciantes, vendedores informales y residentes en Barranquilla, Soledad y Galapa.
Privar de la libertad a un líder criminal no garantizó la neutralización de su capacidad de actuación, debido a que la estructura conservó sus canales de comunicación, sus recursos y su presencia en el territorio.
La Fiscalía estableció que Negro Over coordinó y dirigió exigencias económicas durante los años 2025 y 2026 desde el interior de las celdas de los centros penitenciarios donde permaneció recluido.
Para sostener el mecanismo de intimidación sobre las víctimas, el cabecilla recurrió de forma constante al uso de panfletos intimidatorios, llamadas telefónicas y videollamadas.
El análisis criminológico confirmó la existencia de una estructura híbrida que mantuvo una dirección jerárquica arriba, pero operó como una red articulada en la calle para ejecutar las instrucciones del líder.
Un hecho documentado en la investigación ocurrió el 2 de julio de 2025, cuando un comerciante que guardaba su vehículo cerca de un billar en Soledad fue interceptado por hombres armados.
La víctima fue retenida y trasladada hasta el sector conocido como el Round Point en Galapa, donde fue obligada a sostener una videollamada directa con Negro Over.
Desde la prisión, el cabecilla le exigió de forma tajante la suma de 10 millones de pesos a cambio de regresarle el vehículo y permitirle continuar con su actividad comercial.
En la comunicación, Negro Over le advirtió que no quería errores con el dinero al mediodía del día siguiente, utilizando la transmisión en vivo desde su lugar de reclusión como una exhibición de poder para inhibir la denuncia.
Pocos días después, el 14 de julio de 2025, la misma víctima fue contactada de nuevo y retenida para exigirle la entrega de otros 13 millones de pesos.
Sumando ambos episodios de extorsión, la exigencia económica contra la misma persona alcanzó los 23 millones de pesos.
Como parte del material probatorio, la Fiscalía presentó una grabación de audio y video donde el rostro de Negro Over quedó plenamente registrado durante la videollamada realizada a la víctima.
Reportes de las autoridades señalaron que la estructura vinculada a Los Costeños utilizó cuentas bancarias y billeteras digitales a nombre de la llamada Oficina de la Cota Los Costeños para recaudar cerca de 1.000 millones de pesos producto de cobros ilegales en la región.
Informes adicionales revelaron que esta red criminal lograba una recaudación cercana a los 50 millones de pesos semanales.
Los delitos formalmente imputados en la orden de captura corresponden a homicidio agravado simple, hurto calificado agravado y concierto para delinquir.
Junto a la judicialización del jefe criminal, la Fiscalía vinculó al proceso a otros siete presuntos integrantes de la organización criminal.
Entre las personas señaladas de formar parte de esta red externa se encuentran personas identificadas en las interceptaciones como Franky, involucradas en labores de comunicación, tareas de intimidación a víctimas y recaudación del dinero ilícito.
Esta estructura criminal operó como una heredera directa de las dinámicas armadas de las antiguas bandas conocidas como Los Rastrojos Costeños, las cuales han mutado de nombre para evitar el accionar de las autoridades.
En respuesta a los graves hallazgos sobre las fallas de control penitenciario, el presidente Abelardo de la Espriella confirmó a finales de agosto de 2026 el traslado de Negro Over desde la cárcel de Palogordo, ubicada en Girón, Santander.
El mandatario lanzó una clara advertencia al director del Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario exigiendo resultados inmediatos y declaró públicamente que se les acabó la fiesta a los criminales dentro de las prisiones.
Durante las diligencias de traslado, Negro Over reaccionó de manera violenta profiriendo insultos y amenazas dirigidas hacia los comerciantes, jurando que pagarían por lo sucedido y amenazando a los agentes que ejecutaban el procedimiento.
Además, en enero de 2026 se conoció que Negro Over sumó una condena adicional de 36 meses de prisión por el delito de amenazas contra una funcionaria judicial vinculada a sus investigaciones.
La Fiscalía deberá probar ante los jueces la responsabilidad penal de cada uno de los procesados, en medio de un expediente que evidencia el grave alcance de la extorsión coordinada desde el encierro penitenciario.
Fuente: Impacto Mundo y Testigo Directo
