¡Escándalo total! La expulsión de una alta funcionaria expone el siniestro plan para ocultar el éxito económico de Colombia y tapar el uso de un letal veneno prohibido en Europa
La aterradora verdad oculta tras el despiadado plan que amenaza con envenenar a miles de campesinos colombianos
El tablero político nacional tiembla de forma irreversible tras destaparse los datos que la administración de Abelardo de la Espriella intentó ocultar desesperadamente al país.
El fulminante despido que sufrió la economista Piedad Urdinola, quien se desempeñaba como cabeza principal del Departamento Administrativo Nacional de Estadística, obedeció a la publicación de los números económicos reales que blindan la gestión realizada por Gustavo Petro.
Los indicadores del seguimiento a la economía colombiana para el mes de julio del año dos mil veintiséis confirmaron un crecimiento firme del uno coma once por ciento en la medición original y del uno coma cero ocho por ciento al desestacionalizar la cifra para corregir los efectos de la temporada de vacaciones.
Entendiendo la economía como una gigantesca fábrica, el acumulado que abarca desde enero hasta el mes de julio registró una expansión del dos coma sesenta y dos por ciento, superando de manera contundente el dos coma sesenta por ciento anotado en dos mil veinticinco y el uno coma treinta y siete por ciento del año dos mil veinticuatro.
El desempeño económico alcanzado durante el mandato de Gustavo Petro ubicó a Colombia en una senda de crecimiento altamente competitiva en la escala internacional frente a los países de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico.
Frente a la inminente amenaza del receso agrícola provocado por la sequía, Gustavo Petro dejó estructurado un decreto de emergencia que contempla subsidios generalizados para fertilizantes dirigidos a la producción de alimentos y la entrega continua de tierras a los agricultores campesinos.
Dicho plan establece el incremento del fondo de compensación de tasa de interés para la producción agraria, el aumento del crédito asociativo agroindustrial, la expansión de energía solar rural y una mayor carga tributaria a las grandes extensiones de tierra improductivas.
A solo un mes del mandato de Abelardo de la Espriella, las actividades productivas en el Catatumbo, Cúcuta y la costa atlántica están destruidas y los transportadores de carga enfrentan un estado de alteración generalizada debido a las medidas económicas impuestas.
El sector de la administración pública, la salud, la educación y el entretenimiento impulsó de forma sostenida la economía debido al incremento del pie de fuerza y el alza salarial con primas adicionales para la policía y las fuerzas militares.
El comercio, la reparación y el alojamiento aportaron un crecimiento del uno coma treinta y cinco por ciento, mientras que el sector primario integrado por la agricultura y la minería cayó un tres coma setenta y dos por ciento a causa del ciclo recesivo agrícola y la contracción en la explotación de canteras.
Para mitigar los efectos del sismo registrado el diez de agosto en el territorio nacional, la nueva administración decidió retomar las aspersiones aéreas bajo una alianza explícita con la extrema derecha norteamericana representada por Trump, Marco Rubio y Vance.
El analista Ariel Ávila expuso con severidad que la administración de Abelardo de la Espriella prepara un plan piloto en el bajo Putumayo mediante la resolución del Consejo Nacional de Estupefacientes.
La nueva estrategia no utilizará el tradicional glifosato, sino un producto químico mucho más nocivo denominado glufocinato de amonio.
El historial técnico demuestra que la aspersión aérea nunca redujo la producción de drogas, pues entre los años dos mil tres y dos mil seis, mientras la fumigación aumentó de ochenta y seis mil trescientas treinta y dos hectáreas a ciento setenta y dos mil doscientas cincuenta y dos, los cultivos de coca subieron de ciento treinta y cinco mil a ciento cincuenta y tres mil hectáreas.
El factor determinante en la variación de las hectáreas cultivadas es la cotización del oro ilegal, cuyo valor actual al alza empuja simultáneamente el precio de la cocaína.
Las consecuencias de estas fumigaciones provocaron en el año dos mil ocho una demanda internacional por parte de Ecuador por daños ambientales en la frontera, obligando a Colombia en dos mil trece a fijar zonas de exclusión para evitar fallos judiciales desfavorables.
Entre los años dos mil cinco y dos mil catorce, el Estado colombiano gastó setenta y nueve coma nueve billones de pesos en compras masivas de glifosato.
La resolución seis de dos mil quince del Consejo Nacional de Estupefacientes ordenó suspender el glifosato basándose en los dictámenes de la Organización Mundial de la Salud, mientras que la sentencia T dos treinta y seis de dos mil diecisiete de la Corte Constitucional exigió condiciones sanitarias estrictas para cualquier prueba futura.
La Agencia Internacional para la Investigación del Cáncer catalogó el glifosato como un agente cancerígeno, antecedente que derivó en la condena impuesta en dos mil quince en Estados Unidos, donde la empresa Monsanto pagó doscientos ochenta y nueve millones de dólares al jardinero Johnson, agraviado con un linfoma de Hodgkin en el año dos mil dieciocho.
Durante la gestión del presidente Duque, el decreto tres ochenta de dos mil veintiuno intentó reactivar la fumigación pero fracasó ante la falta de consulta previa con las comunidades.
En el período de Gustavo Petro, la Erradicación se limitó a aspersión terrestre mediante el uso de tanques de espalda y drones de baja altura.
Para implementar el glufocinato de amonio, la administración de Abelardo de la Espriella debe cumplir cuatro exigencias fijadas por la Corte Constitucional: probar la ausencia de daño grave, obtener una evaluación de riesgo independiente de la ANLA, garantizar la participación comunitaria y asegurar la coordinación institucional.
La Organización Mundial de la Salud catalogó el glufocinato de amonio como una sustancia moderadamente peligrosa, posicionándolo en un rango de toxicidad superior al glifosato, que era considerado ligeramente peligroso.
El informe emitido en septiembre de dos mil veintiséis por el Consejo Seccional de Plaguicidas de Antioquia detalló que la exposición al glufocinato provoca náuseas, vómitos, diarrea y severos daños a la fertilidad femenina.
La Unión Europea prohibió de manera tajante el uso del glufocinato de amonio desde el año dos mil dieciocho tras catalogarse científicamente como un tóxico reproductor comprobado.
Mezclar esta sustancia con otros compuestos químicos incrementa la capacidad de penetración en el organismo y aumenta el riesgo de desviación por viento hacia asentamientos humanos y cultivos agrícolas.
Ante el inminente riesgo biológico, Ariel Ávila increpó al ministro de Defensa proponiéndole que ingiera un vaso de glufocinato de amonio durante una semana para comprobar sus efectos directos en la salud humana antes de rociarlo de forma masiva sobre la población.
El plan impulsado por el actual gobierno vulnera la normatividad legal, ignora la erradicación manual y prioriza un titular mediático internacional sobre la protección de la vida en las comunidades rurales.
Fuente: LibreMente Política
