Por este trino DESCARADO ridiculizan a Iván Cepeda
El giro ministerial que sacudió la cartera de Educación destapó una verdadera tormenta política tras la salida imprevista de Vivian Morales, quien dejó el cargo invocando motivos familiares relacionados con la delicada situación de salud de una pariente cercana.
La renuncia provocó una inmediata respuesta desde la Presidencia, donde el mandatario Abelardo de la Espriella oficializó la llegada de la abogada Ilva Miriam Hoyos para asumir la conducción del ministerio.
El nombramiento desencadenó una fuerte ola de rechazo en los sectores de la extrema izquierda y el movimiento petrista, quienes ven en la nueva funcionaria un perfil sumamente antagónico debido a su firme fe católica y su vasta trayectoria académica.
Ilva Miriam Hoyos cuenta con una reputación pública construida como abogada y doctora en derecho de la Universidad de Navarra en España, con estudios de posgrado en derechos humanos en la Universidad Complutense de Madrid y en el Instituto Interamericano de Derechos Humanos de Costa Rica.
En el ámbito profesional, se desempeñó como jefa de la oficina jurídica de Inravisión, asistente de la Viceprocuraduría General de la Nación, directora del Instituto de Humanidades y decana de la Facultad de Derecho de la Universidad de La Sabana.
Su vínculo con el exprocurador Alejandro Ordóñez, a quien acompañó como procuradora delegada para la defensa de los derechos de la infancia, la adolescencia y la familia, incrementó la animadversión de sus detractores, recordando que dicho funcionario destituyó en el pasado a Gustavo Petro de la Alcaldía de Bogotá.
A este historial se suma su participación en el Consejo de Protección de Niños y Personas Vulnerables de la Conferencia Episcopal de Colombia, consolidando su perfil en sectores conservadores.
Por otro lado, la escena mediática registró la salida de la periodista Ana Cristina Restrepo de su espacio habitual en Blu Radio, un hecho que la comunicadora atribuyó a presuntas incomodidades generadas al gobierno de Abelardo de la Espriella.
No obstante, las explicaciones corporativas emitidas por Caracol Televisión señalaron que la cancelación del programa respondió exclusivamente a bajos niveles de audiencia y falta de rentabilidad, mientras analistas destacan la continuidad de otros opinadores críticos en la misma emisora como Luis Ernesto Gómez y Aurelio Suárez.
En el escenario legislativo, el Congreso fue testigo de un álgido debate a raíz de la moción de censura promovida por el Pacto Histórico contra el ministro de Defensa Mora, motivada por la muerte de tres menores de edad reclutados por organizaciones criminales en medio de un bombardeo oficial.
El senador Alex Flores, ficha política de Daniel Quintero y recordado por un polémico incidente en Cartagena, justificó la acción contra el jefe de la cartera militar asegurando que la oposición cumple con su deber constitucional.
Durante una confrontación radial con Julio Sánchez Cristo, el congresista eludió responder sobre la ausencia de mociones de censura durante el mandato de Gustavo Petro, época en la cual las bajas de menores en operaciones oficiales aumentaron en más de un 40% según cifras de Medicina Legal.
En esa misma línea, la representante por el Valle Ana Erazo reconoció que estos episodios han ocurrido en todas las administraciones, omitiendo condenar el reclutamiento forzado llevado a cabo por grupos al margen de la ley.
La controversia aumentó tras las declaraciones del dirigente Iván Cepeda, quien denunció públicamente el asesinato de los líderes indígenas María Ovidia Palechor y James Flor en su vivienda, adjudicando la responsabilidad al clima político actual.
Las reacciones no se hicieron esperar frente al silencio que mantuvo el dirigente durante la administración anterior, período en el que cientos de líderes sociales resultaron victimados en el marco de la implementación de la denominada política de paz total.
Para finalizar, la representante María Fernanda Carrascal, conocida popularmente como MAFE Carrascal, generó perplejidad al definir públicamente el IPC como el “impuesto al consumidor”, cometiendo una evidente equivocación sobre el indicador económico que mide el índice de precios al consumidor.
Fuente: Julio César Iglesias
