Femicidio de Agostina Vega: la querella reveló que recibió amenazas y hostigamientos
El escándalo tras la devolución de las llaves en la vivienda del crimen que acorrala al fiscal
Un grave episodio de negligencia judicial sacude a la provincia de Córdoba a exactamente cuatro meses del femicidio de la joven Agostina Vega.
Las autoridades judiciales entregaron las llaves del inmueble ubicado en la calle Juan del Campillo 878 a la familia de Marianela Palmero, permitiendo la realización de obras de remodelación en el lugar.
La decisión abrió las puertas de la llamada Casa del Horror a personas ajenas a la causa, a terceros movidos por el morbo y a medios de comunicación que registraron imágenes del espacio donde se ejecutó el crimen.
El hecho provocó una profunda conmoción en el padre de la víctima, Gabriel Vega, quien calificó la medida como un acto de falta de respeto hacia la memoria de su hija.
El abogado querellante Gino Torreani, integrante del equipo legal representativo de Gabriel Vega junto a la abogada Fernanda Alaniz, confirmó que la fiscalía dio marcha atrás de forma intempestiva y volvió a solicitar la restitución de las llaves.
La relación entre la representación legal del padre de la víctima y el fiscal Raúl Garzón, a cargo de la Fiscalía de Distrito 3 Turno 7, atraviesa su punto de mayor tensión.
Los lazos de comunicación e información entre el fiscal y la querella querellante quedaron completamente rotos, limitándose en la actualidad a un mero trato de respeto profesional.
El letrado Gino Torreani denunció que la Fiscalía de Raúl Garzón tomó una medida que vulneró el derecho de defensa de los imputados y afectó el rol activo de la víctima en el proceso.
La fiscalía decidió transformar el expediente de un formato digital a un soporte físico en papel, reservando las actuaciones y operaciones más relevantes en la secretaría del tribunal.
Esta maniobra privó a los representantes de Gabriel Vega del acceso fluido y directo a la información contenida en la causa.
La querella de Gabriel Vega formalizó su abierta oposición al pedido de elevación a juicio oral firmado por el fiscal Raúl Garzón, al calificar la medida de apresurada y prematura.
Para Gino Torreani, la investigación de un crimen de esta gravedad resulta incompleta con solo cuatro meses de instrucción, impidiendo una reconstrucción total de los hechos.
El pedido de la querella busca frenar la clausura de la investigación para imputar a tres personas que participaron activamente en las fases posteriores al hecho y que continúan en libertad.
Los representantes de Gabriel Vega señalaron directamente a la madre de Claudio Barrelier, a la hermana del imputado y a un amigo del acusado, exigiendo que todos ellos sean procesados bajo la figura de encubridores.
Asimismo, la querella exigió una modificación en la calificación legal de Marianela Palmero, esposa de Claudio Barrelier, solicitando que deje de ser considerada como una simple encubridora para pasar a ser juzgada como participante del ataque.
Por el contrario, la otra querella que interviene en la causa, correspondiente a la madre de la menor, Melisa Heredia, y a los abuelos maternos, no presentó objeciones formales en el expediente contra la decisión de elevar la causa a juicio oral.
La defensa del propio Claudio Barrelier tampoco interpuso recursos de oposición a la medida del fiscal Raúl Garzón, por lo que la instancia judicial quedó firme en ese tramo.
Respecto del móvil del crimen, Gino Torreani descartó aventurar hipótesis públicas pero confirmó que la querella consolidó una teoría basada en la extrema perversidad, el cinismo y la conducta siniestra del principal acusado.
El abogado querellante explicó que la decisión de Raúl Garzón de apurar el juzgamiento responde a la intensa presión social y mediática generada por un hecho que logró impacto en todo el país y en Latinoamérica.
El letrado describió que el fiscal optó por desprenderse de lo que calificó como una papa caliente en lugar de agotar las diligencias previas a la instancia de la Cámara del Crimen.
Durante el desarrollo del proceso, los integrantes de la querella legal sufrieron episodios directos de hostigamiento, amedrentamiento y amenazas.
Gino Torreani reveló que las intimidaciones se concentraron durante el tramo inicial de las investigaciones mediante la recepción de mensajes a través de la aplicación WhatsApp.
Pese a las amenazas destinadas a silenciar el accionar del equipo legal, los abogados ratificaron que mantendrán los planteos para evitar el cierre prematuro del expediente.
En la causa continúan imputados por encubrimiento la dueña del vehículo Ford Ka, Soledad Andriani, junto a Osvaldo Faceta, todos a la espera del inicio de los debates orales.
Fuente: Telediario Digital
