“Se los llevaron y los ocultaron”: el desgarrador testimonio del fiscal del caso Loan
La revelación del fiscal ante el estrado que destapa la maniobra criminal y acorrala a los imputados
Una categórica intervención del fiscal de la causa, Carlos Shaffer, aportó elementos decisivos durante la cobertura del debate oral por la sustracción y el ocultamiento del menor Loan Danilo Peña.
La representación del Ministerio Público Fiscal ratificó que las pruebas acumuladas en el expediente acreditan que el menor fue retirado de la propiedad de Catalina e introducido en una camioneta, para luego ser trasladado a un automóvil perteneciente al matrimonio de Carlos Pérez y Victoria Caillava.
Peritajes de rastro de olor realizados por los investigadores dieron resultado positivo para la presencia de Loan Danilo Peña en el baúl y en el asiento trasero del vehículo del matrimonio.
El fiscal Carlos Shaffer confirmó que la secuencia delictiva se inició desde el primer momento de la desaparición, mediante una maniobra coordinada para desviar la investigación inicial de la justicia provincial.
Al día siguiente del hecho, integrantes del grupo imputado plantaron un botín en el barro con la finalidad de simular que el menor se había perdido caminando de manera desorientada.
La maniobra buscaba instalar la hipótesis de un extravío antes de que las actuaciones pasaran a la jurisdicción de la justicia federal por el delito de sustracción.
La acusación destacó que el famoso almuerzo realizado en la vivienda rural fue planificado directamente por Laudelina Peña y Antonio Benítez.
El imputado Antonio Benítez convocó al encuentro a Daniel Ramírez y Mónica Millapi, mientras que Laudelina Peña cursó las invitaciones directas a Carlos Pérez y Victoria Caillava.
La fiscalía reconstruyó la ventana temporal de la sustracción, estableciendo que Victoria Caillava realizó la primera llamada a la policía a las 15:37 horas para alertar sobre la pérdida del menor.
Los imputados dispusieron de un margen de tiempo estimado en una hora y doce minutos para ejecutar la logística del traslado del menor sin interferencia de las fuerzas de seguridad.
Tras la desaparición, Victoria Caillava y Carlos Pérez se desplazaron a la ciudad de Resistencia alegando la atención de un tratamiento oncológico urgente.
Durante esa estancia, los acusados se fotografiaron en el hotel de turismo brindando con vino, para luego enviar un mensaje de audio al comisario Walter Maciel informando sobre su viaje.
El fiscal Carlos Shaffer abordó además la irrupción de diez personas ajenas al expediente que actuaron bajo la denominación de los falsos Dupuy.
El grupo obtuvo únicamente un permiso por mensaje de texto emitido por el abuelo de Lucio Dupuy para utilizar su apellido, careciendo de personería jurídica o autorización para intervenir en el proceso.
Estas personas retuvieron en un hotel de 9 de Julio a tres menores de edad y a las jóvenes Camila Núñez y Macarena Peña, a quienes mantuvieron bajo un régimen de encierro encubierto mediante la provisión de seguridad, alimentos y aire acondicionado.
Durante su permanencia en el establecimiento hotelero, uno de los menores modificó su testimonio inicial prestado en Cámara Gesell, incorporando la versión de un sujeto encapuchado y con barba que se habría llevado al menor.
El fiscal Carlos Shaffer vinculó el testimonio prestado en la jornada por la periodista Paula Bernini con las maniobras de entorpecimiento desplegadas por este grupo.
El falso abogado Alan Cañete remitió un mensaje de texto al abuelo de Lucio Dupuy confirmando la detención de Laudelina Peña tras haberla asesorado.
Los falsos integrantes de la fundación manipularon a Macarena Peña para que se comunicara con su madre, imponiéndole la designación de una abogada provista por la misma organización.
El Ministerio Público Fiscal ratificó que estas maniobras fueron utilizadas para beneficiar de forma directa la situación procesal de Carlos Pérez y Victoria Caillava.
La fiscalía descartó la existencia de pruebas que vinculen el hecho a una red de trata de personas en la provincia, sosteniendo la acusación firme por sustracción y ocultamiento.
El delito imputado prevé penas de 5 a 15 años de prisión, sobre las cuales la fiscalía solicitará el tope máximo debido a la naturaleza permanente y continua de la desaparición del menor.
Ante la renuncia del juez Fermín Ceroleni, la presidencia del tribunal colegiado será asumida por el magistrado Enrique Bosch, quien presenció la totalidad de las audiencias.
El proceso continuará con la recepción de testimonios de efectivos policiales, proyectando la conclusión de los alegatos hacia fin de año.
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