¡GOLPE DE TEATRO EN LA JUSTICIA! Apareció el documento clave que desmiente la condena por Vialidad y abre el camino presidencial de Cristina Kirchner hacia 2027.
El plan de proscripción política contra Cristina Kirchner acaba de recibir un estallido demoledor en el seno del propio fuero federal tras salir a la luz una prueba irrefutable que destruye el argumento central de la causa Vialidad y salpica directamente a la familia de Mauricio Macri.
Un técnico de Vialidad apellidado Viale, presentado por la propia fiscalía acusadora durante el juicio orquestado por los cuadernos, exhibió el informe oficial sobre el destino real de los fondos administrados a través del fideicomiso creado por el decreto 54 del año 2009.
El documento técnico demuestra que el empresario Lázaro Báez ni siquiera figura en la nómina de los principales beneficiarios de esos recursos y recibió menos del 1% del total de las obras viales ejecutadas en todo el país.
La firma que acaparó la mayor cantidad de fondos provenientes de ese decreto fue IECSA, la empresa perteneciente a Angelo Calcaterra, primo hermano de Mauricio Macri.
El decreto financió obras a lo largo y ancho del territorio nacional beneficiando a más de 100 empresas entre los años 2009 y 2015.
Los números oficiales desmintieron al fiscal Diego Luciani, quien afirmó ante los tribunales que entre 2014 y 2015 se enviaron 500 millones de dólares a Lázaro Báez, al probarse que el último pago registrado hacia sus firmas se ejecutó en el año 2011.
Durante el desarrollo del juicio oral de la causa Vialidad, los tribunales de primera instancia, la Cámara de Casación y la Corte Suprema rechazaron sistemáticamente todos los pedidos de la defensa para peritar e informar sobre el destino de los fondos del fideicomiso.
El exministro de Justicia Mariano Cúneo Libarona afirmó públicamente en el año 2020, tras estudiar la causa Vialidad, que no encontró ningún elemento que demuestre la existencia de un delito o la responsabilidad penal de Cristina Kirchner.
En esa misma línea, el actual procurador del Tesoro Rodolfo Barra elaboró, firmó e incorporó al expediente un dictamen de más de 10 páginas donde dejó asentado que los hechos investigados no constituyen delito y que resulta imposible atribuirle responsabilidad a la expresidenta.
Los jueces del tribunal se negaron a considerar el informe firmado por Rodolfo Barra e intentaron excluir la presentación del expediente.
El exrelator especial de las Naciones Unidas para la Independencia de Magistrados y Abogados, el peruano Diego García-Sayán, denunció en el año 2019 desde Ginebra la existencia de un plan de amedrentamiento a jueces y fiscales desplegado durante la gestión de Mauricio Macri para perseguir a dirigentes políticos, empresariales y sindicales opositores.
Los jueces encargados de juzgar a Cristina Kirchner mantuvieron encuentros informales y jugaron al pádel en la Quinta de Olivos junto a Mauricio Macri, además de participar en viajes a Lago Escondido.
La persecución judicial contra la exmandataria incluyó la reapertura de las causas Otesur y Los Sauces inmediatamente después de la asunción del gobierno presidido por Javier Milei.
Las licitaciones públicas cuestionadas fueron ejecutadas por la provincia de Santa Cruz, donde las empresas de Lázaro Báez compitieron, ganaron y perdieron licitaciones clave como las represas Néstor Kirchner y Jorge Cepernic, o la obra de Chihuidos en la provincia del Neuquén.
Un comité de expertos de las Naciones Unidas evalúa una presentación internacional basada en el Tratado Internacional de Derechos Civiles y Políticos, firmado por Argentina en 1986 e incorporado a la Constitución Nacional en 1994.
El abogado constitucionalista Fabio Salvioli confirmó que el fallo que emitirá el organismo internacional resulta de cumplimiento obligatorio y vinculante para el Estado argentino.
La resolución favorable de la ONU obligará a la Cámara de Casación a abrir un recurso de revisión planteado por el abogado Carlos Beraldi que habilitará a Cristina Kirchner a competir de manera plena en las elecciones de 2027.
La expresidenta lidera las encuestas de opinión pública como la dirigente con mejor imagen del país por la memoria económica del año 2015, su firmeza política y la elaboración de una plataforma para el futuro.
El dirigente Óscar Parrilli confirmó que la estrategia política incluye la exigencia de la libertad de Cristina Kirchner, el impulso de su candidatura y la preparación de un programa de gobierno para el período 2027 en adelante.
El plan contempla una reforma constitucional para modificar el Poder Judicial, la renegociación de la deuda con el Fondo Monetario Internacional y la creación de un Estado presente y eficiente que incorpore capital privado a las empresas públicas.
Argentina pagó al Fondo Monetario Internacional 15.000 millones de dólares únicamente en concepto de intereses desde el año 2018 hasta la actualidad, mientras mantiene una deuda de capital que asciende a 60.000 millones de dólares.
El diputado Máximo Kirchner presentó un proyecto de ley para rediscutir la renegociación de la deuda con el organismo internacional distinguiendo entre la deuda legítima y la ilegítima.
Dirigentes como Carlos Zannini, Nieto y el propio Óscar Parrilli se trasladan a la ciudad de Resistencia, en la provincia del Chaco, para encabezar un acto junto a Jorge Capitanich.
En dicho encuentro impondrán las razones políticas y jurídicas que fundamentan la candidatura de Cristina Kirchner y la urgencia de reestructurar las instituciones judiciales del país.
Fuente: Revolución Popular Noticias
