¡NANCY PAZOS EXPUSO A MILEI ARRUINANDO SU PROPIO GOBIERNO Y CAMPAÑA!
Las inconsistencias del régimen oficial ante la presencia de petroleras inhabilitadas en Vaca Muerta
Un conjunto de irregularidades legales derivó en un escándalo normativo tras revelarse el otorgamiento de beneficios fiscales a corporaciones inhabilitadas para operar en el país.
El presidente Javier Milei anunció la remisión al Congreso de un proyecto de ley para sancionar a empresas, accionistas y directivos que realicen operaciones ilegales en torno a las Islas Malvinas.
A través de un comunicado oficial de la Oficina del Presidente, la administración informó que 45 sujetos, entre personas humanas y personas jurídicas, serán investigados bajo el artículo 2 de la norma sancionada en 2011.
La legislación de fondo no constituye una novedad gubernamental, dado que fue redactada originalmente por Pino Solanas en 2010, aprobada por unanimidad en el Congreso y complementada con un régimen penal en 2013 durante la gestión de Cristina Fernández de Kirchner.
La normativa vigente contempla penas de hasta 15 años de prisión y multas fijadas en barriles de petróleo para quienes exploten hidrocarburos en la plataforma continental sin autorización argentina.
El Poder Ejecutivo debió enviar las modificaciones al Parlamento debido al rango penal de la norma, limitando la intervención presidencial a una aceleración de trámites administrativos.
El conflicto escaló al confirmarse que el esquema de incentivos del Régimen de Incentivos a las Grandes Inversiones, conocido como RIGI, beneficia a corporaciones alcanzadas por las prohibiciones de la ley de hidrocarburos.
Uno de los proyectos emblemáticos incorporados al RIGI es Southern Energy Sociedad Anónima, orientado a la producción y exportación de gas natural licuado desde la provincia de Río Negro.
Esta iniciativa fue autorizada mediante la resolución 165 del 24 de abril de 2025 y admitida al esquema impositivo especial a través de la resolución 559 del mismo año.
La estructura accionaria de Southern Energy Sociedad Anónima está integrada por Pan American Energy con el 30%, YPF con el 25%, Pampa Energía con el 20%, Harbour Energy con el 15% y Golar LNG con el 10%.
La firma Harbour Energy constituye la misma entidad jurídica previamente denominada Premier Oil, la cual modificó su razón social el 31 de marzo de 2021 según consta en los registros corporativos del Reino Unido.
La compañía Premier Oil fue sancionada e inhabilitada formalmente por el Estado argentino por ejecutar tareas de explotación de hidrocarburos en el archipiélago atlántico.
Pese a la inhabilitación legal preexistente, el gobierno garantizó el acceso a beneficios tributarios y aduaneros a una corporación integrada por la firma sancionada.
Un segundo caso de severidad institucional involucra a la empresa Noble Energy, sancionada por la Argentina en el año 2015 debido a actividades petroleras vinculadas a las Islas Malvinas.
En el año 2020, Chevron Corporation concretó la adquisición de Noble Energy por un monto de 13.000 millones de dólares.
En las presentaciones financieras correspondientes al año 2025 ante la Securities and Exchange Commission de Estados Unidos, Chevron Corporation declaró que Noble Energy permanece como una subsidiaria directa o indirectamente controlada al 100%.
La corporación Chevron Corporation opera en el yacimiento Vaca Muerta y recibe beneficios del RIGI mediante su participación en el consorcio Vaca Muerta Oil Sur.
La exdiputada Graciela Camaño expuso públicamente la irregularidad al analizar el decreto 868/25, señalando graves inconsistencias en la aplicación de la ley de Pino Solanas.
La exlegisladora Graciela Camaño advirtió que las adjudicatarias del esquema RIGI debieron ser examinadas y descalificadas de manera previa por sus vínculos con la explotación petrolera en las islas.
La falta de controles administrativos dejó expuesta a la administración pública ante eventuales expedientes judiciales contra los propios beneficiarios del régimen fiscal.
En el ámbito productivo, la crisis industrial afectó a la firma Granja Tres Arroyos, principal empresa avícola del país, con el cierre de su planta en Capitán Sarmiento.
La medida provocó el despido de 1.200 empleados y dejó a 100 familias sin ingresos, impactando de forma directa en el transporte y el comercio local.
El cierre de la planta respondió a la apertura irrestricta para la importación de pollo proveniente de Brasil, esquema que amenaza con paralizar a la totalidad de los productores del sector en el término de un año.
Frente al impacto social en las economías regionales, el ministro de Desregulación y Transformación del Estado, Federico Sturzenegger, calificó la situación social como un mero ruido macroeconómico.
El funcionario Federico Sturzenegger utilizó ese término para referirse a indicadores como la mora crediticia del 33% registrada en la localidad de José C. Paz.
La crisis financiera se agudizó tras una disposición del Banco Central de la República Argentina que faculta a las entidades bancarias a debitar fondos directamente de las cuentas de los usuarios endeudados.
Fuente: Oficina Anti Milei
