Fernanda Alaniz pidió investigar a tres personas más por el caso Agostina Vera | TLVT
La tenebrosa verdad detrás del fetiche criminal que la justicia intentó archivar apresuradamente en Córdoba
El caso por el atroz femicidio de Agostina Vega, la joven de tan solo 14 años que permaneció días desaparecida antes de ser hallada sin vida, ha alcanzado un punto crítico que conmociona a toda la provincia de Córdoba.
El principal imputado por la ejecución del hecho es Claudio Barrelier, pero la representación legal de la víctima insiste en que la causa no se encuentra en condiciones de ser elevada a juicio oral.
El padre de la adolescente impulsó la búsqueda desde el primer momento acompañado por la abogada Fernanda Alaniz, quien confirmó la presentación de un pedido formal para detener e imputar a tres personas más que participaron activamente en la trama.
La querella cuenta con el respaldo de un equipo interdisciplinario integrado por especialistas, entre los que figuran una criminóloga y una psicóloga, quienes concluyeron que las personas señaladas tuvieron el mismo nivel de intervención que los actuales detenidos.
Los señalamientos apuntan de forma directa hacia la madre de Claudio Barrelier, su hermana y un amigo íntimo del agresor.
Este grupo de personas ejecutó una serie de maniobras destinadas a facilitarle el camino al atacante para ocultar la verdad del crimen.
Tanto la madre como la hermana y el amigo de Claudio Barrelier durmieron en el interior del inmueble en horas críticas, antes de que las autoridades judiciales ejecutaran el primer allanamiento.
La abogada Fernanda Alaniz sostuvo que estas personas se encerraron a limpiar la escena del crimen y a estructurar una coartada compartida.
Durante las inspecciones posteriores, los peritos descubrieron que el sector del baño presentaba una pulcritud equivalente a la de un quirófano, en contraste absoluto con el estado general de la vivienda, la cual era una pocilga.
En dicho lugar existía material biológico visible, lo que evidencia la manipulación previa por parte de los allegados al imputado.
Los peritos y psicólogos que analizaron el expediente quedaron espantados ante las características del hecho, definiéndolo como un hito atroz en la historia criminal de Córdoba.
La investigación inicial se originó como una simple búsqueda de paradero bajo la suposición de que la menor se encontraba con amigas.
Sin embargo, el hallazgo reveló a una adolescente desmembrada por la acción de un agresor que contaba con ataques previos en su haber.
A través del acceso a las pruebas del expediente, la querella logró desmantelar de manera definitiva diversas hipótesis que circularon en los medios de comunicación.
Quedó totalmente descartada la intervención de una banda de narcotraficantes en el hecho.
Tampoco existió una entrega de la joven como parte de pago por una deuda económico-financiera.
La madre de Agostina Vega fue desvinculada de responsabilidad penal por parte de la fiscalía tras comprobarse la falsedad de dichas versiones.
Las pruebas demostraron que Claudio Barrelier planeó el crimen de forma minuciosa motivado por una obsesión hacia la menor y que actuó por mero placer.
La víctima mantenía un aprecio cercano hacia el agresor, similar al vínculo con un familiar, situación que Claudio Barrelier aprovechó para vulnerarla y terminar con su vida.
La versión sobre la existencia de un auto rojo utilizado en el hecho fue descartada por carecer de sustento real.
Agostina Vega ingresó con vida a esa vivienda y salió sin ella, por lo que el único ejecutor enfrenta una pena ineludible de prisión perpetua.
La última declaración brindada por Claudio Barrelier ante la justicia no posee respaldo en las pruebas del expediente y constituye un intento por desviar la atención de la opinión pública.
Para la abogada Fernanda Alaniz, este testimonio representa una burla a la memoria de la víctima y al dolor de la familia.
El padre de la adolescente atraviesa un proceso sumamente complejo con asistencia psicológica y el acompañamiento de sus amigos, habiendo perdido previamente a la totalidad de su grupo familiar.
Para exigir justicia, la querella organizó una movilización pública que partirá desde la vivienda donde ocurrió el femicidio, ubicada en las calles Avellaneda y Campillo, con destino a la Legislatura provincial.
La marcha cuenta con el acompañamiento de la madre de Blas y de los familiares de Catalina Gutiérrez, víctima de Soto.
El objetivo central de la movilización es solicitar el tratamiento y aprobación de la denominada Ley Agostina.
Esta iniciativa legislativa surge a partir de las fallas del Estado en la detección temprana de alertas de vulnerabilidad en niños y adolescentes.
La propuesta busca garantizar el derecho de los menores de edad a realizar denuncias y pedir ayuda directamente ante organismos públicos o unidades judiciales sin requerir la presencia obligatoria de un adulto.
La medida contempla un control estricto sobre los protocolos estatales vigentes que no se aplican de forma efectiva para proteger a las víctimas en sus entornos familiares.
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