URGENTE! LA DECISIÓN DE MILEI QUE NO MUESTRAN LOS MEDIOS! B0MBA DE NAVARRO!
Un devastador plan de recortes en el Presupuesto oficial destapa una arremetida directa contra los sectores más vulnerables de la población y el desmantelamiento de coberturas históricas en Argentina.
En pleno debate en las comisiones del Congreso, el Gobierno nacional encabeza una maniobra para derogar artículos centrales de la ley de emergencia en discapacidad.
La medida afecta de forma directa al artículo 5, eliminando la adhesión estricta a la Convención Internacional sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad y alterando los parámetros legales para definir quién califica dentro de esta condición.
Esta modificación deja sin efecto los criterios internacionales fijados para la asignación de ayuda estatal y pone en riesgo la continuidad de miles de pensiones no contributivas.
El ajuste gubernamental deroga asimismo el artículo 8 de la normativa, retirando la garantía legal que obligaba al Estado a brindar cobertura integral de salud y prestaciones básicas a los titulares de dichas pensiones.
La reforma cancela de igual manera la conversión de oficio de las pensiones otorgadas con anterioridad, estipulada en el artículo 9, y elimina la unificación arancelaria contemplada en el artículo 14, la cual exigía montos iguales y actualizados para todos los prestadores del sistema de salud nacional, provincial y privado.
El análisis del Observatorio de Coyuntura Económica confirma una caída del gasto total del 26,7 por ciento en el nuevo Presupuesto, registrando un impacto devastador en partidas clave del Estado.
Los fondos destinados a las universidades nacionales caen un 25 por ciento, mientras que el Fondo de Compensación Salarial Docente sufre un recorte del 99 por ciento que provoca su práctica desaparición.
Las becas Progresar experimentan un hachazo del 77 por ciento, el bono previsional registra una baja del 61 por ciento que reduce su valor real en un 25 por ciento respecto a las jubilaciones, y la partida para infraestructura de vivienda cae un 73 por ciento.
En el plano de los precios, los alquileres registran una distorsión crítica en la medición oficial de la inflación.
Entre noviembre de 2023 y agosto de 2026, el Índice de Precios al Consumidor acumula un incremento del 336 por ciento, mientras el rubro vivienda cuenta con una ponderación fija del 10 por ciento dentro del cálculo oficial de los ingresos familiares.
Esta medición asume que un hogar con ingresos de dos millones de pesos destina cien mil pesos al alquiler, ignorando que las familias llegan a abonar entre 700.000 y 800.000 pesos mensuales por su vivienda, quedando este costo fuera del índice de pobreza.
En paralelo a los recortes sociales, el Poder Ejecutivo impulsa la privatización de la empresa estatal AySA mediante la entrega de beneficios fiscales inéditos a los nuevos adjudicatarios.
El Decreto oficial otorga un crédito fiscal de 1.500 millones de dólares para el pago de impuestos a los empresarios que asuman el control de la compañía de agua.
Informes periodísticos de LPO confirman la salida del empresario Manzano del negocio y el ingreso directo de los denominados “Neos”, vinculados al asesor presidencial Santiago Caputo.
La desregulación económica impacta también en las tarifas de los servicios públicos, acumulando incrementos masivos en los últimos tres años.
El servicio de gas registra una suba del 1.000 por ciento, la luz escala un 1.800 por ciento, el agua asciende un 700 por ciento, internet sube un 550 por ciento y la telefonía celular alcanza un 760 por ciento de aumento.
En el transporte público, las tarifas del colectivo suben un 1.500 por ciento, el peaje asciende un 700 por ciento, el tren incrementa su costo un 1.600 por ciento y el subte registra un récord absoluto del 2.200 por ciento.
El impacto del costo de vida empuja a más del 40 por ciento de los habitantes en barrios populares a saltarse comidas y dejar de comer durante jornadas enteras.
Informes del portal El Destape señalan que la pobreza suma 1,7 millones de personas en todo el territorio nacional, superando a más de la mitad de la población del país.
En el ámbito laboral, datos del medio Tiempo Argentino revelan que el 45 por ciento de los trabajadores carece de aportes jubilatorios tras la eliminación de las multas por empleo informal.
A su vez, publicaciones de Julia Estrada confirman una nueva caída de la capacidad industrial instalada en julio, ubicándose por debajo del 25 por ciento y registrando un desplome del 6,8 por ciento en términos interanuales.
Estudios compartidos por el economista Agustín Echevarne muestran que el pico máximo del salario real en Argentina se alcanzó durante la gestión presidencial de Cristina Fernández de Kirchner, mientras que el piso más bajo de la historia reciente se ubica bajo el mandato de Javier Milei.
El dirigente político Mariano Recalde queda envuelto en operaciones mediáticas por la compra de un departamento en el edificio de Cristina Fernández de Kirchner, registrándose que la adquisición ocurrió diez años atrás y comprobándose mediante GPS judicial que la exmandataria jamás ingresó al inmueble.
En las calles, la crisis financiera empuja a miles de ciudadanos al endeudamiento cotidiano para comprar alimentos básicos mediante la plataforma Mercado Pago, vinculada al empresario Marcos Galperin.
Usuarios reportan pagar hasta 700.000 pesos mensuales en intereses tras alcanzar el límite de crédito para financiar compras de comida y viajes en la aplicación Uber.
Las tasas de interés aplicadas por la fintech rozan el 1.000 por ciento anual, registrando casos con cobros de hasta el 15 por ciento de tasa de interés por préstamos inmediatos.
Un informe de la investigadora Jimena Figueroa publicado en El Destape advierte que el desmantelamiento de las organizaciones sociales y la ausencia del Estado aceleran el inicio del consumo de drogas en menores a partir de los 8 años de edad en los sectores más postergados.
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