RAFAEL PALACIOS, PERIODISTA – JUICIO EN LA CAUSA DE LOAN PEÑA
Un abogado defensor imputado por integrar una banda narco, maniobras para contaminar las declaraciones de los testigos menores de edad y un rechazo judicial fulminante marcan el pulso de una de las causas más complejas y convulsas de los últimos tiempos.
El caso dio un vuelco drástico con la situación procesal de un abogado que actuaba como nexo directo de una organización criminal de Rosario en lugar de ejercer la defensa técnica de sus asistidos.
El letrado se encuentra imputado por el delito de asociación ilícita al considerarse su participación como un elemento necesario dentro de la estructura delictiva.
Las investigaciones confirmaron que el profesional enviaba directivas desde el interior de los penales hacia el exterior mediante una maniobra específica que consistía en colocar dos teléfonos celulares enfrentados entre sí para enlazar las llamadas.
El punto de quiebre en la causa ocurrió cuando se interceptó una directiva precisa en la que se ordenaba contactar a un sicario para atentar contra una persona determinada.
Las fuerzas de seguridad desplegaron un operativo de detención sobre la calle Scalabrini Ortiz y en la zona de Palermo en la ciudad de Buenos Aires con la intervención conjunta de la Policía Federal Argentina y la Secretaría de Inteligencia del Estado.
Los investigadores actuaron tras interceptar intervenciones telefónicas que confirmaron la planificación de un hecho delictivo ejecutado previamente en Gálvez y la orden posterior de contratar al sicario.
En paralelo, la causa expuso una red de usurpación de títulos en la localidad de 9 de Julio a través de la supuesta fundación Dupuy.
Pablo Núñez figura acusado de hacerse pasar por psicólogo y cobrar por servicios profesionales sin poseer la titulación correspondiente.
La investigación determinó que los integrantes de dicha organización se arrogaban la profesión médica sin ser psicólogos con la única excepción de Rossi Colombo, profesional tucumano especializado en declaraciones testimoniales.
Rossi Colombo prestó declaración ante la justicia tras ser detenido un día jueves, lo que derivó en la detención del resto de los involucrados durante el día domingo.
La jueza Cristina Pozzer Penzo señaló en su dictamen que el objetivo central de este grupo consistió en la contaminación de los testigos principales, enfocándose directamente en los niños.
Los falsos profesionales ingresaron a la causa bajo el argumento de brindar asistencia psicológica a Macarena y a Camila, pero se dedicaron a hacer dibujos con los menores para alterar los elementos clave de las cámaras Gesell.
Por otra parte, el abogado Ditela, defensor oficial de Antonio Benítez, presentó un recurso de recusación de 26 páginas contra el juez Ceroleni acusándolo de parcialidad y de favorecer a la fiscalía.
Los demás defensores de la causa, entre ellos Fito Baqué, Leiro y Ponce, rechazaron la medida presentada por Ditela y se mostraron sorprendidos por la acción.
Integrantes del Tribunal Oral Penal Federal aplicaron la figura jurídica de rechazo in límine a la presentación de Ditela, desestimando las 26 páginas de argumentación sin darle tratamiento en el expediente por considerarlo improcedente.
La defensa sostenida por Ditela afirma que Antonio Benítez no tiene vinculación con el hecho tras haberse retirado al naranjal antes de la llegada de los niños.
La situación procesal de Antonio Benítez se complica por una llamada telefónica de nueve minutos mantenida con Laudelina Peña entre las 14:17 y las 14:25, lapso exacto en el que ocurrió la sustracción de Loan.
La comunicación ocurrió mientras Laudelina Peña se encontraba en la casa de la abuela Catalina junto a María Victoria Caillava, coincidiendo con el momento en que emprendían el regreso hacia 9 de Julio y se alertó sobre la desaparición del niño.
En el ámbito procesal, los fiscales de la Protex, encabezados por Mangano, interpusieron recursos luego de que la jueza resolviera el sobreseimiento de ocho imputados al considerar que no existen elementos para sostener la hipótesis de trata de personas.
En un hecho policial independiente ocurrido en la avenida Río Chico y los Tulipanes, una mujer de 45 años identificada como Cintia Cabral perdió la vida tras ser embestida por un patrullero Toyota Corolla.
El móvil involucrado pertenecía a la comisaría 24 y era conducido por dos efectivos de la comisaría 17 que se dirigían hacia la fiscalía.
La justicia investiga si los agentes policiales contaban con la autorización correspondiente para manejar el vehículo, debido a que no eran los choferes habituales y la comisaría 17 utilizaba la unidad prestada por tener sus propios móviles en el taller y en el juzgado.
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