¡DRAMA Y MUERTE EN EL CASO LOAN! Aparece muerto un rastreador clave tras denunciar irregularidades y la justicia investiga un posible silenciamiento…
Las revelaciones de la prima sobre la manipulación de pruebas y la trágica muerte del rastreador que sacuden a la justicia
El testimonio prestado en diciembre de dos mil veinticuatro por la prima de Loan Danilo Peña marcó un punto de máxima tensión en la causa al declarar haber presenciado hechos en la zona rural donde el menor fue visto por última vez.
La testigo se negó a detallar las imágenes observadas argumentando un profundo temor por su integridad física, expresando la posibilidad de que terceros intentaran plantar el cuerpo del niño en la zona para simular un accidente y cerrar el expediente judicial.
Ante la gravedad de los dichos y el estado de temor manifestado, la querella consideró determinantes los testimonios de la prima y de Macarena Peña, ordenando la realización de peritajes psicológicos sobre ambas en la provincia de Salta.
En el mismo período, el abogado de la familia de la víctima, Juan Pablo Gallego, afirmó que los padres del menor alcanzaron un punto límite y señaló que Laudelina Peña y Macarena Peña conocen en detalle las acciones concretas ejecutadas desde el inicio de la desaparición.
Por su parte, la jueza federal Cristina Pozzer Penzo ordenó la citación a declaración testimonial del sacerdote párroco de Nueve de Julio, Cristian González, a solicitud de la familia querellante e invocando la postura expresada por el papa Francisco sobre el involucramiento de la iglesia.
Paralelamente, los padres del menor presentaron ante la Cámara de Diputados de Corrientes un pedido formal de juicio político contra el gobernador Gustavo Valdés y el vicegobernador de la provincia por presunto mal desempeño y omisión de deberes.
En el marco de la investigación judicial, el excomisario Walter Maciel prestó una nueva declaración acusando formalmente a Carlos Pérez, María Victoria Caillava y Laudelina Peña por el atropellamiento y posterior ocultamiento del cuerpo del niño.
Walter Maciel afirmó ante el tribunal que Laudelina Peña intervino de manera directa en la aparición del calzado hallado en el barro durante las primeras jornadas de búsqueda.
Tras las acusaciones vertidas por el excomisario, la defensa de Laudelina Peña solicitó un careo con Walter Maciel, procedimiento que fue cancelado posteriormente por la decisión de la propia imputada de no llevarlo a cabo.
Por orden del tribunal se autorizó la realización de un careo entre Laudelina Peña y su expareja Antonio Benítez, luego de que este último declarara que la mujer conoce el destino del menor.
La fiscal de la causa descartó la veracidad de los testimonios de Laudelina Peña al sostener que forma parte del grupo de acusados que encubren los hechos, detectando contradicciones marcadas entre sus dichos y las declaraciones presentadas por Antonio Benítez.
En las audiencias técnicas, un perito de la Policía Federal Argentina confirmó que la muestra extraída del guardabarros delantero derecho de la camioneta Ford Ranger pertenecientes a Carlos Pérez y María Victoria Caillava permitió obtener un perfil de ADN nuclear masculino tras tres procesos de amplificación.
Análisis posteriores realizados por la Universidad Nacional del Nordeste no lograron extraer material genético analizable de la misma muestra debido a la escasa cantidad o degradación del material biológico.
El jefe del cuartel de bomberos voluntarios de Nueve de Julio y director de Defensa Civil, José Manuel Ojeda, declaró ante el Tribunal Federal que los equipos de rescate fueron engañados al momento de iniciar los rastrillajes masivos, afirmando que el menor ya no se encontraba en el perímetro.
José Manuel Ojeda descartó la hipótesis de un accidente en la zona y denunció que el botín atribuido a Loan Danilo Peña fue implantado en el terreno de manera deliberada.
El jefe de bomberos detalló que Antonio Benítez fue visto salir en motocicleta a las diecisiete horas y cuarenta minutos del trece de junio transpirado y con una camiseta roja envuelta en el brazo, retornando horas más tarde con una indumentaria de color oscuro.
En el marco de las derivaciones del caso se registró la muerte de Alejandro Pata Mendoza, integrante del grupo de cazadores autoconvocados de Esquina que participó en los rastrillajes iniciales y quien fue hallado sin vida con un impacto de bala en su domicilio.
Días antes de su fallecimiento, Alejandro Pata Mendoza publicó un mensaje en redes sociales anticipando su final y difundió grabaciones de audio donde denunciaba irregularidades en los peritajes del tres de agosto de dos mil veinticuatro, fecha en que decidió retirarse de la búsqueda.
En dichos audios, Alejandro Pata Mendoza expuso la ruptura de su relación con el abogado Roberto Méndez y mencionó la recepción de dinero entregado por la familia del menor para intensificar las tareas de campo.
La policía de Corrientes y la fiscalía abrieron una investigación penal para determinar si la muerte de Alejandro Pata Mendoza correspondió a un hecho autoinfligido o a la intervención de terceros, constituyendo el segundo deceso de una persona vinculada al caso tras la muerte súbita del abogado Néstor Luque.
El periodista Alejandro Puebla emitió una declaración pública en sus plataformas digitales aclarando que no tenía intenciones de quitarse la vida, desligándose de eventuales hechos violentos en su contra.
En el ámbito judicial provincial se confirmó la renuncia del presidente del Tribunal Oral Federal de Corrientes, Fermín Amado Ceroleni, para acceder al beneficio de la jubilación, medida que no alteró el cronograma de audiencias fijado.
La fiscalía confirmó que el próximo siete de octubre prestará declaración indagatoria la imputada María Victoria Caillava, tras un receso en las audiencias por la realización de un congreso judicial.
En el expediente paralelo por el crimen de Agostina Vega, la imputada Marianela Palmero, pareja de Claudio Barrelier, declaró ante la justicia expresando su arrepentimiento por haber guardado silencio tras haber escuchado ruidos y gritos la noche del asesinato.
La fiscalía aclaró que la declaración de Marianela Palmero no constituye una confesión del crimen, mientras que peritajes acústicos realizados en la vivienda confirmaron que los gritos debieron ser escuchados desde el interior del inmueble.
La abogada querellante Fernanda Alanis descartó la hipótesis planteada por Claudio Barrelier sobre una supuesta entrega por deudas vinculadas al narcotráfico, sosteniendo que las pruebas acreditan una actuación de extrema crueldad.
Tras la restitución de la vivienda a sus propietarios, la aparición de libros de anatomía pertenecientes a Claudio Barrelier arrojados a la vía pública provocó la intervención de la fiscalía, ordenando la paralización inmediata de los trabajos de desocupación en el inmueble.
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