¡El gran secreto del petróleo venezolano salta por los aires en Miami mientras el exministro más poderoso del régimen desaparece sin dejar rastro de su celda!
La extraña desaparición del antiguo zar del petróleo venezolano tras la confesión definitiva del mayor testaferro del régimen en Miami

La cúpula del poder en Venezuela enfrenta un sacudida institucional ante la confirmación oficial de que Alex Saab firmó un acuerdo de culpabilidad en una corte federal de Miami por el delito de conspiración para lavar dinero.
El procesado aceptó entregar 195 millones de dólares de un total de 350 millones obtenidos mediante ganancias ilícitas dentro del esquema de contratos del programa de alimentos CLAP y operaciones de comercialización petrolera.
Las clausulas del acuerdo imponen a Alex Saab la obligación legal de aportar documentos, declaraciones y pruebas efectivas ante las autoridades de Estados Unidos para demostrar la estructura exacta del despojo financiero ejecutado a través de PDVSA.
Esta declaración en los tribunales estadounidenses coincide de manera directa con la pérdida total de rastro del exministro de Petróleo y expresidente de PDVSA, Tarek El Aissami.
Las autoridades venezolanas recluyeron a Tarek El Aissami en la prisión El Rodeo 1 tras su arresto en el marco de la investigación por la trama de corrupción denominada PDVSA-Cripto.
El último registro de su ubicación en el recinto penitenciario data del 29 de agosto de 2026, fecha en que las autoridades del penal informaron a su esposa la suspensión indefinida de la visita familiar sin ofrecer explicaciones oficiales.
Los abogados defensores María Mercedes Bartelé y Jesús Calma denunciaron formalmente el 11 de septiembre de 2026 que desconocen el paradero exacto de Tarek El Aissami.
Los juristas realizaron recorridos por múltiples centros de detención entre los que figuran el penal Simón Bolívar, Fuerte Guaicaipuro y diversas dependencias militares sin obtener respuesta sobre su ubicación.
La defensa presentó escritos de petición de información ante el Ministerio de Servicios Penitenciarios los días 31 de agosto y 9 de septiembre de 2026, las cuales tampoco recibieron contestación de las instituciones estatales.
La trayectoria de Tarek El Aissami en el chavismo abarca los cargos de vicepresidente de la República, ministro del Interior, gobernador del estado Aragua, vicepresidente de Economía y máximo jerarca de la industria petrolera nacional.
El exfuncionario renunció a sus cargos en marzo de 2023 tras el estallido de la Operación Anticorrupción y fue detenido por los organismos policiales el 9 de abril de 2024.
La Fiscalía imputó a Tarek El Aissami por delitos de traición a la patria, apropiación o distracción del patrimonio público, valimiento de relaciones de influencia y legitimación de capitales.
A pesar de ser arrestado en abril de 2024, el juicio formal en su contra comenzó dos años después, específicamente el 20 de abril de 2026.
Durante las audiencias del juicio celebradas en Caracas, Tarek El Aissami denunció de forma explícita ante el fiscal general Tarek William Saab que fue víctima de torturas y malos tratos dentro de su sitio de reclusión.
En las mismas declaraciones judiciales, el imputado responsabilizó de forma directa a funcionarios de alto nivel del propio aparato gubernamental por las órdenes ejecutadas en su contra.
Análisis y reportes técnicos vinculan el control de las operaciones de venta ilícita de crudo con la gestión directa asumida por Delcy Rodríguez tras la salida del antiguo zar petrolero.
El criminólogo Sair Mundaray sostiene que Tarek El Aissami se encuentra recluido en la instalación militar de Fuerte Tiuna, la misma sede donde permaneció custodiado Alex Saab antes de ser entregado a la justicia norteamericana.
Investigaciones documentadas por el portal Armando.info revelaron que el socio histórico de Alex Saab, Álvaro Pulido, continuó con el manejo de las operaciones de alimentos y crudo mediante decenas de empresas fachada tras la captura del empresario en Cabo Verde.
Documentos internos de la petrolera estatal PDVSA demostraron que 19 compañías relacionadas con la red de Alex Saab y Álvaro Pulido dejaron un impago registrado de aproximadamente 1.500 millones de dólares por concepto de petróleo entregado.
Las auditorías de PDVSA evidenciaron que las cuentas por cobrar vinculadas a intermediarios encargados de la evasión de sanciones generaron un hueco fiscal que alcanzó los 8.000 millones de dólares.
Los registros contables internos de la corporación reflejan un total de 13.338 millones de dólares en facturas petroleras que fueron transferidas directamente al Estado para intentar cerrar las cuentas pendientes.
Los informes de la Fiscalía Venezolana fijaron inicialmente los montos desaparecidos durante el juicio en 5.550 millones de dólares, distando de las primeras denuncias públicas que señalaban 3.000 millones.
La organización Transparencia Venezuela calculó el daño patrimonial real a las arcas públicas en 16.900 millones de dólares.
Los balances contables de la propia PDVSA acumulan un registro total de 21.000 millones de dólares catalogados en el rubro de cuentas por cobrar sin ejecutar.
El Departamento del Tesoro de los Estados Unidos identificó desde junio de 2020 una red encargada de comercializar más de 30 millones de barriles de crudo venezolano para esquivar los bloqueos financieros.
En las resoluciones de la Oficina de Control de Activos Extranjeros OFAC dictadas en enero de 2021, las autoridades estadounidenses señalaron a Tarek El Aissami y a Alex Saab como articuladores directos del esquema de ventas ilícitas.
Investigaciones norteamericanas determinaron que Alex Saab retenía 50 centavos de cada dólar generado en dichas operaciones comerciales para transferirlos a cuentas bajo el beneficio de Nicolás Maduro y porcentajes menores destinados a Tarek El Aissami.
El choque de intereses por el manejo del circuito financiero petrolero involucra de forma directa las gestiones políticas de los hermanos Jorge Rodríguez y Delcy Rodríguez dentro de la cúpula del poder.
La colaboración judicial pactada por Alex Saab en Miami reconstruye la red que enlazaba los contratos del programa alimentario CLAP, las sociedades fachada internacionales y el entramado de ventas de petróleo supervisado por Tarek El Aissami.
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