¡ALERTA MÁXIMA EN OLIVOS! LA CRISIS SIN FRENO, EL NEGOCIO DE LAS PROTESIS Y LAObsesión MÁS REVOLTANTE DEL PODER
La dramática caída del consumo y el desempleo récord al descubierto en el sombrío escenario social argentino
El descalabro de la actividad económica interna y la profundización de la vulnerabilidad social han alcanzado dimensiones desconocidas al confirmarse oficialmente los indicadores del Instituto Nacional de Estadística y Censos.
El periodista Rolando Graña expuso de manera minuciosa la radiografía de una crisis estructural que supera los niveles históricos del año 2001, obligando a los trabajadores a deshacerse de sus propias herramientas de labor para subsistir.
El informe macroeconómico reveló una contracción del Producto Bruto Interno del 0,6% intermensual, acompañada por un derrumbe del 2,4% en el consumo privado y una paralización total de la inversión.
En el ámbito industrial, la inactividad operativa forzó a los empresarios a entregar sus maquinarias pesadas por falta de viabilidad comercial en un contexto de desinterés por la producción.
La desocupación nacional trepó de forma ininterrumpida desde el 7,5% al 7,8% y posteriormente al 7,9%, acumulando la cifra alarmante de 550,000 nuevos desocupados en un período de seis meses.
En los cordones urbanos el panorama es aún más severo, registrando un desempleo del 10% en Córdoba, 9,7% en Rosario, Mar del Plata y Bahía Blanca, 8,7% en La Plata y 8,8% en el Gran Buenos Aires.
El colapso de las importaciones evidenció la imposibilidad del mercado local para adquirir insumos industriales y bienes de consumo, consolidando un esquema financiero concentrado en un reducido grupo de grandes exportadores.
En el mercado laboral, la calidad del empleo formal se desmoronó de manera drástica, provocando un aumento vertiginoso del trabajo informal y la proliferación de redes ilegales de juego virtual y narcotráfico.
El número de personas atrapadas en la pobreza escaló hasta alcanzar a 15 millones de ciudadanos en todo el territorio nacional, sumando tres trimestres consecutivos de deterioro social.
En el frente fiscal, el ministro Luis Caputo prometió la llegada de un ciclo de prosperidad económica, mientras el presidente Javier Milei celebró una cifra inflacionaria mayorista que luego se disparó al 2,1% mensual.
Dentro del presupuesto nacional presentado ante el Congreso, el Poder Ejecutivo dispuso severos recortes sobre los sectores de salud, educación, ciencia y discapacidad, incrementando únicamente las partidas destinadas a la Secretaría de Inteligencia del Estado.
El presidente Javier Milei despidió al personal de cocina de la Quinta de Olivos tras sospechar un intento de envenenamiento contra sus perros, reemplazando a los trabajadores civiles por efectivos militares.
La ministra Patricia Bullrich expresó públicamente su malestar al descubrir que el proyecto de ley de presupuesto contenía severos recortes a la ley de emergencia en discapacidad sin previo debate en la mesa política oficialista.
La investigación judicial salpicó al ex titular de la Agencia Nacional de Discapacidad, Diego Spagnuolo, amigo personal y exabogado del presidente Javier Milei, por liderar un esquema de sobreprecios y retornos ilegales.
Dentro de esa estructura delictiva figuran como acusados los funcionarios Pablo Atchabahian, Daniel Garbellini y Eduardo Calvente, junto a laboratorios y ortopedias que inflaron los costos de prótesis y medicamentos hasta en un 3000%.
En este entramado de corrupción política, la investigación judicial salpicó también la figura de la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, al señalarse la llegada a la Casa de Gobierno de fondos provenientes del cobro de comisiones ilegales.
El vocero presidencial Manuel Adorni presentó de forma pública la fotografía de un perro utilizada supuestamente para tramitar de forma irregular una pensión por discapacidad, justificando así el inicio de auditorías masivas.
Durante la implementación de dichas auditorías, miles de personas con discapacidad fueron sometidas a largas esperas bajo las inclemencias del tiempo para validar sus certificados médicos ante las autoridades.
El servicio postal contratado para notificar a los beneficiarios omitió el envío de la mitad de las cartas documento, provocando la baja errónea e injustificada de 150,000 pensiones que posteriormente debieron ser restituidas.
A pesar de que el Congreso ratificó la ley de emergencia en discapacidad con el voto de dos tercios de ambas cámaras y del fallo emitido por la justicia federal de Campana, el Poder Ejecutivo reincidió en imponer restricciones drásticas.
La nueva normativa exige que el Certificado Único de Discapacidad requiera la acreditación de invalidez laboral, prohibiendo de forma tajante el acceso al beneficio a los menores de edad y a quienes consigan un empleo formal.
Fuente: Revolución Popular Noticias
