Las denuncias legales por fraude electoral y los pactos con las EPS sacuden el inicio del mandato de Abelardo de la Espriella
La senadora Carolina Corcho se sentó en su curul del Senado y declaró ante las cámaras de Blue Radio que Abelardo de la Espriella es legalmente el presidente de la República pero enfrenta una denuncia por presunto fraude electoral.
La congresista del Pacto Histórico confirmó que la colectividad mantiene acciones legales activas ante tres instancias simultáneas: el Consejo de Estado, el Consejo Nacional Electoral y la Registraduría.
Durante su intervención, Carolina Corcho denunció la opacidad del software utilizado en los comicios, el manejo irregular de los metadatos y la huella digital de los formularios E14, además de señalar la falta de transparencia en el escrutinio.
La senadora también denunció que Abelardo de la Espriella afirmó públicamente que enviará a prisión a quienes él considere que deben ir a la cárcel.
Ante estas declaraciones, Carolina Corcho sentenció que esas acciones no corresponden a las funciones ni a la competencia del presidente y que no le es permitido usurpar la rama judicial del país.
La senadora exigió al mandatario ajustarse estrictamente a sus funciones constitucionales y convocó a todos los demócratas a cerrar filas para defender la separación de poderes.
En materia económica, Carolina Corcho manifestó que no aceptarán impuestos para las clases medias y populares, exigiendo una reforma estructural progresiva que grave a las grandes fortunas y a los superricos, afirmando que la justicia fiscal no es negociable.
Las acusaciones de la senadora también salpicaron la gestión del Ministerio de Salud tras la designación de Ana María Vesga al frente de esa cartera.
Ana María Vesga se desempeñó como presidenta ejecutiva de la Asociación de Empresas de Medicina Integral, el gremio que agrupa a las EPS privadas.
Exexisten denuncias por desfalcos multimillonarios contra estas entidades ante la Fiscalía General de la Nación y la Contraloría General de la República.
De las 130 EPS que existían hace tres décadas en el país, actualmente quedan menos de 30 debido a procesos de intervención o liquidación por corrupción.
Carolina Corcho calificó este nombramiento como un insalvable conflicto de interés y una afrenta a la salud de la ciudadanía.
La senadora desmintió las declaraciones de Ana María Vesga, quien afirmó públicamente que la Unidad de Pago por Capitación no resulta suficiente y solicitó mayor cantidad de dinero público.
El gobierno del expresidente Gustavo Petro había aumentado el presupuesto del sector salud en un 51.4%, equivalente a 25 billones de pesos adicionales, e incrementó la UPC del régimen subsidiado en un 24.7%, ubincándose un 7% por encima de la inflación.
Carolina Corcho sostuvo que Ana María Vesga miente y señaló que las EPS deben responder por sus deudas con clínicas y hospitales antes de solicitar mayor financiamiento.
La senadora concluyó expresando que la salud constituye un derecho humano fundamental y no el negocio privado de las EPS.
Por su parte, los representantes a la Cámara Eric Velasco y Kevin Gómez, integrantes del Pacto Histórico, formalizaron una recusación contra Ana María Vesga para impedirle participar en la definición de la UPC para el año 2027.
Los congresistas invocaron el numeral 16 del artículo 11 de la Ley 1437 de 2011, que establece impedimentos cuando existe un interés directo o una representación reciente de los intereses involucrados.
Eric Velasco explicó que la UPC es el valor que las EPS reciben por cada afiliado y recordó que Ana María Vesga cobraba por defender a dicho gremio ocho días antes de asumir el cargo ministerial.
Los parlamentarios exigieron que Ana María Vesga sea separada del conocimiento, dirección, aprobación y decisión respecto a la UPC.
El expresidente Gustavo Petro declaró públicamente que la salud se entregará en el próximo gobierno a los dueños de las EPS.
Gustavo Petro arremetió de igual manera contra el nombramiento de Indalecio Dangond en el Ministerio de Agricultura.
En el ámbito de la oposición, el senador Iván Cepeda anunció la creación del denominado gabinete por la vida, definido como un gobierno alterno para vigilar las decisiones del ejecutivo.
Este equipo cuenta con la participación de Gustavo Petro y los exministros Irene Vélez, Daniel Rojas Medellín, Antonio Sanguino y Guillermo Alfonso Jaramillo.
El grupo incluye además a figuras públicas como Clara López, Gustavo Bolívar y Jaime Dusán.
Iván Cepeda sostuvo que ejercerán una oposición responsable en defensa de la democracia y la soberanía nacional.
El senador Iván Cepeda denunció que la ciudadanía estadounidense de Abelardo de la Espriella lo inhabilita para ejercer la presidencia, señalando que el mandatario juró fidelidad a la Constitución de los Estados Unidos.
El bloque de oposición anunció la radicación de nueve proyectos de ley que abordan reformas a la salud, la jurisdicción agraria y la redistribución de recursos.
Investigaciones periodísticas internacionales de Univisión y The New York Times documentaron transferencias financieras por más de 370,000 dólares desde empresas vinculadas a Alex Saab hacia cuentas relacionadas con Abelardo de la Espriella.
Los registros señalan tres giros realizados en 2014 por montos de 199,950 dólares, 99,950 dólares y 4,950 dólares desde la firma Group Grand Limited, con sede en Hong Kong.
Dicha empresa fue utilizada por Alex Saab para la comercialización de 350 millones de dólares en alimentos vencidos destinados a programas asistenciales en Venezuela.
Los fondos pasaron por el Global Bank of Commerce de Antigua, continuaron hacia el Wells Fargo en San Francisco y finalizaron en el Bank of America en Miami dưới el concepto de asesoría fiscal internacional.
Un memorándum de la Administración de Control de Drogas emitido en 2010 incluyó el nombre de Abelardo de la Espriella en sus registros.
La Fiscalía General de la Nación, bajo la administración de Francisco Barbosa, archivó la investigación por lavado de activos relacionada con este caso.
Informaciones reveladas por Univisión señalan que Abelardo de la Espriella sostuvo una reunión con un fiscal federal en Miami a finales de 2021 para indagar si las autoridades estadounidenses adelantaban investigaciones en su contra.
El asistente legal y allegado de Abelardo de la Espriella, Jorge Luis Hernández, conocido con el alias de Boliche, enfrenta cargos en Tampa por lavado de dinero y fraude electrónico.
Adicionalmente, Daniel Peñaredonda, ex director ejecutivo de la firma del actual presidente, figura registrado como coconspirador número uno en un expediente judicial de carácter federal.
Fuente: Colombia Unida
