MAYANS ESTALLÓ POR INOCENCIA FISCAL 2: “ESTA LEY ES PARA ADORNI, ESPERT y LOS MILEI”
Un voraz plan de blanqueo y lavado fiscal desató un escándalo de proporciones inéditas en el Senado de la Nación al quedar al descubierto la trama secreta detrás del proyecto denominado Inocencia Fiscal 2.
La maniobra legislativa busca garantizar la impunidad de altos funcionarios del Poder Ejecutivo antes de que se cumplan los plazos para la presentación de sus declaraciones juradas patrimoniales.
El jefe de Gabinete Manuel Adorni se encuentra en el centro de la controversia al no haber presentado aún su declaración jurada oficial.
El senador José Mayans reveló desde su banca la extorsión interna que mantiene paralizado el esquema gubernamental.
“O saca esta ley o nos salvamos todos o no se salva nadie. Si no tengo que contar todo lo que pasó”.
La primera versión, conocida como Inocencia Fiscal 1, alcanzó a más de 400.000 contribuyentes sobre un universo total de 1.200.000 aportantes del impuesto a las ganancias, estableciendo topes de 1000 millones de pesos en ingresos y 10.000 millones de pesos en patrimonio.
La nueva iniciativa aprobada elimina por completo todo límite patrimonial o de ingresos, transformándose en una escala mayor que permite el ingreso irrestricto de sectores políticos y financieros.
El proyecto elimina de manera virtual el delito de evasión tributaria en la Argentina, convirtiéndose en un esquema de blanqueo y lavado que beneficia directamente al presidente Javier Milei, a su hermana Karina Milei y a legisladores como José Luis Espert.
El texto legal elimina la obligación de la trazabilidad y fiscalización bancaria para la justificación de fondos, reemplazando el control financiero por la sola certificación de un escribano público.
La modificación normativa sobre la actividad del escribano permite la compra de propiedades y activos con dinero en efectivo o lingotes de oro sin requerir la demostración del origen de los fondos.
El beneficio normativo le permite al jefe de Gabinete Manuel Adorni justificar una inconsistencia patrimonial previa.
El funcionario declaró públicamente haber encontrado 200.000 dólares en efectivo en la vivienda de su difunto padre, repartiendo el dinero con su hermano sin entregar participación a su madre, para luego invertirlo en Bitcoin.
El gobierno del presidente Javier Milei aceleró el tratamiento legislativo para evitar que el vencimiento del plazo obligue a Manuel Adorni a presentar su declaración jurada antes del mes de octubre.
El impacto sobre las arcas públicas resulta demoledor al afectar el impuesto a las ganancias, un recurso de carácter coparticipable que financia a las provincias argentinas.
La caída de la recaudación por ganancias profundizará el colapso financiero de los gobiernos provinciales, los cuales ya registran una contracción sistemática en sus ingresos.
El esquema tributario vigente descarga la presión fiscal sobre más de 20 millones de personas compuestas por trabajadores, jubilados y pensionados.
Un universo de 13 millones de trabajadores asalariados y más de 9 millones de jubilados y pensionados quedan excluidos de los beneficios del blanqueo.
El índice de desocupación alcanzó a 450.000 nuevos desempleados en todo el territorio nacional.
La población obligada paga la totalidad del Impuesto al Valor Agregado sobre servicios y consumos que se encuentran dolarizados.
En paralelo, los aportes a la seguridad social representan el 22% de la recaudación central, mientras que el Impuesto al Valor Agregado aporta entre el 22% y 23%, sumando entre ambos el 55% de los recursos del Estado.
Los funcionarios Luis Caputo y Federico Sturzenegger direccionaron el ajuste sobre los haberes de los jubilados y pensionados.
Ambos administradores diseñaron la utilización del Fondo de Asistencia Laboral, un pozo de casi 5.000 millones de dólares perteneciente a los jubilados, para financiar indemnizaciones de grandes empresas e insertarlo en la especulación financiera.
Las medidas del Poder Ejecutivo provocaron el cierre definitivo de 30.000 pequeñas y medianas empresas en todo el país.
El desfinanciamiento estatal afectó de manera directa el presupuesto educativo, anulando la meta del 6% del Producto Bruto Interno, cerrando escuelas industriales, recortando fondos a las universidades y eliminando el Fondo Nacional de Incentivo Docente.
El sistema de salud pública y la inversión en infraestructura sufrieron paralizaciones idénticas.
Las cifras oficiales sobre el costo de vida fueron cuestionadas tras la renuncia del titular del INDEC, Marco Lavagna.
La renuncia del funcionario ocurrió debido a que la canasta básica que mide el Índice de Precios al Consumidor utiliza una ponderación de consumos correspondiente al año 2011.
La medición desactualizada pondera de forma errónea el impacto de los servicios, combustibles, energía, medicamentos, vestimenta y alimentos.
La canasta básica real se ubica actualmente en los 2.000.000 de pesos, superando ampliamente los 1.600.000 pesos informados por el gobierno nacional, frente a los 290.000 a 300.000 pesos registrados al cierre de la gestión de Alberto Fernández.
Cualquier trabajador con ingresos inferiores a los 2.000.000 de pesos se encuentra técnicamente bajo la línea de pobreza.
Las tasas de interés liberadas generaron una masa de 6 millones de personas en situación de mora incobrable.
Entidades financieras aplicaron tasas del 1300% en tarjetas de crédito y del 700% para trabajadores de plataformas de entregas a domicilio.
Con una inflación en dólares calculada en el 34%, los bancos duplicaron las tasas fijándolas en el 70% anual.
En el plano financiero internacional, la Reserva Federal de los Estados Unidos incrementó la tasa de interés del 3,75% al 4,00%, imponiendo una suba del 0,25% frente a la crisis energética derivada del conflicto bélico que elevó el costo del combustible.
El presidente estadounidense Joe Biden exigió en su momento aportes a las grandes corporaciones para la defensa nacional, mientras que el candidato Donald Trump cuestionó las ganancias extraordinarias de las petroleras.
Por el contrario, el esquema del presidente Javier Milei habilitó el ingreso de capitales provenientes del narcotráfico y el crimen organizado sin exigencia de controles penales ni fiscales.
La gestión económica actual solicita un endeudamiento adicional por 34.000 millones de dólares para completar el mandato, sumándose a los casi 70.000 millones de dólares ya utilizados.
El programa económico repite la regla del Banco Central aplicada durante el gobierno de Fernando de la Rúa, gestión que derivó en la emisión de 14 monedas paralelas y un nivel de deuda del 167% respecto del Producto Bruto Interno.
Aquel esquema fue modificado durante la presidencia de Néstor Kirchner, logrando reducir la relación deuda e ingreso al 40% y alcanzando un Producto Bruto Interno de 620.000 millones de dólares con una distribución equitativa entre el capital y el trabajo.
El bloque opositor confirmó su voto en contra del proyecto de ley por considerar que institucionaliza la impunidad, el lavado de activos y la destrucción de la economía familiar argentina.
El senador José Mayans exigió declarar el 17 de septiembre como el nuevo día de los inocentes en sustitución del 28 de diciembre.
“Los inmorales nos han igualado”.
Fuente: Revolución Popular Noticias
