INFORMACIÓN EXCLUSIVA: ARDE EL PJ POR LA CANDIDATURA DE CRISTINA KIRCHNER
Un feroz quiebre interno sacude la estructura del peronismo por oscuros intereses de poder y negocios inmobiliarios.
El escenario político en Argentina enfrenta una fractura absoluta debido a una contienda interna sin precedentes dentro del peronismo.
A diferencia de etapas históricas donde el espacio se alineaba en torno al dirigente con mejores métricas electorales, la dinámica actual ha tomado un rumbo de boicot directo.
El gobernador de la Provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof, se posiciona como el dirigente con mayor intención de voto en las encuestas.
Sin embargo, desde las entrañas del propio movimiento se ha puesto en marcha un plan deliberado para dificultar su gestión institucional.
La conducción del espacio permanece bajo la figura de Cristina Fernández de Kirchner, quien se encuentra arrestada e inhabilitada para ejercer cargos públicos.
A pesar de las restricciones legales impuestas por la justicia, la exmandataria intenta mantener el control absoluto de las decisiones políticas.
Para lograr este cometido, cuenta con la asesoría de un nuevo equipo legal internacional que incluye a un jurista brasileño.
Estos abogados sostienen que la inhabilitación para ejercer cargos públicos no le impide postularse como candidata electoral.
La postulación de la exmandataria es promovida activamente por su hijo, Máximo Kirchner, generando un peronismo penitenciario con reclamos por la situación de otros dirigentes detenidos.
Figuras presas como Lázaro Báez, Julio De Vido y Ricardo Jaime observan con malestar el despliegue de recursos concentrado únicamente en la jefa del espacio.
En esta disputa por la hegemonía, Axel Kicillof ha sido transformado en el principal rival de la conducción familiar.
Las embestidas contra el gobernador bonaerense son ejecutadas por la agrupación La Cámpora a través de dirigentes como Facundo Tignanelli, mano derecha de Máximo Kirchner.
Recientemente, Facundo Tignanelli revivió videos e historias del año 2008 y 2013 para cuestionar duramente las prioridades del gobierno provincial.
El detonante de la última controversia es la reparación de un avión oficial de la provincia de Buenos Aires.
El gobierno de Axel Kicillof presupuestó más de tres millones de dólares para reconstruir una aeronave que llevaba diez años sin utilizarse.
El proyecto contempla cambiar el sistema de control, los tapizados, la pintura y todos los asientos del vehículo aéreo.
Aunque la denuncia fue iniciada en los medios de comunicación, La Cámpora adoptó la información de la prensa para atacar directamente al gobernador.
La agrupación utiliza los mismos argumentos de la oposición, a pesar de que varios de sus dirigentes ocupan ministerios clave en el gabinete provincial, como las carteras de Salud y Justicia.
Frente a este bloqueo sistemático, sectores del propio gabinete instan a Axel Kicillof a expulsar a los funcionarios de La Cámpora por boicotear la gestión a un año de las elecciones.
El gobernador se niega a retirar a estos ministros por el riesgo de volver ingobernable la provincia debido a las mayorías legislativas y el peso de los intendentes.
El malestar por la paralización de la gestión ya se extiende a jefes territoriales como Mario Ishii, intendente de José C. Paz.
El dirigente comunal criticó agriamente a Axel Kicillof exigiéndole que se ponga a trabajar por la seguridad y deje de hacer política.
Mientras las disputas por la gobernación aumentan, la Cámara de Casación ratificó las decisiones judiciales sobre el lugar de arresto de la exmandataria.
Cristina Fernández de Kirchner cumple su detención en un departamento ubicado en la calle San José 1111, edificio que se ha convertido en el centro de operaciones del kirchenrismo.
Dirigentes, intendentes, operadores y abogados acuden diariamente a la propiedad para organizar la estrategia política y electoral.
Al mismo tiempo, la estructura del edificio ha sido rodeada mediante la adquisición estratégica de departamentos adyacentes por parte de aliados del espacio.
Un departamento de la propiedad pertenece a Cristina Fernández de Kirchner, el cual fue comprado en el año 2015 a través de una inmobiliaria investigada por lavado de dinero y se encuentra embargado.
Un año después, en 2016, Mariano Recalde, uno de los fundadores de La Cámpora y actual senador nacional, adquirió otra unidad en el mismo consorcio.
La maniobra se completó dos meses después de que se fijara el arresto domiciliario de la exmandataria, cuando la militante de La Cámpora Soledad Calle compró el departamento ubicado justo abajo.
Soledad Calle justificó la transacción asegurando que la vivienda sería destinada a una fundación política, aunque la propiedad permanece completamente vacía.
Esta acumulación de propiedades por parte de aliados réplica el esquema utilizado en el edificio de la calle Uruguay, donde empresarios vinculados como Fabián de Sousa compraron casi la totalidad de los pisos.
Las transacciones inmobiliarias de los dirigentes se entrelazan con causas judiciales de enriquecimiento ilícito y lavado de activos.
Durante su gestión como presidente de Aerolíneas Argentinas, Mariano Recalde garantizó que las tripulaciones de la empresa estatal se alojaran en el hotel Alto Calafate, propiedad de la familia presidencial.
Esta medida benefició directamente a los negocios de Cristina Fernández de Kirchner con un monto estimado de cinco millones de dólares.
El entramado familiar se consolida con Leandro Recalde, hermano del senador Mariano Recalde, quien fue designado como director suplente de Hotesur y de la inmobiliaria Los Sauces.
Las empresas Ote Sur y Los Sauces, investigadas por lavado de dinero, renovaron su directorio nombrando como presidente a Sebastián José Sánchez, persona de confianza de Máximo Kirchner, y a Leandro Recalde en la dirección.
La inmobiliaria Los Sauces funcionaba con un solo empleado, el jardinero Ramón Ángel Díaz, y concentraba sus alquileres en tres clientes específicos: Lázaro Báez, Cristóbal López y sus respectivas empresas.
En el marco del próximo juicio oral por lavado de dinero donde están imputados Cristina Fernández de Kirchner y Máximo Kirchner, las declaraciones del contador Víctor Manzanares aportarán pruebas definitivas.
El abogado Roberto Herrera, representante legal del contador, confirmó que su cliente testificará revelando la ilegalidad de los contratos y las maniobras irregulares en las contrataciones hoteleras.
Víctor Manzanares, quien fue el único detenido durante dos años en esta causa específica, detallará el esquema que perjudicó las arcas del Estado Nacional.
La causa cuenta con diecisiete imputados en total y expondrá la red de negocios levantada detrás de la estructura política.
Fuente: A24
