Senadora de Tierra del Fuego acaba de hacer una gravísima denuncia: “Militares de EE.UU”
Un oscuro plan entrega tierras australes a potencias extranjeras mientras miles de familias quedan en la calle.
Un escenario de máxima tensión geopolítica y conflicto social acaba de estallar formalmente en el Senado de la Nación Argentina.
La denuncia expone la ejecución de medidas que afectan de forma directa a la provincia de Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur.
El presidente Javier Milei cumplió más de 1000 días al frente del Poder Ejecutivo Nacional, alcanzando exactamente 1008 días de gestión marcados por decisiones traumáticas.
El 10 de diciembre, al momento de asumir el mando el presidente Javier Milei, el gobierno nacional paralizó por completo la construcción de la Base Naval Integrada de Ushuaia y frenó todas las obras públicas del país.
El 4 de abril, el presidente Javier Milei viajó a la ciudad de Ushuaia acompañado por la entonces comandante del Comando Sur de los Estados Unidos, Laura Richardson.
El recorrido oficial por el territorio extremo de la nación y punto estratégico de proyección hacia la Antártida se realizó de noche y sin la participación ni presencia del pueblo fueguino.
Un mes después de aquella visita militar, el gobierno nacional promulgó los decretos 333 y 334 para eliminar los aranceles que protegían a la industria de Tierra del Fuego.
La quita de aranceles provocó olas de despidos, suspensiones masivas y el cierre definitivo de plantas fabriles en toda la provincia.
La industria fueguina sufrió la pérdida de 4440 puestos de trabajo, pasando de 11282 trabajadores registrados a tan solo 6842 empleados.
El 20 de octubre y el 15 de noviembre, con la autorización expresa del gobierno nacional, desembarcaron tropas militares de los Estados Unidos para ejecutar ejercicios y prácticas conjuntas en la ciudad de Ushuaia.
Esta maniobra militar se repite en la actualidad con la presencia de efectivos de la Infantería de Marina de los Estados Unidos.
El ingreso de tropas extranjeras se ejecuta violando la Constitución Nacional al carecer de la autorización del Congreso de la Nación, tal como lo exige el artículo 75, inciso 28.
En el mes de enero, durante la noche y mientras la población dormía, el gobierno nacional intervino el puerto de Ushuaia.
La intervención del puerto dejó en la calle a 140 trabajadores y retiró de la provincia la suma de 22000 millones de pesos pertenecientes a las arcas de Tierra del Fuego.
Durante ese mismo mes de enero, senadores y diputados de los Estados Unidos ingresaron con autorización oficial para inspeccionar instalaciones y lugares estratégicos de Ushuaia.
Al mismo tiempo, a los senadores nacionales argentinos se les prohibió el ingreso a la Base Naval Integrada y al puerto de Ushuaia, obligándolos a observar el territorio nacional desde el exterior de un alambrado.
A esta serie de hechos se suma la firma de los decretos 764 y 765, mediante los cuales el presidente Javier Milei autoriza la subasta pública de tierras de la Armada Argentina en Ushuaia.
La medida entrega al mejor postor un total de 38 hectáreas pertenecientes a la base naval y 9 hectáreas ubicadas frente a las aguas del Canal Beagle.
En paralelo a la venta del territorio soberano, 30429 fueguinos cayeron en situación de morosidad financiera extrema.
La provincia de Tierra del Fuego registra la tasa de mora crediticia más alta de toda la Argentina, acumulando una deuda promedio de casi 5 millones de pesos por persona, donde el 38,6% de los endeudados son jóvenes.
El período de 1008 días de gestión del presidente Javier Milei acumula el desfinanciamiento sistemático de las universidades públicas y de las partidas para personas con discapacidad.
El esquema económico provocó el cierre de pequeñas y medianas empresas, la quita masiva de subsidios al gas, al transporte y a la energía, y obligó a los jubilados a elegir diariamente entre alimentarse o comprar sus medicamentos.
Tras mantener congelada la obra pública bajo el argumento de la falta de recursos, el gobierno nacional resolvió repentinamente reactivar el financiamiento de la Base Naval Integrada de Ushuaia.
El financiamiento de la base estratégica del Atlántico Sur y canal de acceso a la Antártida fue aceptado bajo la exigencia irrenunciable de que la instalación sea totalmente argentina y responda exclusivamente a los intereses de la defensa nacional, sin convertirse en un enclave para los intereses militares de potencias extranjeras.
La provincia de Tierra del Fuego exige el cese de las dádivas, la protección de su industria local, el respeto a sus trabajadores y la defensa irrestricta de la soberanía sobre las Islas Malvinas.
Fuente: Revolución Popular Noticias
