¡Guerra total por la verdad en Colombia: escandalosa maniobra política busca paralizar el tribunal de paz y desata la furia de los magistrados ante la Corte Penal Internacional!
Un cerco financiero y una ofensiva judicial buscan desmantelar el tribunal de paz colombiano desatando un duro choque institucional
La Jurisdicción Especial para la Paz enfrenta la arremetida más severa contra su independencia y autonomía operativa desde su creación.
El presidente del tribunal de paz, Alejandro Ramelli, denunció la existencia de una estrategia coordinada impulsada por sectores políticos afines al gobierno del presidente Abelardo de la Espriella para asfixiar económicamente a la institución.
La maniobra principal la encabeza el senador Enrique Gómez, representante del Partido Salvación Nacional y socio político del mandatario nacional, quien radicó dos proposiciones para recortar el presupuesto del sector justicia en el año 2027.
La iniciativa de Enrique Gómez plantea arrebatar 100.000 millones de pesos del rubro de funcionamiento de la entidad transicional para transferirlos al Consejo Superior de la Judicatura.
El congresista Enrique Gómez justificó la medida argumentando la necesidad de financiar nuevos despachos judiciales que descongestionen un rezago de 2,2 millones de procesos pendientes en la rama ordinaria.
Durante sus intervenciones, Enrique Gómez tildó los indicadores de la Jurisdicción Especial para la Paz como lamentables y desastrosos, calificándola abiertamente como la jurisdicción de la impunidad tras un costo acumulado de cuatro billones de pesos.
A esta iniciativa se suma una reducción previa ya discutida de 85.000 millones de pesos, acumulando una tijera presupuestal que alcanza un total de 185.000 millones de pesos menos para la vigencia fiscal.
El recorte superior a los 185.000 millones de pesos representa un hachazo del 12 % sobre el presupuesto proyectado de la entidad, dejándolo reducido a tan solo 405.000 millones de pesos.
Alejandro Ramelli advirtió que reducir el presupuesto a esa cifra dejaría inoperante a la institución, obligando al cierre de sus sedes físicas y forzando a los funcionarios a trabajar desde sus hogares.
El desmonte presupuestal impediría sostener los esquemas de seguridad de los magistrados, además de paralizar el apoyo psicosocial a las víctimas del conflicto armado y la defensa técnica de los comparecientes.
De manera paralela a la asfixia económica, la Comisión Primera del Senado tramita una reforma constitucional dirigida a restar competencias al tribunal transicional.
El proyecto de ley busca que las sentencias dictadas contra miembros de la fuerza pública sean sometidas a una revisión judicial automática bajo la jurisdicción de la justicia penal militar.
Alejandro Ramelli catalogó esta combinación de recortes financieros y sometimiento a los tribunales castrenses como el ataque más grave que ha sufrido la independencia del sistema de justicia en Colombia.
El magistrado Alejandro Ramelli indicó que esta maniobra viola los acuerdos blindados por la Constitución Política de Colombia, el acuerdo de paz, las sentencias de la Corte Constitucional y los compromisos internacionales del Estado.
Ante la gravedad de los hechos, Alejandro Ramelli anunció que la corporación elevará denuncias formales ante el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, la Oficina del Alto Comisionado para los Derechos Humanos y la Comisión Interamericana de Derechos Humanos.
Asimismo, la entidad remitirá el expediente al relator de las Naciones Unidas para la Independencia Judicial, a los países garantes del proceso de paz y a la Fiscalía de la Corte Penal Internacional.
El presidente Alejandro Ramelli subrayó que el presidente Abelardo de la Espriella deberá responder ante la Corte Penal Internacional y el Consejo de Seguridad por incumplir el convenio suscrito con el sistema de las Naciones Unidas.
Al responder a los cuestionamientos formulados por Enrique Gómez en medios de comunicación, Alejandro Ramelli rechazó que la entidad carezca de resultados operativos frente a los más de 60 años de conflicto armado.
El alto magistrado recordó que entregó al senador Enrique Gómez un documento de 190 páginas detallando la gestión institucional en respuesta a un derecho de petición.
Dentro de los logros destacados por Alejandro Ramelli figuran más de 3.600 sentencias proferidas entre las distintas secciones y la Sección de Apelación.
El tribunal contabiliza más de 1.050 renuncias a la acción penal otorgadas en su gran mayoría a favor de integrantes de la fuerza pública, además de múltiples amnistías concedidas.
En el marco de la macrocriminalidad, la entidad imputó a 367 máximos responsables de crímenes de guerra, incluyendo a 28 generales de la República que jamás habían sido investigados ni procesados por la Fiscalía General de la Nación.
Las investigaciones abordaron de manera inédita los crímenes cometidos por la antigua guerrilla de las FARC, logrando imputar y avanzar en el esclarecimiento de 21.000 casos de secuestro.
El presidente Alejandro Ramelli explicó que las investigaciones por macrocriminalidad requieren rigor en el debido proceso, respetando los plazos legales que fijan diez años para la etapa de investigación y cinco años para el juicio.
Respecto al llamamiento de figuras políticas como Sandra Ramírez, el magistrado precisó que las citaciones a versiones voluntarias exigen un trabajo minucioso de contraste de pruebas e hipótesis investigativas, y no simples testimonios aislados.
Alejandro Ramelli emplazó a los impulsores de las proposiciones a actuar con sinceridad y proponer directamente la disolución del tribunal en lugar de destruirlo de forma indirecta ahogando sus finanzas.
El periodista Steven Mora registró las declaraciones emitidas desde la Universidad Externado de Colombia, donde la magistratura fijó su posición en defensa de la justicia transicional.
Fuente: HablandoClaro
