¡SE CAYÓ EL TEATRO JUDICIAL! La verdad oculta tras el video prohibido de Cristina Fernández y la millonaria estafa que acorrala a Mauricio Macri
Un insólito operativo judicial expone maniobras secretas y tensiones políticas en el seno de la justicia
Durante el histórico allanamiento llevado a cabo en el departamento de Cristina Fernández, el juez Claudio Bonadío tomó la decisión de expulsar del lugar al abogado defensor Carlos Beraldi, quien previamente había facilitado el ingreso de los efectivos policiales.
En el marco de la investigación conocida como la causa de los cuadernos, la fiscalía exhibió ante el tribunal una grabación en video de aproximadamente 20 minutos realizada durante dicho procedimiento.
El material audiovisual mostró detalles del departamento de la exmandataria, incluyendo la exposición de sus prendas íntimas y la estructura de seguridades internas.
El operativo reveló la existencia de una habitación con puerta blindada en el interior del inmueble donde residía Cristina Fernández sin custodia dentro del departamento.
El abogado José Manuel Ubeira explicó que la puerta de seguridad obedecía exclusivamente a la protección personal de una persona que vivía sola y carecía de guardia interna.
Fuentes del proceso confirmaron que la requisa policial arrojó un resultado de cero hallazgos respecto de la presencia de dólares o elementos ilícitos.
Durante la misma jornada de la exhibición audiovisual, se difundió una conferencia de prensa relacionada con la causa vialidad donde un testigo declaró sobre la distribución de fondos de la obra pública dirigidos al empresario Lázaro Báez en la provincia de Santa Cruz.
A diferencia del registro detallado en la residencia de Cristina Fernández, la fuerza policial no realizó grabaciones audiovisuales en los allanamientos efectuados en las sedes de la empresa Techint.
En el procedimiento a la firma Techint, los agentes policiales no incautaron documentación sino que recibieron la información directamente de los abogados de la compañía.
Frente a la difusión constante del video en medios de comunicación durante la audiencia, el abogado Carlos Beraldi presentó una incidencia que derivó en el voto en disidencia del juez Germán Castelli para suspender la transmisión.
El abogado José Manuel Ubeira recordó que procedimientos con exposición de pertenencias personales ocurrieron históricamente durante la caída del presidente Hipólito Yrigoyen el 6 de septiembre de 1930.
Actualmente, sondeos atribuidos al diario Clarín señalan que Cristina Fernández conserva un 38% de intención de voto mientras permanece en su residencia de la calle San José.
Por su parte, el dirigente Oscar Parrilli afirmó que los dirigentes Javier Milei y Mauricio Macri temen competir electoralmente contra la exmandataria.
En el ámbito legislativo, el proyecto de presupuesto presentado por el Poder Ejecutivo contempla modificaciones sobre las partidas destinadas al sector de la discapacidad.
El diputado Eduardo Valdés precisó que el 12% de la población argentina presenta algún tipo de discapacidad, alcanzando un universo de aproximadamente seis millones de personas.
Los senadores Patricia Bullrich y Luis Juez declararon públicamente no haber tenido conocimiento previo de las modificaciones presupuestarias en dicha materia.
Paralelamente, sectores de la oposición convocaron a la denominada marcha de la bronca en las calles como medida de protesta.
En la residencia presidencial de Olivos, la administración dispuso el despido de los cocineros y personal civil tras filtraciones de información y desacuerdos en la preparación de la comida.
En el plano judicial financiero, el fiscal de casación José Luis Agüero Iturbe apeló el archivo de la causa que investiga el préstamo contraído con el Fondo Monetario Internacional durante la gestión de Mauricio Macri.
La decisión judicial previa de archivar la causa había sido tomada por la jueza María Eugenia Capuchetti y confirmada por los jueces Mariano Llorens y Pablo Bertuzzi.
El dictamen del fiscal José Luis Agüero Iturbe señala que se vulneraron todos los mecanismos de control administrativo y alerta sobre una diferencia de 30.000 millones de dólares respecto de los 57.000 millones autorizados originalmente.
La causa por el endeudamiento externo pasó a la Sala IV de la Cámara de Casación, integrada por los jueces Javier Carbajo, Gustavo Hornos y Mariano Borinsky.
En el plano internacional, el presidente de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, denunció públicamente que al menos cinco jueces participaron en fiestas organizadas por el banquero Daniel Burlamaqui, detenido por fraude.
Según la denuncia emitida por Luiz Inácio Lula da Silva, el banquero Daniel Burlamaqui pagó una deuda de 10.000 dólares a solicitud de uno de los magistrados involucrados.
En el ámbito judicial local, las autoridades ordenaron la clausura por 180 días del autódromo de La Plata tras detectar 13 fallas eléctricas y una pérdida de combustible.
Fuente: Diario K
