¡TODO ERA MENTIRA! Silvia Bronchalo y el BRUTAL GOLPE a su hijo Daniel Sancho
El engaño financiero y las contradicciones legales que rodean la condena de Daniel Sancho en Tailandia quedan finalmente al descubierto.
Una ola de declaraciones inéditas y datos oficiales desmonta la versión sostenida por el equipo de defensa y el entorno cercano del joven condenado a cadena perpetua por el asesinato premeditado y descuartizamiento de Edwin Arrieta.
Las afirmaciones que sostenían que el acusado recibía cifras desorbitadas durante su estancia en la cárcel de Surat Thani chocan frontalmente con las normativas penitenciarias de la nación asiática.
Fuentes del programa Fiesta e informes de Cierre Digital confirman que la regulación de las prisiones tailandesas impone un límite estricto en las cuentas de los reclusos.
El máximo dinero permitido que un preso puede manejar al mes equivale a 15,000 bahts, lo que se traduce en aproximadamente 390 euros, con un límite de gasto diario fijado en apenas 13 euros.
Existen incluso internos a los que solo se les permite disponer de 500 bahts diarios, manteniendo los mismos 13 euros de consumo.
Pese a estas restricciones legales, se difundió de forma pública que Silvia Bronchalo transfería 400 euros semanales o quincenales, mientras que Rodolfo Sancho desembolsaba hasta 10,000 euros mensuales.
Amigos del condenado aseguraron además haber viajado al país asiático transportando entre 2,000 y 3,000 euros en efectivo.
La discrepancia entre los supuestos envíos multitudinarios y la estricta norma penitenciaria plantea la incógnita sobre el destino real de esos miles de euros.
La prisión no funciona como una entidad bancaria, por lo que cualquier exceso de capital debe permanecer en cuentas externas.
A este flujo de dinero se suma una asignación oficial otorgada directamente por el Estado español.
El cuerpo diplomático de España en Bangkok certifica que cada recluso de nacionalidad española en el extranjero, incluido Daniel Sancho, percibe una ayuda estatal fija de 120 euros mensuales.
Con esta aportación pública, la cifra real que el detenido puede ingresar mensualmente alcanza únicamente los 260 euros adicionales hasta rozar el tope permitido.
El destino del dinero se vuelve aún más incierto al revisar las minutas de la representación legal.
En una reciente entrevista concedida al programa de Sonsoles Ónega, Rodolfo Sancho admitió que los abogados madrileños Marcos García Montes y Carmen Balfagón no han cobrado dinero por sus servicios.
Los juristas españoles no han percibido honorarios por asumir la estrategia del caso.
En Tailandia, la representación legal del acusado durante el proceso judicial estuvo a cargo de un letrado de oficio designado por el propio sistema judicial local.
El único desembolso cuantioso justificado por el padre del procesado corresponde a la traducción de los expedientes judiciales.
Rodolfo Sancho sostuvo que la traducción de cada hoja del español al inglés o al tailandés alcanzó un precio de 25 euros.
Al constar la causa de entre 4,000 y 5,000 folios, el coste acumulado en meros trámites de traducción roza los 300,000 euros.
La versión del entorno paterno sugiere que las apariciones televisivas y la venta de una serie documental de cuatro episodios sirvieron para sufragar semejantes gastos.
Sin embargo, la madre del condenado ha roto el silencio para cargar duramente contra la estrategia mediática y legal que rodea a su hijo.
A través de mensajes leídos por el periodista Juan Luis Galiacho, Silvia Bronchalo arremetió contra Carmen Balfagón y el resto del equipo jurídico.
“Solo informarle que la señora Balfagón, que fue cuando estuvo aquí en el programa, lo que le preocupa no es mi relación con Daniel, lo que le preocupa es que ya no mando al conductor una vez por semana con dinero y comida a esa prisión, etcétera, para Daniel. Ni más transferencias, ni más viajes. ¿De eso no hablan, verdad?”, sentenció Silvia Bronchalo.
La madre recriminó la actitud de la defensa por aislar al recluso en el centro penitenciario.
“En vez de agradecer que alguien mande dinero, comida, que vayan a verle, prefieren aislarle más y que solo se relacione con presos y con ellos, porque nadie más ha ido a verle desde la lectura de la sentencia. Nadie. No sé si sabrán ubicar dónde se encuentra la prisión de Suratani en el mapa”, añadió Silvia Bronchalo.
Estas palabras confirman que fue la propia Silvia Bronchalo quien tomó la decisión de cortar los envíos de dinero, las transferencias y las visitas a la cárcel.
La ruptura de la relación materna no procedió de un rechazo de Daniel Sancho, sino de la determinación de la madre al negarse a seguir financiando el esquema montado en torno a su hijo.
Anteriormente, en un procedimiento judicial por presuntos malos tratos iniciado entre los progenitores que acabó archivado, el acusado se ofreció a testificar a favor de Rodolfo Sancho.
Entretanto, Rodolfo Sancho suma más de dos años y un mes sin acudir a visitar a su hijo a la prisión tailandesa.
El escenario procesal del condenado es igualmente desfavorable respecto a las promesas vertidas por su defensa.
Carmen Balfagón y el equipo letrado sostienen públicamente que en el año 2027, tras cumplir cuatro años de reclusión en Tailandia, solicitarán el traslado del preso a España para que termine de cumplir la pena en Madrid hacia 2028.
Fuentes diplomáticas y análisis jurídicos expuestos por periodistas como Joaquín Campos desmienten tajantemente dicho calendario.
La sentencia emitida contra el acusado consta de 47 páginas oficiales que detallan la secuencia de la condena.
El tribunal determinó inicialmente la pena de muerte por el delito de asesinato premeditado.
Posteriormente, los jueces aplicaron una rebaja de un tercio de la pena por la colaboración y confesión del imputado, modificando el fallo final a cadena perpetua.
Una nueva normativa procesal que se tramita en el país asiático establece que las condenas por pena capital reducidas a perpetua conllevan un cumplimiento mínimo de 25 años de cárcel en suelo tailandés.
Aunque la defensa argumenta que las nuevas leyes no tienen carácter retroactivo, la jurisprudencia del país ratifica el criterio.
El caso de la sentencia 2754/2556 sienta el precedente de que, aunque la pena sea conmutada por perdones reales a 25 años, el origen del delito bajo pena de muerte obliga a cumplir dicha cifra íntegra.
Cualquier preso español condenado por delitos de extrema gravedad en Tailandia debe cumplir entre 20 y 25 años de prisión efectiva antes de optar a un convenio de traslado.
El caso del español Artur Segarra, recluso en el mismo país por un crimen de características similares, evidencia la realidad del sistema.
Artur Segarra acumula 12 años encarcelado en Tailandia sin opción alguna de ser repatriado a España en el corto plazo.
Los tribunales de apelación se preparan para ratificar la condena en las próximas semanas sin posibilidad de alterar los hechos probados.
Las grabaciones de las cámaras de seguridad que captaron al acusado comprando los instrumentos del crimen destruyen la estrategia de la defensa.
Daniel Sancho permanecerá recluido en la prisión de Surat Thani bajo las leyes de Tailandia, sin privilegios económicos y lejos de las promesas de un pronto retorno.
Fuente: Dareol Rewind
