Cristina Kirchner: estas fueron las pruebas presentadas en la conferencia de prensa
Un informe contable internacional y la declaración de un testigo clave de la propia fiscalía acaban de derrumbar el pilar central de la condena contra la exmandataria.
Durante una conferencia de prensa convocada por el equipo de defensa de Cristina Fernández de Kirchner, los abogados expusieron un hallazgo probatorio de dimensiones monumentales que demuestra de manera irrefutable su inocencia en la causa Vialidad.
La acusación original sostenía que la expresidenta encabezaba una asociación ilícita orientada a direccionar obras públicas hacia la provincia de Santa Cruz y en favor del empresario Lázaro Báez.
Esa teoría acusatoria incluía presupuestos aprobados por el Congreso, decretos de necesidad y urgencia, resoluciones de los jefes de gabinete y decisiones dictadas por el Ministerio de Planificación Federal conducido por Julio De Vido.
A lo largo del proceso judicial, el propio tribunal absolvió a la exmandataria del delito de asociación ilícita.
Las tres toneladas de prueba exhibidas por la fiscalía fueron desestimadas cuando los legisladores nacionales ratificaron la legalidad de los presupuestos y los jefes de gabinete declararon bajo juramento no haber recibido presiones para beneficiar a ningún contratista.
El extitular de la cartera de Planificación, Julio De Vido, resultó absuelto, lo que eliminó cualquier ilícito vinculado a las resoluciones de su ministerio.
Ante la caída de la hipótesis inicial, el Tribunal Oral Federal basó la condena por administración fraudulenta exclusivamente en el Decreto 54 firmado por Cristina Fernández de Kirchner en el año 2009.
Los jueces dictaminaron que dicha norma, que facultaba a la Dirección Nacional de Vialidad a utilizar el fondo fiduciario conocido como Sisvial para el pago de certificados de obra pública, había sido dictada con el propósito de proveer fondos a las empresas de Lázaro Báez.
En su momento, la defensa encabezada por Carlos Beraldi solicitó una pericia contable exhaustiva para probar que el decreto tenía un alcance general y que los recursos fueron distribuidos entre todos los contratistas del país.
El tribunal denegó la realización de ese peritaje, transformándolo en una medida de oficio que nunca fue llevada a cabo.
Esta negativa provocó la presentación de recursos por violación al derecho de defensa en juicio, los cuales llegaron a la Corte Suprema de Justicia.
El máximo tribunal rechazó tratar el reclamo argumentando razones formales, sosteniendo que al encontrarse la prueba en discusión no existía una sentencia definitiva.
La condena fue convalidada posteriormente por la Cámara de Casación y la Corte Suprema rechazó darle trámite al recurso extraordinario presentado por la defensa.
La verdad salió a la luz el pasado 6 de agosto de este año en el marco del juicio oral de la causa Cuadernos, cuando la propia fiscalía citó a declarar a un funcionario técnico de la Dirección Nacional de Vialidad.
El testigo acudió a la audiencia para brindar explicaciones sobre una base de datos contenida en una planilla de Excel integrada por casi 80 columnas de información oficial.
Durante el interrogatorio ejecutado por los propios fiscales, el técnico desglosó en detalle el destino de la totalidad de los fondos desembolsados por el fideicomiso a través de la denominada Fuente 14.
Los registros oficiales expuestos en la audiencia demostraron que la inversión total en obra pública canalizada por la Dirección Nacional de Vialidad entre los años 2009 y 2015 superó los 2.000 millones de dólares.
Al analizar la distribución de esos montos, el equipo legal descubrió que el grupo de empresas perteneciente a Lázaro Báez recibió únicamente 18 millones de dólares, lo que equivale al 0,85% del total invertido.
Menos del 1% de los recursos fue a parar a las compañías del empresario, mientras que entre los años 2012 y 2015 el cobro registrado por ese grupo fue equivalente a cero.
Para dotar al hallazgo de un rigor técnico independiente, Carlos Beraldi se contactó con el abogado Rafael Valim, quien convocó a un equipo económico liderado por Antonio Correa de Lacerda, expresidente del Consejo Federal de Economía de Brasil y docente de la Universidad Católica de San Pablo.
El informe elaborado por Antonio Correa de Lacerda corroboró que la participación del grupo de Lázaro Báez en la caja del fideicomiso fue insignificante y marginal.
El estudio reveló además el ranking de los mayores beneficiarios de esos fondos públicos de la Fuente 14.
La empresa que ocupó el primer lugar del ranking con la adjudicación del 16% de los fondos, alcanzando una cifra de 360 millones de dólares, pertenecía en ese momento a un primo del expresidente Mauricio Macri.
Empresas pertenecientes a opositores políticos del gobierno de Cristina Fernández de Kirchner encabezaron la lista de desembolsos, quedando el grupo de Lázaro Báez relegado más allá del puesto veinte.
El jurista Javier Borrego, presente en la conferencia, expuso la sentencia escrita de 1.616 folios emitida por el Tribunal Oral Federal para cuestionar el criterio de los jueces penalistas al opinar sobre derecho administrativo.
El abogado señaló las contradicciones manifestadas en las páginas 1342 y 1350 del fallo, donde el tribunal afirmó que el Decreto 54 del año 2009 fue publicado en un suplemento del Boletín Oficial para ocultarlo y para financiar licitaciones fraudulentas a favor de Lázaro Báez.
Javier Borrego denunció que los jueces reconocieron expresamente la extrema severidad de su fallo en las páginas 1581 y 1584, admitiendo que la sanción aplicada debía superar el límite máximo de la pena fijada por la ley para el delito de administración fraudulenta.
El jurista enfatizó que el tribunal dedicó apenas 11 líneas para fundamentar la inhabilitación especial perpetua impuesta a la expresidenta, mientras que reservó seis páginas completas para fundamentar el decomiso de bienes.
El fallo de Casación, de 1.534 folios, se limitó a replicar los argumentos vertidos por el tribunal oral sin considerar la falta de sustento fáctico de la acusación.
Ante la contundencia de estos nuevos datos técnicos, el equipo de defensa anunció el inicio de tres vías de acción concreta.
Se formalizará una presentación ante el Comité de Derechos Humanos de las Naciones Unidas con el informe técnico firmado por los economistas brasileños.
Se interpondrá un recurso de revisión en el ámbito judicial y se solicitará la resolución de la vía interna para revertir de manera inmediata la condena impuesta a Cristina Fernández de Kirchner.
Fuente: Dareol Rewind
