FLORENCIA LÓPEZ POR LA RUTA DEL ORO DEL GOBIERNO DE MILEI: “¿QUÉ PASO CON EL ORO?”
El secreto mejor guardado de las bóvedas nacionales explotó en el recinto del Senado tras confirmarse el traslado clandestino de mil lingotes de oro al extranjero.
La denuncia formal sobre la salida sistemática de las reservas del Banco Central de la República Argentina sacudió a todo el arco político.
Un total de 250 lingotes de oro cruzaron la frontera en un primer cargamento el 8 de junio de 2024 sin que las autoridades brindaran explicaciones públicas.
El plan de evacuación de los activos estatales continuó el 2 de julio de 2024 con la salida de un segundo lote de 250 lingotes.
La sangría del patrimonio nacional registró su tercer envío el 31 de julio de 2024 al despacharse otros 250 lingotes desde la institución monetaria.
El cuarto y último cargamento identificado se ejecutó el 13 de agosto de 2024 completando la extracción de mil lingotes del patrimonio público.
El valor actual de la totalidad del lingotaje enviado al exterior supera de manera holgada los 9000 millones de dólares.
El presidente del Banco Central Santiago Bausili ocultó los datos reales ante el Congreso de la Nación e incurrió en falsedades al responder sobre las reservas.
Una moción de privilegio fue presentada en el recinto contra Santiago Bausili por lesionar gravemente el derecho constitucional a obtener información veraz y completa.
La bancada opositora exigió por tercera vez consecutiva explicaciones concretas para determinar si los lingotes fueron vendidos, empeñados o entregados como garantía de préstamos.
Las solicitudes parlamentarias para conocer el destino final del metal precioso y los beneficios económicos obtenidos no recibieron respuesta alguna.
El ocultamiento deliberado de las operaciones bancarias comenzó de forma paralela al primer embarque ejecutado en el invierno de 2024.
La senadora Juliana Di Tullio encaró directamente al titular del organismo monetario durante el debate para la reforma de la Carta Orgánica.
El funcionario Santiago Bausili argumentó que los datos sobre el traslado son confidenciales para evitar posibles embargos de la justicia internacional.
El argumento del riesgo procesal resultó desmentido debido a que la jueza Lorena Presca dictó la medida de Discovery en la causa Peterson contra la Argentina el 28 de mayo de 2024.
La resolución de la magistrada Lorena Presca autorizó la búsqueda y el embargo de activos argentinos en cualquier lugar del mundo semanas antes del inicio de los despachos de oro.
Las reservas terminaron depositadas en Londres justo cuando la Presidencia de la Nación endureció el discurso sobre la soberanía de las Islas Malvinas.
El envío de los lingotes a territorio británico expuso las reservas argentinas a un peligro extremo bajo la jurisdicción del Reino Unido.
El informe de la auditoría interna publicado en la plataforma oficial del Banco Central encubrió la falta del lingotaje en los balances contables de 2025.
El síndico del Banco Central Eusebio Montenegro firmó la aprobación de los estados financieros omitiendo la ausencia física de los lingotes de oro.
El contador Pablo Carabajal avaló los balances irregulares en su carácter de encargado de la auditoría interna de la entidad oficial.
La firma de auditoría externa Price representada por el contador Gaston Iswi convalidó los informes contables sin detallar la ubicación ni las rentabilidades de la masa de oro.
La Auditoría General de la Nación desmintió los dichos del Banco Central al confirmar que la trazabilidad del metal no concluyó por la falta de acceso a la documentación durante un año.
El Poder Ejecutivo impulsó una modificación express de la Carta Orgánica para facultar al organismo a poner las reservas del extranjero como garantía.
La iniciativa parlamentaria busca blindar de forma legal las operaciones crediticias que la gestión del Banco Central ya ejecutó de manera clandestina.
Fante el silencio sistemático de las autoridades la senadora Juliana Di Tullio y el senador Martín Soria judicializaron el caso ampliando la denuncia penal.
La presentación llevada a cabo por Juliana Di Tullio y Martín Soria busca que los tribunales federales sancionen el saqueo consumado de los activos del Estado.
Fuente: Revolución Popular Noticias
