“NUNCA HUBO TRATA”: LA CARTA JUDICIAL QUE HUNDIÓ A LOS FALSOS INVESTIGADORES DEL CASO LOAN
La verdad judiciales que sepulta la pista de la trata y desenmascara la macabra trama de manipulaciones en el caso Loan
Un vertiginoso vuelco legal sacudió los estrados federales de Goya cuando la jueza Cristina Posse Penzo dictó el sobreseimiento definitivo para ocho imputados en la hipótesis de trata de personas relacionada con la desaparición de Loan Peña.
La magistrada cerró formalmente esa línea de investigación tras determinar que más de dos años de pesquisas no aportaron elementos de prueba para sostener que el menor fue capturado o trasladado con fines de explotación.
Entre las personas desligadas de la figura de trata figuran Bernardino Benítez, Laudelina Peña, María Victoria Caillava, Carlos Pérez, Daniel Ramírez, Mónica Millapi, el excomisario Walter Maciel y Francisco Méndez.
Esta resolución no equivale a la absolución ni implica la libertad de los involucrados, dado que la causa principal por la sustracción y ocultamiento del niño continúa plenamente activa con siete de los principales acusados bajo prisión preventiva a la espera del juicio oral.
El expediente judicial sostiene que el menor no se extravió por accidente el 13 de junio de 2024 en la zona de El Algarrobal, sino que fue privado de la libertad y posteriormente ocultado por los acusados.
Durante las audiencias más recientes, un efectivo policial reveló que Walter Maciel le ordenó alterar el registro oficial del horario de llegada del primer patrullero al campo de búsqueda, fraguando la hora real de la llamada recibida a las 4:45 p. m. para asentar un horario previo.
La situación procesal de Nicolás Soria, conocido como El Americano, se complicó gravemente tras las declaraciones que detallaron su irrupción en el Hotel Despertar de Libertad, donde permanecían alojados familiares, testigos y menores presentes en el almuerzo previo a la desaparición.
Integrantes de la Prefectura Naval Argentina testificaron que Nicolás Soria entorpeció la identificación y el retiro de los niños exigiendo la presencia de la prensa para filmar el procedimiento, al tiempo que se presentaba falsamente como agente de la DEA y de organismos internacionales.
Desde la cárcel, Roberto Carlos Sotelo declaró que entregó datos falsos a Nicolás Soria a cambio de dinero y drogas, afirmando que el acusado le suministró cocaína y una pastilla rosa durante sus encuentros.
Nicolás Soria negó rotundamente las imputaciones sobre consumo o distribución de sustancias estupefacientes, pero la justicia investiga su rol en la manipulación de las cuentas de los menores presentes en El Naranjal de 9 de Julio.
La investigación paralela alcanzó a integrantes de la Fundación Lucio Dupuy, cuyos abogados y miembros vulneraron las órdenes de protección policial al ingresar al hotel para tomar contacto no autorizado con los menores, situación por la cual enfrentan denuncias y procesos penales independientes.
El caso derivó en denuncias penales contra seudoperiodistas y comunicadores acusados de plantar testigos, fabricar evidencia falsa y entorpecer el accionar judicial con el objetivo de forzar la intervención de la justicia federal y del Ministerio de Seguridad de la Nación.
Las pericias operativas desestimaron la existencia del delito de trata de personas bajo la premisa de que los raptos con fines de comercialización a niños con memoria y capacidad de identificación resultan inverosímiles en comparación con maniobras de cesión ilegal de custodia o adopciones fraguadas desde el nacimiento.
Las hipótesis centrales que mantiene la justicia señalan que el niño fue víctima de un ataque de índole sexual o de un arrollamiento vehicular tras el cual los responsables ocultaron el cuerpo para encubrir el delito originario.
La búsqueda del paradero de Loan Peña continúa abierta mientras los tribunales avanzan hacia la fijación de las condenas por la sustracción del menor, la falsificación de documentos públicos y la obstrucción sistemática de la investigación.
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