¡DESMANTELAN LA TEORÍA DEL ACCIDENTE Y EXPONEN EL PACTO DE OCULTAMIENTO! El exfiscal querellante rompe el silencio y exige condena ejemplar para los siete acusados del caso Loan
Un revelador testimonio judicial expuso de manera definitiva el verdadero entramado de impunidad tras la desaparición de Loan Danilo Peña, mientras la causa principal avanza de forma implacable hacia una condena masiva para los principales imputados.
El abogado penalista Gustavo Briend, quien ejerció la querella en representación de María Noguera y José Peña, confirmó que no existe ninguna duda técnica sobre la sustracción y ocultamiento del menor en el Paraje Algarrobal.
El exquerellante remarcó que las actuaciones procesales a cargo del Tribunal Oral Federal de Corrientes, radicadas en el Escuadrón 48 de Gendarmería Nacional, demuestran la existencia de una maniobra coordinada entre los siete acusados principales.
Durante su intervención, Gustavo Briend descartó de manera categórica la hipótesis del accidente vial o atropellamiento, señalando que dicha versión únicamente persiste en la estrategia de defensa desplegada por el excomisario Walter Adrián Maciel.
El letrado recordó que la acusada Laudelina Peña había introducido inicialmente la hipótesis del choque durante su declaración a las tres de la mañana ante la fiscalía provincial, para posteriormente contradecirse y desestimar sus propios dichos.
En el marco de las audiencias, Walter Adrián Maciel insiste en prestar declaración indagatoria para intentar sostener la teoría del siniestro, una línea de defensa que carece de sustento probatorio en el expediente.
El proceso judicial actual enfrenta una severa complejidad debido a la unificación de dos causas en un mismo debate, donde se juzga en paralelo a las siete personas acusadas de la sustracción del menor y a otros diez imputados vinculados a maniobras colaterales.
Entre los diez acusados secundarios figura el denominado “falso americano” y los supuestos integrantes de la Fundación Dupuy, quienes terminaron detenidos e imputados por delitos que incluyen la privación ilegítima de la libertad.
Gustavo Briend explicó que el requerimiento de elevación a juicio formulado por los fiscales Mariano de Guzmán, Diego Colombo y los integrantes de la PROCURAN establece roles diferenciados en la trama criminal.
El escrito acusatorio distingue formalmente a los ejecutores de la sustracción en la denominada “zona cero” de aquellos que garantizaron el ocultamiento posterior del menor, señalando de forma específica a Carlos Guido Pérez y María Victoria Caillaba.
En relación con Walter Adrián Maciel, la acusación ratifica su condición de partícipe del delito, sumado a las imputaciones por incumplimiento de los deberes de funcionario público y el planteo de pruebas falsas, como la implantación del botín.
El abogado penalista ratificó que la jueza federal de Goya, Cristina Pozzer Penzo, dictó el sobreseimiento de los imputados respecto a la figura de trata de personas por inexistencia de delito, dejando como única calificación vigente la sustracción y ocultamiento.
La resolución de la magistrada busca garantizar el principio de congruencia procesal, permitiendo que la acusación llevada adelante por los fiscales Carlos Schaefer y Tamara Pourcel se concentre en los hechos acreditados.
Gustavo Briend aclaró que el marco legal no exige determinar el móvil del crimen ni el destino final de la víctima para configurar el delito ni para aplicar las penas correspondientes.
El exquerellante fundamentó que los acusados pudieron pergeñar el plan durante el transcurso del almuerzo en la casa de la abuela Catalina, siendo esa coordinación suficiente para configurar la coautoría.
Asimismo, Gustavo Briend sostuvo que los imputados no declaran bajo juramento de decir verdad y utilicen sus intervenciones para mentir o generar posiciones antagónicas, tal como ocurrió con las contradicciones entre Bernardino Antonio Benítez, Laudelina Peña y Walter Adrián Maciel.
Respecto a la dinámica del juicio, el letrado señaló las deficiencias edilicias y operativas de la sala de audiencias en el Escuadrón 48, donde se registraron fallas recurrentes de audio y problemas en la transmisión.
El abogado explicó que la falta de presencia física de los jueces en la sala responde al sistema de subrogancias que rige en la justicia federal, donde solo el presidente del tribunal, Víctor Antonio Cerruti, reside en Corrientes, mientras sus pares subrogan desde Río Negro, Formosa y Chaco.
En referencia a la actuación de la querella actual, Gustavo Briend indicó que la falta de preguntas hacia los testigos responde a acuerdos previos con la fiscalía para evitar repeticiones innecesarias durante las extensas jornadas de debate.
El profesional concluyó que las pruebas acumuladas por los fiscales y la querella son contundentes para lograr un fallo condenatorio uniforme contra el grupo de los siete procesados principales.
Fuente: Dialogando… con Liliana Romero
