¡TRAMA CRIMINAL AL DESCUBIERTO! SICARIOS, REDES DE CORRUPCIÓN Y LOS AUDIOS SECRETOS QUE REVELAN EL LADO MÁS OSCURO DEL PODER
Un complot criminal de alcance internacional acaba de quedar al descubierto en una declaración que sacude las estructuras del poder político.
La abogada Nadia Beller ratificó ante la fiscalía argentina la existencia de conversaciones decisivas sobre la filtración de audios vinculados a la causa Andis.
En ese material se detallaba la operación de una red de corrupción cuyos hilos se extendían hasta Karina Milei, secretaria general de la presidencia.
La testigo entregó formalmente su teléfono celular a la justicia para que los peritos constaten la veracidad de los chats existentes.
Según el testimonio, Fernando Cerimedo le aseguró que Natalia Basil, madre de sus hijos, había presentado la denuncia para desmantelar la estructura ilícita antes de dimitir.
No obstante, Nadia Beller constató a través de la prensa argentina que Natalia Basil no renunció a su cargo, sino que fue echada por las autoridades.
La declaración judicial reveló además maniobras de estafa y desvío de fondos orquestadas para simular solvencia económica en la Argentina.
Durante el proceso de peritaje telefónico surgieron evidencias sobre el negocio del tancaje y la provisión de combustible traído hacia Bolivia a través de puertos argentinos.
En estas operaciones comerciales figura como socio clave Brad Parscale, señalado por proveer la tecnología utilizada en campañas de desinformación y granjas de trolls en América Latina.
La abogada confirmó la existencia de audios donde se demuestra que Brad Parscale impuso la incorporación de Natalia Basil en el esquema técnico del almacenamiento de combustible.
Las grabaciones exponen un tráfico de influencias directo ejercido por Fernando Cerimedo mientras se desempeñaba como asesor presidencial.
El poder acumulado por Fernando Cerimedo en territorio boliviano incluyó el control absoluto sobre las contrataciones y los cupos de combustible en empresas estratégicas del Estado.
En el marco de la causa por legitimación de ganancias ilícitas, la justicia amplió las imputaciones contra el consultor por el delito de usurpación de funciones.
Las pruebas aportadas demostraron que el imputado coordinaba directamente con el jefe nacional de inteligencia y de narcóticos de Bolivia.
Ese mando policial respondía de manera exclusiva a Fernando Cerimedo, puenteando la autoridad de los comandantes generales de la fuerza.
En la audiencia cautelar, el propio acusado admitió abiertamente que operaba de forma directa con un grupo selecto de efectivos policiales.
La investigación por tentativa de homicidio confirmó que los sicarios ejecutaron el ataque armado por orden directa de Fernando Cerimedo.
Minutos antes del atentado, el agresor le envió un mensaje afectuoso a Nadia Beller para asegurar su desplazamiento confiado hacia la emboscada.
Inmediatamente después de efectuar los disparos, los sicarios le arrebataron el teléfono celular de la mano a la víctima para destruir evidencias.
El ataque armado se produjo mientras la abogada cursaba un embarazo que actualmente alcanza las nueve semanas de gestación.
Los informes médicos advierten sobre un marco de salud sumamente delicado debido a las altas dosis de anestesia, medicamentos y plomo en sangre.
Los especialistas no descartan la presencia de daños cognitivos o malformaciones en el desarrollo del bebé a causa de las heridas sufridas.
La víctima cuenta hoy con una custodia especial integrada por efectivos policiales tras denunciar la extrema vulnerabilidad del sistema de seguridad local.
Durante sus traslados a los tribunales, la abogada debe descender en la vía pública sin controles preventivos sobre las personas circundantes.
Entre el material preservado en el dispositivo entregado a la justicia figuran grabaciones de hora y media de duración con diálogos dirigidos a ministros y diputados.
Asimismo, los peritajes en el teléfono de Fernando Cerimedo registran mensajes donde reconoce su paternidad y exige derechos sobre la crianza del hijo en común.
Las actuaciones judiciales continúan con la extracción de datos de la computadora y del dispositivo iPhone que el imputado se niega a desbloquear.
Los investigadores avanzan sobre los vínculos de la red en la construcción de infraestructura portuaria junto a Vicente Quintanal.
Los fondos generados por la red de corrupción en Bolivia eran derivados hacia la Argentina para encubrir pasivos y estafas previas de 30.000 dólares.
El expediente penal sigue sumando audios y registros magnéticos para determinar el alcance total de las operaciones ilícitas en la región.
Fuente: Revolución Popular Noticias
