¡PURGA EN OLIVOS Y GUERRA EN EL GABINETE! Despidos masivos de empleados con 20 años de servicio y durísimas acusaciones cruzadas en el Gobierno.
Purga silenciosa en la residencia presidencial y fuerte quiebre en la cúpula del poder por los giros del nuevo presupuesto público
El clima de hermetismo e incertidumbre escaló de manera drástica en la Quinta de Olivos tras concretarse el despido masivo de trabajadores del personal civil.
La medida se ejecutó al expulsar a 13 empleados de la residencia oficial.
Se trata de un hecho sin precedentes en la historia reciente del predio presidencial.
Entre los cesanteados se encuentran trabajadores de la planta permanente que acumulaban más de 20 años de trayectoria continuada en la sede.
Estos empleados prestaron servicios a lo largo de cinco gestiones presidenciales distintas.
Cumplieron funciones durante los mandatos de Néstor Kirchner, Cristina Fernández de Kirchner, Mauricio Macri, Alberto Fernández y el actual periodo encabezado por Javier Milei.
Las cesantías alcanzaron a múltiples áreas operativas.
Fueron removidos empleados administrativos, personal de servicio, mozos y jardineros.
La lista de despedidos incluye al intendente de la Quinta de Olivos, quien ejercía sus funciones hasta la jornada de su salida.
Dicho funcionario es cuñado de María Belén Agudiez, mano derecha de Karina Milei.
La justificación oficial presentada para llevar a cabo la desvinculación apunta a motivos de seguridad interna.
El argumento institucional se fundamenta en la necesidad de evitar filtraciones de información ante la proximidad de la visita de León 14.
Sectores del oficialismo justifican el blindaje bajo el pretexto de que ocurren hechos de manera continua en el predio.
No obstante, las autoridades no señalaron ningún incidente específico ni puntual para argumentar la decisión.
La resolución de intervenir en el personal fue tomada por Karina Milei a través de la Casa Militar.
La medida contó con la orden directa del presidente Javier Milei.
El objetivo central radica en obturar cualquier posibilidad de que trasciendan detalles sobre lo que sucede en la intimidad de la Quinta de Olivos.
La Casa Militar, organismo a cargo de la custodia, cuenta con altos mandos provenientes del Ejército.
Sin embargo, sus integrantes de menor rango son jóvenes voluntarios cuyas edades oscilan entre los 22 y los 28 años.
Entre este personal militar no hay cocineros, jardineros ni administrativos capacitados para suplir las tareas operativas.
Parte de este grupo pasó por la escuela de inteligencia o ingresó por recomendación directa debido a antecedentes familiares en las fuerzas de seguridad o la Casa Rosada.
Surgió además otra hipótesis vinculada con la intervención de un asesor de relevancia dentro del entorno de Javier Milei.
Este asesor, perteneciente a la organización Lubavitch y caracterizado por acompañar al mandatario con gorra en sus traslados, sugirió el desplazamiento total del personal tras alertar sobre supuestas filtraciones que ponían en riesgo la seguridad.
La salida de los trabajadores provocó situaciones de extrema tensión administrativa.
Los despedidos concurrieron a la Quinta de Olivos únicamente a retirar sus pertenencias personales.
Posteriormente fueron derivados a la oficina de Relaciones con el Personal de la Casa Rosada, ubicada en la Avenida de Mayo al 600.
Aquellos que pertenecían a la planta permanente serán reubicados en otras dependencias del Estado.
Los empleados bajo contratos temporales quedaron totalmente desvinculados.
Toda esta restructuración se enmarca en la política de reducción de personal promovida por Federico Sturzenegger, cuya meta alcanza los 70.000 despidos en el ámbito estatal.
El cerco sobre la Quinta de Olivos coincide con el surgimiento de sospechas vinculadas a licitaciones públicas del Ejecutivo.
En las últimas horas trascendieron contratos para la compra de carne cuyos volúmenes exceden ampliamente el consumo normal de la residencia.
Las partidas presupuestarias de dicha licitación estarían destinadas también a abastecer el comedor de la Casa Rosada.
Esa dependencia gastronómica atiende diariamente a más de 1.000 personas entre empleados, funcionarios y visitantes.
A esto se suma la contratación del servicio de jardinería previamente denunciada por Marcela Pagano, proceso en el cual estaba involucrado el propio cuñado de María Belén Agudiez.
Paralelamente a la crisis en la residencia presidencial, la interna dentro del Gabinete Nacional escaló tras la presentación del nuevo proyecto de presupuesto.
La ministra Patricia Bullrich expresó públicamente su malestar contra la Casa Rosada al declarar que no fue notificada sobre las modificaciones aplicadas al presupuesto del área de discapacidad.
La controversia sacó a la luz profundas diferencias internas por el manejo de las partidas financieras.
El control general de los fondos responde a la gestión de Luis Toto Caputo.
No obstante, la estructura del área de Salud opera bajo la órbita de Santiago Caputo, padrino político del ministro Mario Lugones.
El envío de un presupuesto con recortes en discapacidad al Congreso Nacional generó inmediato rechazo entre los legisladores.
La medida ingresó a la Cámara de Diputados mientras se debatía un proyecto para incrementar el financiamiento del sector.
Diversos sectores parlamentarios interpretaron la maniobra como una provocación dirigida de manera indirecta hacia Martín Menem.
Pese a los cuestionamientos, desde el círculo íntimo de Karina Milei respaldaron la postura de Patricia Bullrich.
En el entorno de la funcionaria consideraron atendible el reclamo sobre la falla de comunicación interna.
No obstante, dentro del Ejecutivo no descartan que el recorte presupuestario sea utilizado como una moneda de cambio en las negociaciones políticas con los gobernadores provinciales.
La tensión con las provincias quedó expuesta tras una reunión entre el dirigente Diego Santilli y los gobernadores Gustavo Sáenz, Raúl Jalil, Osvaldo Jaldo y Gustavo Valdés.
El mandatario de Salta, Gustavo Sáenz, manifestó abiertamente su enfado por la falta de respuestas de la Casa Rosada hacia las provincias que acompañaron las iniciativas del Ejecutivo.
“La paciencia se va acabando y se va agotando cuando vemos esta hipocresía y esta falta de consideración y de reciprocidad para con los gobernadores que acompañamos, que ayudamos y que entendemos que nosotros también tenemos las mismas necesidades y los mismos problemas”, declaró Gustavo Sáenz.
El gobernador criticó además la retención de los créditos otorgados por organismos multinacionales.
Según remarcó, la Nación conserva esos fondos internacionales para engrosar el superávit fiscal en lugar de transferirlos a los fines específicos de las provincias.
“No estamos pidiendo nada, los créditos se pagan”, enfatizó Gustavo Sáenz.
El mandatario provincial dio por agotada la posibilidad de nuevos entendimientos con el gobierno central.
“Un gesto del gobierno y no lo hay”, recriminó el salteño.
“Nunca lo hay, yo ya lo viví en dos oportunidades y tres veces no”, sentenció Gustavo Sáenz.
“La tercera es la vencida”, concluyó el gobernador para dar por cerrada la vía de diálogo.
Fuente: Diario K
